Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

 

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El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

 

Integran nueva asociación de jubilados 

 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

 

 

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Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

 

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La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

 

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Jueves, 13 Septiembre 2018 05:28

El Congreso, sin dinero para pagar su nómina

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

 

 

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En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

 

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Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

 

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Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.

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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

 

 

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Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

 

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