Sólo cuatro ayuntamientos aportan el recurso a la UAEM.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, hizo un llamado a los alcaldes a cumplir con la aportación correspondiente a la recaudación del Impuesto Pro-Universidad, a fin de ayudar a resolver el rezago financiero que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
De acuerdo con la diputada, sólo cuatro ayuntamientos entregan dicho apoyo a la Máxima Casa de Estudios, mientras que todos cobran el cinco por ciento del citado impuesto, que está normado en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 
Figueroa Evaristo refirió que tras una reunión que tuvieron con el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, les confirmó que son pocos los gobiernos municipales que apoyan a la institución educativa, pese a la crisis financiera que enfrenta. 
La legisladora morenista admitió que no se trata de una obligación legal de los ayuntamientos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en ese sentido, al considerar que se invade la autonomía municipal.
Sin embargo, insistió en que si los gobiernos municipales perciben dicho ingreso por el Impuesto Pro-Universidad, las autoridades podrían destinar parte de ese recurso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
"Darle a la universidad el mayor beneficio, pero también sin descuidar a nuestros municipios. Es muy importante conocer la realidad de la universidad, expresarla, para que podamos encontrar un punto medio y que los municipios no se vean afectados con esta recaudación, ni tampoco a los ciudadanos, que esa recaudación se entregue como debe de ser", apuntó. 
La coordinadora de la bancada de Morena adelantó que buscarán reunirse en los próximos días con los 36 alcaldes para plantear el tema. 

 

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El programa y la denominación no desaparecerán, pero para desarrollar proyectos deberán buscar apoyos ante los gobiernos estatal y federal.

Tlayacapan.- A pesar de que, por decreto presidencial, el recurso económico destinado a los pueblos mágicos fue desaparecido, Simón Olivares Velasco, presidente del Comité de Pueblos Mágicos de este municipio, señaló que el programa y la denominación de Pueblos Mágicos no desaparecerá, pero sí el recurso económico al que se tenía derecho. Por lo que ahora, para obtener recursos para proyectos, deberán buscar apoyos estatales y en algunas ocasiones federales.

Ante esto, lamentó que por decisión del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el recurso económico que era destinado para el fomento y la difusión de la cultura y atractivos turísticos del municipio haya sido eliminado por completo y únicamente quedara el nombramiento de Pueblo Mágico.

“El programa no desaparece; lo que desaparece es una ventanilla del sector federal que se llamaba ‘Poder Mágico’, que era donde se ingresaban los proyectos ejecutivos del comité y de los ayuntamientos para poder financiar o bajar recursos para los mismos”, explicó.

Añadió que al momento no hay lugar, ventanilla u oficina a la que se pueda acudir para tratar asuntos relacionados con los Pueblos Mágicos ni para gestionar recursos económicos, por lo que de momento, las actividades de este programa continúan prestándose a pesar de que hay nulo apoyo de las autoridades competentes.

En este sentido, señaló que de manera coordinada con el Ayuntamiento, que encabeza Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, se contaba con alrededor de siete proyectos que se pretendían ingresar a la ventanilla de “Poder Mágico”, pero con el cierre de la misma no podrán realizar.

“De algún modo, con esta decisión, a los comités nos atan de manos porque era del gobierno federal de donde se conseguían los recursos económicos para los proyectos en beneficio del Pueblo Mágico de Tlayacapan”, refirió.

Finalmente, Olivares Velasco señaló que a pesar de que se han cancelado los apoyos económicos, la alcaldesa realiza gestiones ante diversas instancias gubernamentales para ingresar algunos proyectos y con esto realizar obras que permitan contar con más y mejores atractivos turísticos en el municipio.

 

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Implementa estrategias para fomentar la cultura de la denuncia.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) llevó a cabo diversas acciones de prevención en los municipios de Emiliano Zapata, Ocuituco y Atlatlahucan, con la finalidad de atender las demandas ciudadanas.
A través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, dio seguimiento a los programas que se desarrollaron en semanas anteriores en beneficio de estudiantes y propuso la aplicación de otros para fomentar la cultura de la denuncia.
La titular del área, Anabel Banda Ruiz, se reunió con el jefe de la comandancia de Emiliano Zapata, comandante Luis Alberto Sánchez Santiago, y con su homóloga de esta demarcación, Rosalinda Campos Martínez, con el objetivo de establecer acciones coordinadas para la atención y seguimiento de los 130 Comités de Vigilancia Vecinal.
Posteriormente, junto con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Contra-almirante José Manuel Rodríguez Morales, sostuvo un encuentro con autoridades municipales de Ocuituco para coordinar, asesorar e implementar estrategias de integración de los diversos sectores sociales a las acciones de prevención del delito.
Finalmente, derivado de la coordinación interinstitucional entre la CES y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los elementos de la Unidad Cibernética llevaron pláticas sobre el uso responsables de las redes sociales a la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan, para alertar a los estudiantes de los delitos más comunes con el uso de las plataformas digitales y fomentar la cultura de la denuncia.

 

 

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Recrearán la reunión en la que se decidió hacer el trámite.

Jojutla.- Con una ceremonia, recreación del momento en el que ciudadanos decidieron crear un territorio independiente, jornada de limpieza y verbena popular, el Ayuntamiento de este lugar celebrará 172 años de vida municipal, este 29 de marzo.

En conferencia de prensa, autoridades dieron a conocer que se hará un acto cívico dentro de la Escuela “Juan Jacobo Rousseau”, a las dos de la tarde; después será la representación de lo que fue la reunión que se llevó a cabo por los padres de la municipalidad, como Ricardo Sánchez, el 29 de junio de 1846, en lo que ahora es la casa que está en la esquina de las calles Ricardo Sánchez e Himno Nacional.

“Ahí redactaron el documento que posteriormente llevaron a Toluca (Estado de México) a hacer la petición para que Jojutla fuera municipio, lo cual se concedió mediante decreto, el 29 de marzo de 1847, 22 años antes de que Morelos se convirtiera en estado, hecho que ocurrió el 17 de abril de 1869”, señaló Yazmín Pastrana Sánchez, directora de Cultura.

“El mismo día –prosiguió– invitamos a la ciudadanía a limpiar los principales accesos de Jojutla. A partir de las cinco de la tarde vamos a salir de diferentes puntos de las entradas de Jojutla, todo el personal del Ayuntamiento con la ciudadanía, para barrer y limpiar los accesos principales. Vamos a terminar a las ocho de la noche en el zócalo, con una verbena popular, partiremos pastel y habrá chinelos”, detalló.

La funcionaria apuntó que realizarán la representación porque es más didáctico para los niños.

Exhortó a la población a sumarse a la jornada de limpieza intensiva, pues “el éxito de que el municipio resurja va de la mano de los ciudadanos”.

Finalmente, Pastrana Sánchez señaló que la casa donde ocurrió el hecho histórico no fue afectada por el sismo y en su fachada luce una placa que recuerda el hecho.

 

 

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Diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en dicha cuenca y barrancas aledañas.

Denuncian ciudadanos que diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en el río Apatlaco y barrancas aledañas. Los ediles podrían ser sancionados hasta con multas por no acatar el fallo de un juzgado de distrito.

Dicho cauce es de los más importantes del estado y actualmente recibe miles de descargas de aguas negras irregulares de casas habitación y hasta de algún rastro. En algunos tramos, la gente arroja basura, como colchones, llantas, cascajo y animales muertos.

Así lo expusieron este martes -en conferencia de prensa- miembros de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y ambientalistas, quienes alertaron sobre dicho problema y advirtieron del alcance de la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca.

Lamentaron que los diez municipios por los que pasa el afluente, y que son objeto de la demanda, no hayan actuado de inmediato en acato de la resolución.

Se trata de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Zacatepec, Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Jojutla y Tlaltizapán, a quienes se les ordenó ejecutar medidas cautelares.

Cabe recordar que en virtud de que los organismos operadores de agua de la decena de municipios no respondieron en el proceso judicial, el citado juzgado federal estableció las siguientes medidas: identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises no tratadas que desembocan en el río Apatlaco o sus afluentes; además de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje.

El juzgado dio un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para identificar las descargas que desemboquen en el río Apatlaco, elaborando planos que deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional. 
Se da un plazo de 30 días más para clausurar las descargas y proporcionar el drenaje o alcantarillado a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas.
En caso de no cumplir con estos plazos, los presidentes municipales y los titulares de los sistemas operadores de agua deberán cubrir una multa de 30 mil unidades de medida y actualización por cada día que transcurra y no hayan cumplido con las acciones en el tiempo ya referido.
Los ambientalistas señalaron que el tiempo corre y, a la fecha, los gobiernos municipales no han dado cuenta de cumplir con la orden judicial.

Como se dio a conocer oportunamente, un grupo de ciudadanos, con la asesoría jurídica de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos, FACEM. A.C., a través de la firma legal Mexican Consulting & Development S.C., presentaron el 2 de mayo de 2016 una “Acción Colectiva difusa” ante juzgados federales, la cual quedó radicada con el número 17/2016 en el juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, contra las autoridades locales directamente responsables, con el propósito de frenar la contaminación, resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean.

En dicha conferencia, explicaron que su objetivo con este proceso judicial es, entre otros, que se declare el grado de responsabilidad que tienen las personas morales y los organismos operadores de agua y saneamiento demandados en la contaminación del río Apatlaco.
También buscan que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas que lo rodean a causa de las personas morales y autoridades demandadas, y que éstas reparen el daño causado, implementando las acciones necesarias para ello.

 

 

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Esa organización logró que se aplicara en ocho municipios en el sexenio anterior.

Integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) informaron que solicitarán la ampliación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para los 36 municipios del estado.
José Martínez Cruz, presidente del organismo, refirió que el pasado 21 de marzo se reunieron con la titular de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, a fin de analizar la situación que atraviesa el estado en materia de violencia de género y tomar acuerdos sobre el trabajo que se va a desarrollar durante los próximos seis años para atender la problemática que, dijo, se vive en todo el país.
Refirió que a raíz del análisis que se ha hecho de la situación que atraviesan los ochos municipios donde se emitió la AVG, la CIDH determinó solicitar a la Secretaría de Gobierno que esa alerta se extienda a toda la entidad.
"No hay municipio alguno donde no haya un caso al menos de violencia feminicida, por eso decimos que sí es necesario. Aunque la violencia esté en todos los municipio si no hay alerta cómo se les evalúa, si no hay presupuesto, si no hay personal", señaló Martínez Cruz.
El presidente de la CIDH dijo que con la Conavim se acordó actualizar los reglamentos de operación, los indicadores de cumplimiento, de tal forma que se garantice un impacto real en el combate a la violencia feminicida.
De igual forma, refirió que solicitará al gobierno estatal se concrete una reunión con los alcaldes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla, que a la fecha no han prestado interés en el problema. 

 

 

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Esta fecha es histórica y se convierte en un gran paso para alcanzar el restablecimiento de la paz social de nuestro estado: Cuauhtémoc Blanco.
Hasta el momento el acuerdo lo han firmado 33 de los 36 municipios de la entidad.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo firmó y entregó el convenio de Mando Coordinado de la Policía Estatal Morelos a presidentes y representantes municipales, a quienes reconoció la voluntad mostrada para alcanzar este acuerdo que fortalecerá las acciones de seguridad implementadas en la entidad.
“Esta fecha es histórica y se convierte en un gran paso para alcanzar el restablecimiento de la paz social de nuestro estado; es también un gran avance de lo que podemos lograr sumando esfuerzos”, aseguró el mandatario estatal durante el evento realizado en la Plaza de Armas de Cuernavaca.
Precisó que el convenio del Mando Coordinado no busca centralizar o monopolizar el trabajo de los cuerpos policiacos, sino trabajar de manera coordinada con los municipios y sus autoridades, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Blanco Bravo confió en que con este esfuerzo, en el que participan fuerzas estatales, federales y municipales, muy pronto Morelos volverá a recuperar el clima de tranquilidad con el que contaba hace décadas y el cual lo convertía en un territorio confiable para el desarrollo turístico y empresarial.
Invitó a todos los actores sociales, culturales y políticos del estado a sumar esfuerzos para hacer frente a quienes han atentado contra la paz social. “Si la delincuencia opera organizada para lastimar, el resto de la población y sus autoridades actuaremos de igual manera para contrarrestar su impunidad”, afirmó.
Asimismo, Cuauhtémoc Blanco destacó el esfuerzo que día con día desempeñan los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Publica (CES), a quienes mostró todo su respaldo.

En su intervención, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, indicó que la firma del Convenio de Mando Coordinado establecerá las bases para conseguir los resultados en materia de pacificación que Morelos necesita.
Aseveró que esta sinergia entre Estado y municipios dará como resultado una fuerza policial a la vanguardia y con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones y dar una respuesta contundente al fenómeno delictivo.
Por su parte, el presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, en representación de los alcaldes firmantes, manifestó que seguirán trabajando para sumarse a la coordinación de las acciones diseñadas para resolver la situación de seguridad pública que enfrenta el estado.
Detalló que, si bien a ellos les toca administrar de manera eficiente los recursos de diferentes fondos de Seguridad Publica que se otorgan a los ayuntamientos, es necesario sumarse a las labores que el Ejecutivo estatal, por conducto de la CES, incorpore para lograr el objetivo planteado.
Hasta el momento, el convenio de Mando Coordinado de la Policía Morelos está firmado por los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec,  Jiutepec, Jojutla, Mazatepec y Miacatlán.
También Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.
Además, los representantes de los municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan firmaron el acuerdo de conformidad e interés de sumarse al Mando Coordinado, una vez que las condiciones lo permitan.
El gobernador estuvo acompañado por el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24a Zona Militar; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López; así como por integrantes de su gabinete.
Al término del evento, autoridades estatales y federales dieron el banderazo de salida a una flotilla de nuevas unidades, las cuales reforzarán las labores de patrullaje en diferentes puntos del estado.

 

 

 

 

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Diputada panista pide acciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones por parte de las alcaldías involucradas.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval se pronunció porque los ocho municipios donde se emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG) presenten ante el Congreso del estado un informe de las acciones que han llevado a cabo para cumplir con las recomendaciones que permitan inhibir los feminicidios.
De acuerdo con la legisladora local, sólo los municipios de Puente de Ixtla y Xochitepec han tenido avances, respecto a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) en contra de la comisión, mientras que los seis restantes han registrado incluso un aumento en la violencia, principalmente como es en Cuernavaca.
"Al evaluar las ocho recomendaciones se desprende que en Xochitepec y Puente de Ixtla presentan el mayor avance. Xochitepec con dos cumplidas y cinco en proceso de cumplimiento y Puente de Ixtla con siete en proceso de cumplimiento. Seguidos de Yautepec con una cumplida y cinco en proceso de cumplimiento; y Cuernavaca con cinco en proceso de cumplimiento. Mientras que Temixco fue quien presentó el mayor retraso al sólo tener tres recomendaciones en proceso de cumplimiento", explicó la legisladora de acuerdo con datos del 2018 emitidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM). 
Sin embargo, dijo que en el tercer trimestre del año es necesario evaluar el trabajo de los ocho municipios, a fin de que cumplan con sus obligaciones para inhibir la violencia en contra de la mujer. 
"Tenemos que exigir el cumplimiento de estas recomendaciones, pues se necesitan para alcanzar una mejor realidad para todos; no debe ser cotidiano el despedirse de un ser querido, el compartir una foto de alguien que está siendo buscada en redes sociales y ver como las autoridades criminalizan a las víctimas", declaró la diputada, quien presentaría un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales a presentar el citado informe durante la sesión ordinaria que fue convocada para la tarde de ayer, sin embargo, fue suspendida por los diputados. 

 

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Aplicarán los mismos conceptos tributarios del año pasado.

Al menos cinco municipios del estado aplicarán los mismos conceptos tributarios del 2018 en lo que resta del año, ya que no entregaron sus iniciativas de Ley de Ingresos y a causa de que pretendían imponer aumentos en derechos e impuestos municipales. 
El Congreso del estado deberá aprobar, a más tardar este jueves, las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo que marca la Constitución Política del Estado. 
En tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública ya dictaminó la mayoría de las leyes de ingresos, con excepción de los municipios que no presentaron sus propuestas, como fue el caso de Tetela del Volcán, Tepoztlán, Jonacatepec, Tlalnepantla y Totolapan. 
Además, la propuesta del Ayuntamiento de Ayala también está en revisión, ya que no atendió a las observaciones del Congreso del estado para modificar las tarifas altas que pretendía cobrar en derechos, impuestos y servicios municipales. 
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Hacienda es evitar aumentos desproporcionados en las leyes de ingresos, como se pretendía en la mayoría de los ayuntamientos. 
En cuanto a las leyes de ingresos de los municipios de origen indígena, la Comisión de Hacienda aún se encuentra en la revisión de las observaciones que realizó el Ejecutivo a los marcos normativos que aprobó el Congreso desde el 15 de diciembre del año pasado. 

 

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Con la disposición, la Secretaría de Hacienda realizó ajustes a la distribución de participaciones que corresponden a los municipios.

La Secretaría de Hacienda publicó este lunes un decreto por el cual se estableció una vía para que los nuevos municipios indígenas puedan acceder a los recursos federales y estatales pese a no disponer en lo inmediato de uno de los requisitos que integra la fórmula de distribución: el número oficial de población.

De acuerdo con el documento, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, “para efectos de la distribución de recursos federales o estatales que por concepto de participaciones que les corresponde recibir a los Municipios del Estado de Morelos, cuando no se cuente con los valores que precisan las fórmulas de distribución que se establecen en esta Ley (de Coordinación Hacendaria), como es el caso de municipios de nueva creación, se tomará como único factor, el de la población, el cual se obtendrá a través de fórmula que en adelante se indica”.

“Se consideran los datos de población consignados en los Decretos de creación que emita el Congreso del Estado de Morelos, así como el 100% de la población del municipio de origen”.

Con este decreto, los tres nuevos municipios podrán acceder a los recursos y por lo tanto la Secretaría de Hacienda hizo algunos ajustes a la distribución de participaciones. 

 

 

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