Concesionarios de Cuautla se manifiestan en contra de los operativos contra el pirataje.

Cuautla.- Con alrededor de 100 unidades, integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos se manifestaron en el crucero de Cuautlixco, donde confluyen las avenidas Reforma y Insurgentes y la carretera Cuautla-Cuernavaca, para solicitar una audiencia con el gobernador del estado y exigir un alto a los operativos en contra de las unidades con permisos irregulares.

Al mismo tiempo, rechazaron que durante los operativos participe la Guardia Nacional y demandaron la regularización de alrededor de mil 500 permisos que les fueron entregados por el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Que quede claro: nosotros no tenemos diez mil, ni 15 mil permisos; exageradamente en todo el estado de Morelos tenemos mil 500 permisos”, aseguró César Yáñez Bustos, dirigente de la Confederación del Transporte en Cuautla.

Los transportistas, a quienes se acusa de ser beneficiarios de permisos que fueron otorgados durante la administración de Graco Ramírez para que apoyaran la candidatura de Rodrigo Gayosso, se congregaron en dicho crucero y colocaron sus unidades en parte de las avenidas Reforma e Insurgentes y el bulevar a Casasano, lo que entorpeció la circulación vehicular, dando paso a confrontaciones con automovilistas que tenían la necesidad de pasar por ese sitio.

Aunque la manifestación estaba programada para más tiempo, después de poco más de una hora, los dirigentes anunciaron sorpresivamente que se retiraban, pero advirtieron que sus movilizaciones continuarán en demanda de una audiencia con el gobernador del estado.

 

 

Publicado en Cuautla

Antes de diciembre, el Congreso del estado podría iniciar un juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, luego de que la Junta Política y de Gobierno dio entrada a la denuncia que promovió el Poder Ejecutivo el pasado jueves.

Publicado en Política

A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

 

 

Publicado en Política
Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:16

Avanza trámite de juicio político contra Graco

Diputada asegura que existen las condiciones políticas para que proceda la denuncia iniciada por el gobierno del estado.

Publicado en Política

De las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, se han judicializado al menos diez.

El Ejecutivo estatal promoverá un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, no debía ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó al respecto que ya prepara dicho recurso legal en calidad de ofendidos.

Se utilizará el juicio de garantías y en su caso la revisión, anticipó, al sostener que la última palabra la tendrán los tribunales federales.

Dijo que junto con la Fiscalía Anticorrupción se analizan los argumentos de los dos magistrados (pues uno votó en contra) que aprobaron el dictamen.

A decir de Sotelo Salgado, no está bien sustentada la multicitada resolución: “nos parece incongruente e ilógica, que a dos ex funcionarios los hayan dejado vinculados a proceso y a dos los hayan dejado fuera, con no vinculación cuando son los mismos hechos.  

“Se trata de justificar que fue un comité de obra el que autorizó, pero quien preside esa instancia es la secretaria de Obras, por lo tanto, aseguró, no puede desvincularse la titular de la dependencia.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Pero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a los dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

 Sotelo Salgado expuso este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la competencia plena para recurrir como ofendido en el asunto. Apuntó que por ley tienen quince días para presentar el citado recurso.

El consejero jurídico comentó que de las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, se han judicializado al menos diez. De estas se han recurrido a la siguiente instancia de cuatro a cinco por diversos motivos.

Mencionó que en algunos asuntos no se les reconoce legitimación como gobierno del estado: “eso se nos hace un poco complicado porque hay delitos (en) que efectivamente se afecta a la sociedad, pero quien resiente la afectación económica es el Ejecutivo del estado; en otras porque no se vincula a proceso, en otros más porque no se obsequian órdenes de aprehensión.

Destacó entre los asuntos que fueron recurridos el de una exfuncionaria que supuestamente estaba enferma y que no podía venir a Morelos, por ello se le otorgó un amparo para efecto de que se practicaran las diligencias en otro estado y se mandó a Tijuana, pero resulta que esa persona se presentó el pasado miércoles en el palacio de gobierno en Cuernavaca.

El funcionario estatal añadió que las denuncias formuladas van caminando, avanzan en primera instancia, se dan las vinculaciones a proceso, pero en la segunda instancia son revocadas esas determinaciones en contra de ex funcionarios, lo que despierta la sospecha de algunas irregularidades: “eso es lo que va preocupando y que hace pensar ciertas cosas, de cierta protección, pero la Consejería Jurídica va a hacer su trabajo interponiendo los recursos legales que estén a su alcance”. 

 

 

Publicado en Política

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) señaló los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, exdirectora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno estatal y esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Ante un juez de control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, por la supuesta obtención ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la fiscalía, se presentaron 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos y esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín López, durante los últimos meses de la administración del otrora gobernador, Graco Ramírez.

Las investigaciones realizadas por la FECC establecieron que la ex funcionaria no reunía los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60 por ciento de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate con la defensa, así como el análisis del juzgador, se determinará la situación jurídica de la imputada.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López al 60 por ciento de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

Publicado en Política

Sin embargo, diputados admiten que la parálisis en que se encuentra el Legislativo estatal podría entorpecer el tema.

Publicado en Política

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que iniciarán un proceso de  juicio político en contra de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, por haber abandonado sus responsabilidades como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), el pasado 26 de agosto, cuando renunció para buscar presidir la Mesa Directiva.
Durante la sesión ordinaria que inició la tarde del  jueves y concluyó la madrugada de este viernes, el diputado sin partido José Casas González afirmó que dicha falta de la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) era causal de juicio político en contra, por lo que procedería legalmente.
Al respecto, el diputado del Partido Encuentro Social Alfonso de Jesús Sotelo afirmó que apoyarían dicho proceso, pues sostuvo que la mayoría de los diputados coinciden en que no se puede ceder más a intereses políticos.
"Lo que buscamos es que ya no haya más parálisis legislativa, buscamos que haya estabilidad, que se cumpla la actividad para la cual fuimos electos", dijo el presidente de la Mesa Directiva.
Reiteró que no van a caer en presiones ni continuarán en una disputa por el poder, pues existe una mayoría que ha respaldado la instalación de los órganos de gobierno del Congreso local.
En tanto, el diputado José Casas González acusó a Tania Valentina Rodríguez Ruiz de servir a los intereses de Graco Ramírez, “situación que ya no se puede permitir”, e insistió en que existen elementos de responsabilidad para proceder legalmente en su contra.

 

Publicado en Política
Miércoles, 09 Octubre 2019 05:16

Avanzan denuncias contra Graco: Becerra

Carpetas de investigación cuentan con elementos suficientes para deslinde de responsabilidades, señala el asesor anticorrupción.

Publicado en Política

Pleno legislativo pretende dar trámite a la denuncia promovida por el Ejecutivo estatal contra el exgobernador Graco Ramírez, por diversas responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

Publicado en Política
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.