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Sábado, 26 Septiembre 2015 00:00

Diputados en ebullición

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El precarismo municipal

1.- En anteriores columnas he indicado que quien presida la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, en caso de requerirse la dictaminación de algún juicio de procedencia (una vez admitido por el Legislativo a través de la Junta Política y de Gobierno), tan solo representará un voto.

 El artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos señala que las comisiones legislativas se integrarán por lo menos con tres diputados “y su composición reflejará en lo posible la pluralidad política”. Empero, tocante al caso de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; y Gobernación y Gran Jurado, tendrán que estar conformadas al menos por un diputado de cada grupo y/o fracción parlamentaria integrante de la legislatura. Esto significa que sin la conducción debida la susodicha Comisión de Gobernación y Gran Jurado podría llegar a convertirse en una cena de negros, pues el Congreso está integrado por 11 grupos y fracciones parlamentarias. Es decir: un escenario conflictivo e ingobernable, el mismo que se repetirá en Hacienda y Puntos Constitucionales, cuyos presidentes son el panista Alberto Mojica Linares y el perredista Enrique Laffite Bretón, respectivamente.

2.- El 8 del mes en curso se concretó la designación del legislador ixtleco Julio Espín Navarrete como presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, la cual fue instalada ayer. El cargo le fue conferido a Espín tras un intenso jaloneo entre los partidos “grandes” de la Cámara de Diputados de la entidad, derivado del interés del pesedista Julio Yáñez Moreno de asumir ese cargo para atender, y quizás promover, el juicio político que ha solicitado la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos de Morelos (CMMC) en contra del gobernador. Tal antecedente, creo yo, generó la víspera un inusitado interés o morbo, como para atiborrar el salón de comisiones del Congreso. Y aunque hubo discursos de compromiso social y apego a la legalidad, no se descorrió ningún velo acerca del polémico tema que ha vuelto tan interesante a esta comisión, misma que en otros tiempos resultara de menor relieve, como lo vimos apenas en la legislatura anterior, cuando estuvo en manos de la panista Amelia Marín. Presidir esta comisión y obtener la vicepresidencia de la mesa directiva le han valido a Espín colocarse como uno de los cuadros principales de la legislatura, no por nada estuvo a punto de ser el presidente del Congreso.

3.- Julio Espín mostró tablas en su discurso al instalar la comisión legislativa que preside –dos veces ha sido alcalde y, con esta, dos veces diputado local- y aunque con tiento, fijó postura con relación al escenario posible frente a cualquier solicitud de juicio político que caiga en sus manos. Lo anterior no evitó su alusión al hipotético caso del mandatario estatal, como tampoco a la posibilidad de que se presenten más peticiones en el mismo sentido una vez implementado el sistema estatal anticorrupción aprobado durante las postrimerías de la legislatura 52 (con todo y sus bemoles). Espín Navarrete dijo que desde esa comisión “se sancionará dentro de nuestras facultades a quien tenga que sancionarse, producto de la interposición de un juicio político en contra de servidores públicos por los actos u omisiones en el ejercicio de su función, que hayan quedado plenamente demostrados”. Es decir que arrancan él y 13 diputados más que integran la comisión, sin compromisos ni ataduras. Lo dicho por el ex presidente municipal de Puente de Ixtla puede sonar impactante frente a ciertas coyunturas y presiones políticas recientes, pero no me ofrece nada nuevo ya que ese es el objeto constitucional de la multicitada Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Veremos si en la práctica logra ajustarse a la ley o se convierte en un auténtico circo y en el centro de las venganzas políticas.

4.- Y en más con respecto a Puente de Ixtla comentaré que el alcalde Santiago Domínguez Vivar recortó 150 plazas para reducir el gasto municipal en nómina, mientras en Cuernavaca el munícipe Jorge Morales Barud –ixtleco también- tiene vigente un programa de renuncia voluntaria por razones económicas, aunque prevaleciendo un contexto de incertidumbre en torno al pago de las prestaciones de los trabajadores durante lo que resta del año. Por otro lado, en Cuautla se viene un alud de despidos con el edil Jesús González Otero que tiene el agua hasta el cuello en materia financiera, y ni qué decir de Jojutla, donde al alcalde suplente, Ruperto Coronel Ocampo, le acaban de embargar cuentas del municipio por un asunto de laudo laboral. En el resto de localidades las cosas no son mejores y por ello es seguro que los presidentes municipales electos, al iniciar funciones el 1 de enero de 2016, requerirán más que buenos deseos para poder trabajar y, sobre todo, cumplir con las tareas para las cuales fueron elegidos. De nada servirá la repetición de historias referentes a autoridades locales que se limitan a cobrar sus salarios por administrar la pobreza, pero les resulta imposible ofrecer con calidad y suficiencia el suministro de agua, la recolección de basura, el alumbrado público y el mantenimiento de las áreas públicas. Con ese panorama, desde ahora el año próximo se ve temerario. El peor escenario para los flamantes ediles escogidos por el electorado morelense el pasado 7 de junio será enfrentar etapas de ingobernabilidad debido al precarismo económico municipal, que a su vez aprovecharán los sempiternos grupos de presión para hacerse notar. Aguas.

5.- Ayer le escuché decir al diputado local perredista Enrique Laffite Bretón que la encuesta de Parametría iniciada este fin de semana para conocer la opinión de los usuarios sobre el transporte público de pasajeros, es innecesaria pues de antemano puede anticiparse su resultado: el servicio será reprobado. El problema, gentiles lectores, es que llevamos décadas soportando ese estado de cosas, mientras los concesionarios siguen convertidos en actores políticos, presionando a las autoridades en turno para ver qué prebendas consiguen. El contexto actual del transporte con y sin itinerario fijo se torna peor debido a la inexistencia de un adecuado sistema jurídico que lo regule. Pero el asunto no se relaciona exclusivamente con las rutas y taxis, sino con la movilidad de la ciudadanía. ¿Qué es esto, tan cacareado en la presente administración estatal? Mucho oímos hablar de tráfico, de transporte, modos de transporte y vialidad, pero el concepto de movilidad es más amplio porque se centra en facilitar la vida para el ser humano. Mi ideal, gentiles lectores, sería ver nuestra vida diaria con menos movilidad, con muchas actividades económicas cerca de nuestra casa, nuevas centralidades, más zonas urbanas, mayor equipamiento y servicios, y fortalecimiento de la vida en comunidad. Es decir: poder estudiar, comprar, trabajar y divertirnos cerca de nuestros hogares. Y si sumamos el concepto de sostenible, entonces el escenario mejora. Esto se relaciona con lo que hagamos hoy para sostenerlo a pesar del inexorable paso del tiempo; no agotar los recursos y poder disfrutarlos en el futuro, llegando a un equilibrio mediante el cual lo que utilicemos vuelva a ser recuperado. ¿Tengo un sueño guajiro?

 

 

Guillermo Cinta

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