Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

Al concluir el sexenio de Marco Adame Castillo, los panistas se quedaron con las ganas de vender concesiones de taxis que les permitiera recabar dinero para gastarlo en las elecciones.  Uno de los que estuvieron en esa frustrada operación como director del Transporte fue el pastor cristiano David Gómez Basilio, quien tuvo contacto con el entonces candidato del PRD al gobierno de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.

El ministro de culto lo convenció de que le volvieran a dar el control del transporte en el nuevo gobierno y él se encargaría de convencer a los líderes para que aceptaran una nueva repartición de concesiones.

Esa operación tendría dos objetivos: ingresos a razón de 25 mil pesos por concesión, y votos para el Partido de la Revolución Democrática en los comicios de junio del 2015.

Adicionalmente, consiguió que los líderes que se verían beneficiados en lugar de aportar dinero en efectivo lo hicieran en especie, entregando en donación a la Secretaría del Transporte vehículos (Jettas para ser más exactos) que serían utilizados como patrullas de supervisión.

A cambio de ello, “el cordero de Dios” sólo pedía que le fuera concedida una magistratura que le permitiera vivir cómodamente el resto de sus días.

El trato se cumplió y (a pesar de estar impedido legalmente por ser ministro de culto) David Gómez Basilio se hizo cargo de la nueva Secretaría de Movilidad y Transporte, desde donde servilmente se prestó a todas las marrullerías que le encargaba su patrón Graco Ramírez, traicionando incluso a personas que lo ayudaron cuando era un simple catedrático de la Facultad de Derecho.

Así, el primero de enero del 2013, (un día inhábil en el que a nadie se le ocurre revisar el periódico oficial Tierra y Libertad) se publicó el acuerdo mediante el cual se anuncia de manera unilateral que se van a “regularizar” taxis que ya vienen prestando el servicio desde antes.

Para los conocedores del Derecho, el  “acuerdo” es un verdadero mamotreto que no tiene pies ni cabeza, ilegal a todas luces.

Perdida entre otras disposiciones legales, aparece el texto (que no es un decreto) en el que se menciona que “no obstante las acciones implementadas y que resultan efectivas para cerrar filas en contra de la delincuencia, existen vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo en la referida zona metropolitana del Estado, comprendida por los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, respectivamente; que tiempo atrás han venido prestando el servicio público de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente; no obstante eso, su labor y su existencia son del conocimiento público, puesto a que representan el sustento de muchas familias y satisfacen la necesidad de transporte de la población”.

Y termina diciendo que “con base en los antecedentes que preceden, resulta por demás necesario emitir el presente Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda de manera inmediata atendiendo a los estudios de factibilidad respectivos, a los censos y a la necesidad misma de los grupos más vulnerables de nuestro Estado, a regularizar en términos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, al transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, del Estado de Morelos; debiendo de asumir los directamente beneficiados, el compromiso de prestar el servicio público de pasajeros, bajo los lineamientos que al efecto establece la referida Ley de la materia”.

Como se puede observar, menciona a taxis y rutas pero nunca dice cuántas concesiones se van a otorgar. Tampoco dice los requisitos específicos para obtener dichas concesiones, y jamás menciona a la Comisión Estatal del Transporte, que se supone es un órgano colegiado que se encarga de analizar las necesidades en este rubro.

Y es que de lo único que se trataba, era de dar el pretexto legal para la expedición de concesiones sin más requisito que el depósito de 25 mil pesos con recibo.

Todo iba bien. Incluso ya los sempiternos líderes del transporte habían aceptado que se regularizaran los taxis “piratas” de Víctor Manuel Mata Alarcón que tanto han criticado, a cambio de algunas docenas de concesiones para sus organizaciones.

También, el pastor cristiano David Gómez Basilio dio por terminado su trabajo y se le asignó un puesto bien remunerado y fuera de todo escenario como asesor del gobernador mientras se desocupaba su magistratura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde ya tenía el nombramiento como suplente pero un amparo promovido por el titular, Orlando Aguilar Lozano le impidió asumir el cargo.

En su lugar llegó Manuel Santiago Quijano, un miembro más de la “legión extranjera” que llegó con Graco Ramírez, arquitecto de profesión y ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal.

Quijano no supo darle continuidad al proyecto iniciado por el pastor cristiano. Los vehículos que donarían los líderes beneficiados con concesiones nunca llegaron y dinero en efectivo tampoco.

Para colmo, el proyecto político-electoral tampoco dio resultados, pues si bien el día de la elección cientos de taxis estuvieron prestos a llevar votantes a sufragar por el candidato del PRD-Gobierno a la presidencia municipal,  Jorge Messeguer, al conocerse los resultados se pudo llegar a la conclusión de que ni siquiera los beneficiados con concesiones votaron por él. 

Hoy el pastor David Gómez Basilio está desaparecido de la escena política, quizás siga predicando la palabra de Dios en uno o varios de los templos en los que aparece como representante legal.

 

HASTA MAÑANA

Cuando los dos grupos antagónicos que buscaban la Rectoría en 1994 -uno encabezado por el eterno candidato Alejandro Pacheco y el otro por Jorge Arturo García Rubí- no lograron ponerse de acuerdo, ambos bandos aceptaron que se nombrara un rector interino y eligieron al maestro en ciencias Gerardo Ávila García, en ese momento director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La idea de los “grillos” de la UAEM era dar tiempo para buscar amarres y negociaciones que les permitieran llegar al poder, y un científico en la Rectoría de manera interina era la salida perfecta. Con lo que no contaban era que Ávila García operaría durante esos seis meses como un maestro de la política de tal manera que cuando llegó la nueva elección ya tenía todo amarrado para quedarse por seis años más. El resultado de las votaciones al interior del Consejo Universitario: 84 votos para Gerardo Ávila, cero para Raúl Trujillo y cero para Oscar Puig.

La administración de Gerardo Ávila García abarcó el periodo 1995-2001, y de acuerdo a los informes de ese tiempo, promovió el levantamiento de un diagnóstico por regiones mediante el cual se identificaron las condiciones en las que se desarrollaban las funciones sustantivas de la UAEM y las expectativas de la sociedad en torno a la máxima casa de estudios morelense.

Ávila García también impulsó la reforma al programa de estudios de bachillerato escolarizado, se aprobó el modelo de educación abierta y a distancia, se restructuró el plan de estudios de bachillerato en la misma modalidad, se crearon las escuelas de Humanidades, Artes y Farmacia ofertando siete programas educativos a nivel licenciatura, se estructuró el programa de educación continua, se fortaleció el vínculo con la sociedad a través del servicio social comunitario y se fundó la estación de Radio Universidad.

Fue tan buena su gestión que fue requerido en el Ayuntamiento de Cuernavaca para ser secretario del mismo (durante el periodo de Manuel Martínez Garrigós, ya que con Rogelio Sánchez Gatica fue Alejandro Montalvo Pérez), y posteriormente reincorporado a la máxima casa de estudios ahora como secretario general en sustitución de Patricia Castillo y bajo las órdenes de Alejandro Vera Jiménez, titular de la Rectoría.

Tras el rompimiento entre el rector Alejandro Vera y el gobernador Graco Ramírez Garrido, al titular de la UAEM “lo trajeron frito” en los medios de comunicación con la versión de que en cualquier momento sería detenido por la Policía Federal, como consecuencia de lo que se conoció como “La Estafa Maestra”.

Grosso modo, la estafa maestra consistió en la contratación de varias universidades del país para que a su vez éstas se encargaran de contratar a otras empresas para proveer a la Secretaría de Desarrollo Social de productos y servicios.

Es algo que nadie entiende qué tenían que hacer instituciones dedicadas a la enseñanza de la educación superior, sirviendo como intermediarias para la compra de productos y contratación de servicios poco claros, pero según la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, no hubo nada ilegal.

Por su posición como cabeza de la UAEM, no se hacía tan descabellada la posibilidad de que le resultara responsabilidad a Alejandro Vera. Incluso, en una plática en Torre de Rectoría Vera Jiménez dijo estar preparado para pisar la cárcel. “Me dedicaré a escribir libros”, dijo entre divertido y preocupado.

Sin embargo, un boletín de la Fiscalía General de la República (antes PGR) dado a conocer el pasado lunes, informa que el agente del Ministerio Público Federal obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Ávila García, exsecretario de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“El ex servidor público es probable responsable en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y daño patrimonial a la Hacienda Pública por 22 millones 944 mil 101 pesos y 20 centavos”, refiere el comunicado.

Y es que Ávila García fue señalado de haber gastado de forma indebida, alrededor de 23 millones de pesos de recursos federales de un contrato de servicios para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualmente Secretaría de Bienestar, cuando fungía como secretario de la Rectoría.

La FGR acusó al ex catedrático debido a que aparentemente estaba impedido para subcontratar los servicios del contrato.

“El agente del Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Preventivo Norte, contra Ávila García, a quien le fue impuesta la medida cautelar consistente en presentación periódica cada 15 días para firmar”, dice el boletín. 

El ex funcionario público compareció ante Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se reservó su derecho a declarar. No obstante, el juez de la causa fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Hasta antes de ese boletín el tema de la investigación de la PGR por la “estafa maestra” era como “el petate del muerto” en los círculos universitarios, pero desde ayer hay nerviosismo en la máxima casa de estudios.

El motivo: que muchos catedráticos entregaron recibos de honorarios por supuestos servicios que nunca se realizaron, de ahí que no se descarte que en las próximas semanas haya más órdenes de comparecencia contra servidores públicos. 

Y sólo es cuestión de días para que comparezca ante un juez el que podría ser el verdadero responsable de las irregularidades, Wistano Luis Orozco García, ex director de administración de la UAEM y quien sabía perfectamente quiénes eran los funcionarios que tenían facultades para firmar contratos de licitación.

En tres meses, Gerardo Ávila García podría estar lamentándose el haber dejado su laboratorio para ir en pos de una rectoría, primero interina y después constitucional.

 

 

Martes, 26 Marzo 2019 05:19

La clave está en Puente de Ixtla

Los diputados de la anterior legislatura eran corruptos, pero no tontos. Contaron con expertos en ingeniería financiera para diseñar una estrategia que les permitiera allegarse de recursos suficientes para no tener que trabajar el resto de su vida, pero sin violar (casi) ninguna ley. Un ejemplo de ello es el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios, un Fideicomiso prácticamente escondido mediante el cual los diputados podían disponer desde 81 millones el primer año de su funcionamiento, hasta cerca de 150 millones de pesos poco antes de su “desaparición” en las últimas sesiones de la llamada “peor legislatura de la historia”.

Lunes, 25 Marzo 2019 03:24

El verdadero negocio de ser diputados

Era el miércoles 14 de julio de 2016, fecha programada para realizar la última sesión del primer periodo de la LIII Legislatura Local, y la misión estaba perfectamente definida: lograr la aprobación de dos créditos bancarios que sumados dan la cantidad de mil 865 millones de pesos; reformar la Ley del Instituto de Crédito a fin de que el gobernador tuviera el control de esa institución; hacer lo mismo con el Fondo Morelos, y aprobar la privatización del servicio de alumbrado público en todo el territorio morelense.

Viernes, 22 Marzo 2019 05:30

¿Inseguridad o descomposición social?

Caso 1.- Doña Leticia (los nombres fueron cambiados pero los hechos son reales) se extrañó de que su hija del mismo nombre no pasó esa tarde a decirle que ya había llegado de su trabajo como lo hacía todos los días, pues sus viviendas estaban a una cuadra de distancia. Pasaban las 10 de la noche cuando acudió a la casa donde su hija vivía con su esposo y su hijo Alejandro de 16 años.

Abrió la reja pues tenía llave que le había dado su hija por cualquier emergencia, pero en ese momento vio que alguien apagó la luz y escuchó el cerrojo de la casa. “Mejor vuelvo mañana, creo que estoy siendo inoportuna”, pensó.

No pudo conciliar el sueño, pues tenía un mal presentimiento. A las cinco de la mañana regresó y entonces sí entró hasta la casa. Mayúscula fue su sorpresa cuando vio que la cama de la recámara principal estaba tendida. 

Se percató de que la recámara de Alejandrito estaba asegurada por dentro, así que le tocó a la puerta.  El muchacho salió muy nervioso, temblando. “Abuela, mis papás no llegaron en toda la noche, yo creo que ya los mataron”. 

Tras una llamada a su teléfono celular, en cuestión de minutos llegó Eduardo, el otro hijo de doña Leticia. Ya con la claridad del día observó que había manchas de sangre en la casa pero habían sido lavadas.

Hasta ese momento lo único claro que tenían era la ausencia de Leticia y su esposo Javier, ambos contadores de profesión, así que doña Leticia y su nieto acudieron a la Fiscalía General de Justicia a denunciar la desaparición de la pareja.

El tío Eduardo se quedó en la casa y observó que había una hoja de cuaderno con lo que parecía ser una conversación, pues incluso estaba escrita con dos diferentes colores de tinta.

“Se va a bañar como en 20 minutos”, decía en color negro.

“Va, es que siento que va a estar cañón porque igual se mueve”, se leía en color rosa.

“Cuando se escuche en las escaleras la matas. Te preparas cuando se oiga la puerta”, contestaba.

El tío recordó que Alejandro no era hijo biológico de su hermana y su cuñado, sino que se los había regalado una sobrina de éste último, y que siempre había mostrado un comportamiento extraño.

Llegó a la Fiscalía y aprovechó un momento a solas con su sobrino para preguntarle con mucha seguridad “¿por qué lo hiciste?”

El adolescente primero lo negó, pero después comenzó a llorar y terminó por aceptar que había asesinado a sus padres adoptivos con la ayuda de su amigo Roberto, compañero del Colegio de Bachilleres donde ambos estudiaban.

Confesó que los mataron a cuchilladas, después los metieron en bolsas de basura y los llevaron a un terreno baldío en la colonia Cerritos de Ahuatepec a bordo de un coche que habían comprado esa misma noche con el dinero que le robaron al contador.

Y efectivamente, al mediodía de aquel 21 de febrero del 2019 se estaba llevando a cabo el levantamiento de dos cadáveres “embolsados” descubiertos por vecinos a unos pasos de la Base de la Ruta Siete, en Ahuatepec.

“Maldita inseguridad”, se escuchó entre los curiosos que observaban el levantamiento, sin saber que había sido su propio hijo adoptivo de las víctimas y un amigo, ambos adolescentes, los responsables de tan macabro crimen.

Caso 2.- En enero pasado Doña Martha llegó a visitar a su hija Karina a la casa que rentaba junto con su concubino, Raúl, en la colonia Otilio Montaño de Jiutepec. Quería ver a sus nietos, los hijos de Karina y Raúl, pero también a Nachito y Lázaro, de 4 y 5 años de edad, cuya madre era otra de sus hijas que lamentablemente cayó en las drogas y los dejó a cargo de su hermana y su cuñado.

¿Y dónde está Nachito? -preguntó la abuela-. Raúl y Karina intercambiaron miradas y guardaron silencio.

  • Pues no habíamos querido decírselo pero, fíjese que se lo robaron -contestó por fin el hombre.
  • ¿Cómo que se lo robaron? La otra vez que vine me dijiste que se lo había llevado tu mamá de vacaciones y ahora me sales con que se lo robaron. ¿Dónde está mi nieto?
  • Sí suegra, deveras que nos lo quitaron de las manos. Ibamos a Yautepec y ahí en Cañón de Lobos que se nos cierra una camioneta y que se bajan unos tipos armados y que se llevan al niño.

La versión de su yerno no convenció para nada a doña Martha, sobre todo porque no presentaron denuncia por el supuesto robo del infante, así que ella acudió al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su nieto.

Con la ayuda de una psicóloga fue interrogado el hermano mayor de Nachito. El niño de cinco años narró que sus tíos le pegaron a su hermanito y que le salió sangre por nariz, boca y oídos. Según el menor, al cuerpo de Nachito le prendieron fuego en el patio de la casa, pero los aludidos lo negaron, diciendo que todo era imaginación del niño.

Al carecer del cuerpo del delito la pareja no pudo ser procesada por homicidio, sino sólo por desaparición de persona. Aun así quedaron recluidos en el Penal de Atlacholoaya y el pasado 7 de febrero se les dictó el auto de vinculación a proceso.

El pasado martes unos vecinos de la pareja denunciaron a las autoridades que salía un olor fétido de un frigobar que estaba en el patio de una vivienda. El propietario de la casa explicó que hace unas semanas lo fue a ver Raúl, el esposo de Karina, y le pidió que le guardara ese refrigerador “porque nos vamos a cambiar de casa pero todavía no sabemos a dónde. Para no andarlo trayendo de aquí para allá ahí se lo encargo, luego vengo a recogerlo cuando ya tenga un lugar seguro”.

El casero no le vio problema pues su patio es grande. “Póngalo por ahí vecino”, le contestó, así que Raúl mismo cargó el frigobar herméticamente cerrado y lo colocó en donde no estorbara.

Al abrir el refrigerador las autoridades encontraron “seis bolsas en capas, conteniendo el cuerpo sin vida de un menor”. 

Las dos historias  -que parecieran salidas de un guion de una película de terror- ocurrieron aquí en Morelos, una en Cuernavaca y otra en Jiutepec, ambas en lo que va de este año. Es material para el análisis y la reflexión de psicólogos, psiquiatras y demás profesionistas para tratar de responder a la pregunta: ¿qué le está pasando a nuestra sociedad?

HASTA MAÑANA.

Hasta antes de que se celebrara el XXXIX Consejo de Seguridad Pública (9 de agosto en el bunker de Alberto Capella) se daba como un hecho la salida de Juan Salazar Núñez de la Fiscalía Anticorrupción tras una desastrosa actuación, en la que no quedó bien con nadie, pero sobre todo porque alcanza perfectamente la jubilación por años de trabajo.

Desde el pasado mes de septiembre de 2018, un grupo de 13 personas internas del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, confinados en el Dormitorio 13, sufren la falta de agua y padecen de enfermedades relacionas con la escasez del vital líquido.

Esta semana el Congreso del estado tendrá que elegir al hombre o mujer que habrá de presidir por los siguientes tres años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una institución que gozó de prestigio y calidad moral cuando estaba su fundador, don Carlos Celis Salazar, pero que con el paso del tiempo ha dado refugio a todo tipo de personajes que lo han usado como trampolín político.

La lista de aspirantes es muy larga y variada. Comienza con el actual presidente Jorge Arturo Olivarez (sí, con z) Brito, quien aspira legítimamente a continuar en el cargo por un segundo periodo. El doctor en Derecho llegó al cargo tras una serie de negociaciones con los partidos políticos representados en el Congreso hace tres años. En esa ocasión “se alinearon todos los astros a su favor”, pues tuvo el apoyo de su partido (no hay que olvidar que fue candidato a diputado local por el PRI hace mucho tiempo) y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso era Francisco Santillán, a la postre esposo de Maricela Velázquez, hija de la lideresa Maricela Sánchez. Una amistad de años con la diputada Silvia Irra y una “recomendación” de su pareja la magistrada y ex presidenta del TSJ, Nadia Lara Chávez, lo convirtió en candidato del PRD-Gobierno y de ahí a la presidencia.

No podría decirse que la gestión de Jorge Arturo fue “pro gobierno”. Las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos de los diferentes poderes así lo demuestran. Tampoco hubo escándalos notorios. Digamos que fue “institucional”.

Clara Elizabeth Soto Castor encabeza la lista de cinco mujeres que pretenden llegar a la presidencia del organismo. Al igual que hace tres años (y no sabemos por cuánto tiempo más) sus detractores le cargan en la espalda la pesada losa de ser cuñada de la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta y por lo tanto graquista. Incluso, un medio digital de ésos que surgen y desaparecen según conveniencia, aseguró que la tarde del viernes estaba Rodrigo Gayosso reunido con sus huestes para dirigir personalmente la sucesión en la CDH y en la Entidad Superior de Fiscalización.

Antonio Sorela Castillo es un joven abogado que ha destacado en los últimos años como impulsor de los derechos humanos. Es especialista en el tema, también con doctorado, capacitador en la Academia de Policía, ayuntamientos y en todas las instituciones del país donde lo invitan a dar conferencias.  Recientemente presentó la "Declaración Universal de Derechos Humanos versión Comentada y Traducida al Náhuatl" y ha sido merecedor de casi todos los reconocimientos de organizaciones de abogados estatales, nacionales e internacionales.

En los últimos meses del sexenio graquista fue invitado por el entonces secretario de gobierno Matías Quiroz, a hacerse cargo de la oficina de Atención a Derechos Humanos de la administración estatal, hasta que llegó Julio Colín y lo despidió.

Hay otros candidatos, tanto a la presidencia como a las consejerías de la CEDH, pero a juicio de quien esto escribe, son las tres personas antes mencionadas quienes tienen mayores posibilidades y cuentan con los méritos para ello.

Pero no se descarta una sorpresa. En este sexenio ocurren cosas inesperadas. Una prueba de ello es la llegada del ex presidente municipal de Tlaquiltenango a la dirección del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm).

Es de todos sabido que en el Congreso del Estado no hay un liderazgo claro, sino al contrario, las diputadas y los diputados se la pasan en grillas internas. Un día son más que amigos y al otro día se odian y buscan la manera de desquitarse.

Eso podría dar la oportunidad a personajes que hoy ni siquiera aparecen en las listas de los comentaristas políticos, o bien, que se opte por darle chance a Jorge Arturo Olivarez de que termine lo que ya inició.

Lo único seguro es que quien obtenga la preferencia de los legisladores tendrá una empresa difícil que cumplir. Hasta este momento no se han registrado violaciones graves a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas, pero a medida que avance el sexenio y exista mayor presión de la sociedad hacia sus policías, éstos puedan caer en la desesperación y aplicar la máxima de “el fin justifica los medios”.

Así ha ocurrido en otros gobiernos y hubo jefes policíacos procesados por ello. En el último sexenio, si no hay policías en la cárcel es porque Graco Ramírez protegió hasta el último momento a Alberto Capella y éste a sus elementos que irrumpieron violentamente en un domicilio en el municipio de Temixco y mataron a un bebé. 

La CEDH requiere de una persona respetable, bien preparada y con las agallas necesarias para enfrentarse a las autoridades en caso de que sea necesario. 

Pero también, se necesita que el Congreso le asigne un presupuesto digno para que sus visitadores puedan realizar bien su trabajo.

Y una sede permanente. La Comisión de Derechos Humanos ya merece tener un edificio propio, no puede andar como judío errante pagando una renta (que casi siempre ha significado un negocio para el presidente en turno). 

Es innegable que la primera dificultad con la que se encuentra una persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, es ubicar el domicilio de la institución garante.  Se ha gastado mucho más en otras cosas, que no se tenga para construirle un edificio a la CEDH.

Contrataron un “seguro de responsabilidad civil” para 16 de sus funcionarios con recursos del erario

La contratación coincide con la “desaparición” de recursos asignados a uniformes escolares gratuitos.

Una empleada de Manuel Agüero Tovar recibió casi 17 millones de pesos para el pago de las costureras que elaborarían los uniformes

Otra persona física recibió cinco millones de pesos para distribuir las prendas, pero no ha comprobado el cumplimiento del contrato

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