Daniel Alcaraz Gómez

Daniel Alcaraz Gómez

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También en la Secretaría de Desarrollo Sustentable encontraron numerosas anomalías.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable ha iniciado liquidación de personal, por considerar que formaron parte de una amplia red de corrupción en la administración anterior y hasta el momento son unos 30 espacios los que han tenido que ser desocupados por ésos y otros motivos, señaló el titular de la dependencia Constantino Maldonado Krinis.

“Hemos tenido que iniciar una limpia, porque tras algunas revisiones, encontramos que algunos funcionarios menores fueron cercanos al titular anterior y se presume que están involucrados en malos manejos, mismos que se investigan”, abundó.

Incluso adelantó que una vez que se tengan todos los elementos al respecto, se presentarán las denuncias ante las instancias competentes, ya que no se permitirá dejar sin castigo esas arbitrariedades y sostuvo que “en materia ambiental, nos dejaron una secretaría de cabeza”.

Con base en los primeros datos, reveló que en la absoluta mayoría de los proyectos que se “trabajaron”, se dio prioridad al negocio de ciertos personajes, incluso se observa una especie de triangulación de fondos que llegaban a la SDS, pero luego eran devueltos a la Secretaría de Obras, hasta que se les perdía de vista y se desconocía a dónde fueron a parar”.

Maldonado Krinis puso el ejemplo de lo que ocurrió en relación al programa de los centros de verificación vehicular. “En primera instancia se les monopolizó, dejándolos en manos de un solo personaje de la capital del país, asociado con uno de la familia en el gobierno pasado; y segundo, nunca se operó cabalmente, haciendo de ello un tema fallido”.

En lo que se refiere al saneamiento de afluentes acuíferos, jamás se aplicó un proyecto de rescate; ni siquiera se puso a funcionar al total de plantas de tratamiento construidas en la administración del ex gobernador Marco Adame Castillo, por eso la contaminación de los principales ríos y arroyos es dramática.

Eso sí, mencionó, se presentan como ejercidos cientos de millones de pesos que no se tradujeron en nada y entonces en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, se tendrá que comenzar casi de cero. Ya que ni en lo relacionado a la preservación de bosques y áreas naturales se hizo nada, la tala fue abierta y descarada y el daño causado es inmenso, consideró el funcionario. Quien también abundó en el sentido de que ya se articula un plan de rescate, que sin embargo requerirá de un presupuesto que es difícil alcanzar, dadas las circunstancias que privan en materia financiera.

Fertilizante e insumos por más de 30 millones de pesos nunca fueron recibidos por organizaciones campesinas; la administración anterior de la Sedagro reporta que el recurso fue entregado.

Organizaciones campesinas adheridas al Congreso Agrario Permanente (CAP) exigieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) una investigación respecto al programa de apoyos al sector, principalmente en lo que se refiere a insumos y fertilizantes, ante la clara evidencia de desvío de fondos en ese sentido.

Reyna Salgado, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), manifestó que durante el presente año no llegó el fertilizante comprometido por el gobierno estatal, a pesar de que se trata de fondos ya etiquetados y autorizados por el Congreso local a partir de la Ley de Ingresos y Egresos.

Al respecto, el titular de la dependencia, Guillermo López Ruvalcaba, comentó que “en efecto, para ese rubro se tenía un presupuesto de más de 30 millones de pesos, pero lo que hemos logrado saber ya en campo, es que el insumo jamás llegó a su destino, pero oficialmente aparece como entregado”.

Lo anterior, abundó, ha obligado a la realización de una investigación, ya que –además- hay otros conceptos que igualmente fueron incumplidos y eso tendrá que ser causa del inicio de procesos y responsabilidades para quienes resulten culpables de estos presuntos desvíos.

López Rubalcava indicó que son unos 13 mil los productores campesinos que fueron afectados por lo anterior, desde el 2017, porque –además- el poco apoyo que llegó fue de pésima calidad, por la pobreza de los componentes en esos fertilizantes.

Incluso –destacó- éste, como otros programas, son concurrentes, es decir, una parte del dinero lo pone la Federación, generalmente el 80%, y el resto el Estado. Pero como la Sedagro no cumplió con su parte, hay un fondo promedio de 43 millones de pesos que nunca se bajó y que se busca reponer.

Pero señaló que las condiciones en que se encuentra la secretaría son desafortunadas, “no hay de dónde echar mano, por eso se requiere que el estado haga un esfuerzo para que se aporte el porcentaje que le pertenece, a fin de que el gobierno federal haga lo propio con lo suyo”.

Vía la Secretaría de Hacienda se busca la forma de resolver el tema, porque sería lamentable que luego de una serie de irregularidades en contra de los productores, se perdiera ese fondo que en mucho ayudaría a un buen número de familias para mejorar su productividad.

 

 

Transfieren mil 90 piezas arqueológicas a Xochicalco por las labores.

“Bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de expertos en el manejo de estos valores, se transfieren mil 90 piezas arqueológicas del Museo Cuauhnáhuac a una bodega de bienes culturales que se encuentra en las ruinas arqueológicas de Xochicalco”, informó Javier Solís Espín, jefe del departamento de piezas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ante la preocupación social que se viene dando en el sentido de que pudieran presentarse pérdidas de objetos valiosos e históricos, dijo que se ha montado un sistema de seguridad con la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad, que facilita elementos para salvaguardar ese patrimonio e, incluso, hay relevo de policías en cada uno de los municipios durante el trayecto.

Explicó que los daños causados por el terremoto del 19 de septiembre del año anterior fueron graves, no sólo en la parte externa, donde ya se trabaja de manera intensa; también internamente hay fracturas y deterioro en la pintura mural que se debe atender y ello requiere del retiro de las piezas.

Se le recordó que en lo que corresponde a algunos monumentos o efigies históricos en la ciudad de Cuernavaca, se han venido denunciando pérdidas, como en el caso de El Zapatita y las adelitas que fueron instaladas en la Plaza de Armas Emiliano Zapata, pero insistió en que “aquí no se permitirá eso porque todo lleva un estricto control, se levanta un padrón y hay actos de entrega-recepción, a fin de que no exista ninguna posibilidad de saqueo”.

Solís Espín dijo no tener fecha para la conclusión de los trabajos de restauración, pero calculó que mínimamente se requerirá de un año y medio y, cuando eso suceda, se volverá a desarrollar el mismo procedimiento para regresar las piezas a su sitio original. Tampoco dijo conocer el monto de la inversión, “esas cosas las maneja otra área”.

En lo que se refiere al valor histórico de las mil 90 piezas, aclaró que “todas son importantes, cada una de ellas guarda sus particularidades y tiene alto valor, en ello no se puede clasificar tan a la ligera”. Aclaró que esos valores históricos estarán en bodega, no en exhibición, porque en Xochicalco no hay condiciones para eso, serán expuestas hasta que regresen a su lugar.

Es sustancial combatir el “coyotaje”, asegura el titular de la dependencia, Guillermo López Ruvalcaba.

Los mecanismos mediante los cuales se ha venido trabajando con el sector campesino tienen que modificarse, pues buena parte de los fondos orientados a la producción no llegan completos porque se quedan en otras manos, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba.

El funcionario estatal manifestó que lo que hasta ahora se ha podido saber es que un alto porcentaje del dinero, al pasar por distintas manos y filtros, disminuye hasta convertirse en un recurso que no corresponde a las ofertas programadas anualmente para el sector.

Ante ello, para la elaboración de planes y programas hacia 2019, la decisión es ir a cada uno de los 205 ejidos legalmente constituidos en la entidad y a partir de asambleas de ejidatarios, generar el padrón de necesidades y hacerles llegar los apoyos de forma directa.

López Ruvalcaba calculó que en promedio, un 40% del dinero que se le asigna a esta rama de la actividad no aterriza y ello tiene un claro reflejo en los niveles de rendimiento porque la insuficiencia financiera impide la aplicación de tecnología o insumos indispensables para tal efecto.

El funcionario señaló que otro aspecto al que se le pondrá atención tiene que ver con la venta de los productos, ya que el famoso “coyotaje” sigue siendo el principal enemigo en el campo, pues hay una red de intermediarios que son los que capitalizan las ganancias de productos como maíz, frijol, sorgo, arroz y hortalizas, destacó.

Admitió que no será fácil destruir ese andamiaje porque se mueven fuertes intereses, sin embargo es una de las estrategias que impulsa el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador, en la batalla por recuperar vitalidad y elevar el nivel de ganancias de las familias rurales.

Asimismo, consideró que una rama que tendrá atención especial está relacionada con los proyectos para mujeres del campo. Las agroempresas representan un eslabón complementario para mejorar el ingreso familiar porque muchos de esos negocios se alimentan de la transformación de los productos primarios y se consideran un segundo nivel en su desarrollo.

El secretario lamentó que el sector campesino pase por una coyuntura apremiante, consecuencia de evidentes incumplimientos en los compromisos contraídos durante el presente año. Incluso abundó en el sentido de que “venimos precisamente a presentar algunos planteamientos ante la Secretaría de Hacienda, que busca, mediante gestiones, lograr un apoyo federal de más de mil millones de pesos para poder dar cumplimiento a algunos pendientes heredados”.

Por último, Guillermo López refirió que se están documentando las irregularidades, pero en principio, se tiene que ver hacia adelante para comenzar a dar cumplimiento a esta responsabilidad.

Pedirán al Congreso del estado no aprobar leyes de coordinación fiscal que incluyen el cobro de conceptos y servicios que deben ser gratuitos.

Líderes de cámaras de comercio, empresariales y de prestación de servicios adelantaron que pedirán al Congreso local, a través de un posicionamiento por escrito, no aprobar las leyes de coordinación fiscal de los ayuntamientos porque violan normas en la prestación de diversos servicios que deben ser gratuitos.

Durante un encuentro de líderes al que concurrieron, entre otros, Antonio Sánchez Purón, de la Cámara Nacional de Comercio (Canacope); Harry Nielsen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac); así como de la Canacope, José Salgado, decidieron ir en un frente común, a fin de defender los intereses del gremio.

Nielsen destacó que a la reunión estuvieron convocados también los representantes de la Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de Coparmex, sin embargo, no llegaron. Luego expusieron parte de sus inconformidades en lo que se refiere a la Ley de Coordinación Fiscal, que contempla servicios gratuitos como los que presta la Dirección General de Protección Civil de los ayuntamientos.

Los tres dirigentes coincidieron en que sin respaldo legal alguno, esas instancias aplican cobros por revisión a los negocios, que oscilan entre 800 y mil 100 pesos, haciendo hincapié en que Cuernavaca exige mil 80 pesos por ese concepto.

Para el correcto funcionamiento de los establecimientos expendedores de alimentos, se tiene que solicitar a las alcaldías la tarjeta de salud, pues es otro concepto que es igualmente gravado con un costo. Y en lo que se refiere a Desarrollo Sustentable, hay que hacer una serie de trámites, en negocios que pudieran generar algún inconveniente en materia; todo eso tiene un precio.

El representante de la Canirac aclaró que no se trata de buscar privilegios o favores, lo que se exige es que se respete la ley, ya que todos esos conceptos y muchos otros más, que al paso de los años se comenzaron a cobrar, son obligaciones de las dependencias gubernamentales referidas y es el recinto legislativo el que debe hacer las precisiones respectivas, a fin de que se acabe con esos abusos.

Y acusaron al Poder Legislativo de haberse prestado a todas esas acciones con conocimiento de causa en el pasado. Desde luego que se dieron complicidades, poniendo en riesgo las inversiones, porque para poder levantar la cortina de algún establecimiento, hay que entrar en una larga pesadilla de requisitos, destacaron.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, abundaron, las direcciones de gobernación, mediante sus inspectores, son otra plaga que operan a partir de extorsiones y atracos de toda naturaleza y por cualquier pretexto. Por lo tanto, anticiparon de la entrega del documento al Congreso, de no existir respuesta, recurrirán a los amparos colectivos y sobre ello, uno de los asesores de las cámaras, Enrique Paredes Sotelo, comentó que sí es procedente interponer esas medidas de defensa, sólo hay que hacerlo a partir de afiliados a algunos de esos organismos.

 

 

La economía y en general la planta productiva, tanto del estado como del país, están en riesgo, los elevados costos de la gasolina que supera ya los 21 pesos por litro, reducen drásticamente las ganancias porque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como presidente de la república, el precio de los energéticos casi se ha triplicado, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez.

Y advirtió que “los niveles de inflación que en materia estamos viendo son inaceptables y las autoridades competentes tendrán que hacer algo porque no podemos seguir pagando ese costo de insumos que se supone como país los producimos”.

Pero destacó que no sólo el sector empresarial, comercial o de prestación de servicios son afectados por ese impacto negativo en la economía, las repercusiones son generales porque tanto el gas doméstico, que igualmente sigue a la alza, como la gasolina, generan una espiral inflacionaria que se refleja en todas partes y le pega a la ciudadanía en general, de ello no escapa nadie.

Adame Jiménez recordó que como cámaras han venido constituyéndose en un gran frente para poder contrarrestar otro abuso igualmente inadmisible: cobros indebidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que del mismo modo “nos tiene severamente castigados porque hay facturaciones que se salen de toda lógica”.

Agregó que cuando el precio de los insumos energéticos correspondían a la realidad, había posibilidades de lograr índices de ganancias en hoteles, restaurantes, prestación de servicios diversos hasta de un 80% y los resultados eran de generación de empleos, de apertura o mejora de los establecimientos, en concreto, de circulante económico y bonanza. Ahora es todo lo contrario, las oportunidades de trabajo están en peligro permanente porque se gana entre el 10 y 15%.

“Vivimos en medio de una vorágine, nadie quiere hacerse responsable de lo que en el tema acontece y las explicaciones que se dan, no parecen corresponder a los hechos, sobre todo porque México es uno de los productores más importantes de petróleo en el mundo”, se quejó.

Ángel Adame mencionó que ha sido un calvario poder mantener los negocios en medio de este escenario, que pareciera, llegará hasta final de sexenio y la esperanza es que, en efecto, Andrés Manuel López Obrador, una vez que tome cargo de la presidencia el próximo primero de diciembre, comience a poner orden en aspectos como ése.

Finalmente, es mediante acciones de apoyo a la infraestructura de desarrollo que se fortalece el crecimiento económico y el CCE espera que se incentiven programas de apoyo para micro y medianas empresas, “sólo de esa manera se superarán etapas de retroceso como las que venimos enfrentando hace ya algunos años”, destacó el líder empresarial.

 

 

Agrupaciones anuncian protestas en la Fiscalía General de esa región.

Líderes de agrupaciones de transporte público de la región oriente del estado adelantaron que en unas dos semanas tomarán las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la zona, para obligar a que quienes, en su oportunidad los persiguieron y amenazaron, paguen por sus culpas.

Josué Alfonso Torres, de la organización Leandro Valle de Jonacatepec, dijo que “cuando se intentó imponer el Morebús, muchos de nosotros ofrecimos resistencia y se nos amedrentó, en lo particular la aún fiscal Marisol Montero y Adriana Martínez respaldadas por una media docena de policías del Mando Único encapuchados, penetraron mi domicilio por la fuerza y me sembraron droga en mi casa.  Se llevaron a mi hijo, a mi mujer y a dos menores de edad, uno de apenas un año”.

Sostuvo que “a mi hijo lo golpearon y a todos nos acusaron de delincuencia organizada sólo por defender nuestros derechos y fue con el apoyo de los entonces senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar Solorio y Lizbeth Hernández Lecona que logramos salir libres, nos tenían en la Procuraduría General de la República”.

Advirtió que “eso no puede quedar así, disponemos de pruebas y testigos; vamos a proceder legalmente y para comenzar, tomaremos la fiscalía de la región oriente porque además todavía no hay cambios, son los mismos que estaban antes”.

Incluso, agregó: “hubo compañeros transportistas que se prestaron a ese juego de amenazas y calumnias, contamos con nombres de muchos, los señalaremos porque fueron cómplices de acciones delictivas, tortura y otras cosas, perpetradas por el gobierno anterior, por unas cuantas monedas o concesiones”.

Josué Alfonso consideró que tuvieron cerca de correr con la mala suerte de Romualdo Ixpango Merino, “era de nuestro grupo, de acá arriba se lo quebraron, nosotros la libramos de milagro”. Luego sostuvo que por el rumbo del Hospital en Santa Inés, en Cuautla, las autoridades actuales deberían buscarle, ya que en esa zona debe haber cientos de fosas con cadáveres. Cuando alguien desaparecía, lo iban a dejar por ese lado, es un lugar propicio porque la tierra es suave y está muy sólido”.

Sostuvo que no fue la única víctima de la represión, hay por lo menos una docena de permisionarios más que están armando una denuncia conjunta, para pedir a las instancias correspondientes se inicien las averiguaciones y los procesos legales respectivos para poder fincar responsabilidades.

 

 

El acuerdo se logró a nivel nacional.

Las cámaras empresariales y de comercio locales aplaudieron la decisión lograda por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sentido de frenar las constantes alzas en los precios de consumo de la electricidad.

Tanto el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, como el dirigente de la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, Eduardo Peimbert Ortiz, calificaron lo anterior como un logro, producto de una lucha emprendida desde hace meses entre distintas organizaciones afectadas por cobros indebidos.

Sobre el tema, se especifica que el presidente nacional de dicha cámara, Enrique Guillén, luego de una larga reunión con funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la CFE, logró que se pactara frenar las alzas, que en algunos casos representan más del 70% de sobreprecio, en comparación con las facturaciones normales.

La disposición fue respecto a lo que resta del presente año, y en lo que se refiere a media y alta tensión, las tarifas no sufrirán modificaciones y, por el contrario, a partir del 2019 pudieran darse disminuciones graduales, porque en algunos casos ese insumo llega a representar el 30% de las facturaciones.

Los líderes estatales recordaron que los exagerados y abusivos cobros no afectan de manera general a todos los consumidores; son el rubro de los plásticos, del hielo y de textiles los que más se ven en desventaja al respecto, aunque el daño en menor alcance es en todos los espacios.

También, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, recordó que en lo que corresponde a su ámbito de influencia, se realizó hace unos días un encuentro nacional de cámaras para definir estrategias en contra de esos incrementos injustificados de electricidad.

“Lo que acaba de pasar muestra que sí hubo respuesta y es un gran avance lograr que -a partir de ahora- el peso de ese servicio indispensable para el desarrollo nacional sea regulado, sin embargo, la lucha deberá seguir porque es acaso un primer paso; se tienen que definir ya tarifas de manera permanente y, en la medida de lo posible, alcanzar el compromiso de disminuir los costos, aunque eso tendría que ser ya con la nueva administración federal, consideró Salgado Patiño.

 

En esta semana comenzarán notificaciones a los exdiputados responsables del manejo de las finanzas de la anterior Legislatura.

Los señalados son Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas.

Luego de que la nueva legislatura local encontrara más de mil 200 millones de pesos no comprobados por el Congreso durante sus dos periodos anteriores, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, admitió que sí podría exigirse resarcir los recursos.

Destacó que “todavía en este momento no podemos hablar de resarcir, porque estamos en una primera etapa. Apenas se les va a notificar de lo anterior, ello a los responsables del manejo financiero, es decir Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas”.

Reconoció que en una primera revisión, se encontró que no se justificaron muchos gastos del periodo solicitado. “Los nuevos procedimientos son claros, hay que solicitar la información por rubros, por ejemplo, que se destinaron 10 millones de pesos para tal o cual compra, se tendrá que probar que en efecto se hicieron las adquisiciones, de lo contrario, pues se va cuantificando lo no efectuado”, abundó.

Loredo Méndez manifestó que “se entregan las cédulas de revisión por partida. Contarán con 10 días para responder. Aún no hemos terminado, se notificará en la semana entrante. La ley obliga a ser profesionales”.

La semana entrante es sustancial para lo anterior, aclaró, porque si las observaciones no se cumplen, comienza ya una etapa de judicialización. “Pero quiero ser cuidadoso, hay que investigar de fondo y es el Tribunal de Justicia Administrativa el que sanciona”.

Pero reconoció que es la primera vez que se audita al Congreso. “Es histórico, quizás por las condiciones políticas, pero lo anterior no es privativo de Morelos, ello se da en las Cámaras de Diputados federales y senadores, donde sólo se revisan los gastos administrativos, no los políticos”. Lo anterior, derivado de una suprasubordinación que impide este tipo de acciones. Ahora, la misma legislatura actual ordenó la revisión y sobre ello se hizo, pero antes sólo se desarrollaban auditorías aleatorias.

“La entidad superior viene desarrollando el trabajo. Es posible que a media semana entrante ya se tengan listas las notificaciones. Dependiendo de las respuestas, el tema podría escalar a etapas más delicadas. Si ello ocurre, el asunto pasará ya al tribunal antes mencionado”, sentenció el auditor.

 

 

 

Tras reconocer que el sistema estatal de transporte público pasa por sus peores momentos, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) Víctor Mercado Salgado dijo que ya se trabaja en la elaboración de un proyecto piloto, con el que busca impactar en todos los sentidos y regular esta actividad, a fin de que los usuarios cuenten con un servicio de mejor calidad.

Lo anterior, abundó, conjuntamente con la comisión respectiva en el Congreso local y con la mayoría de líderes de agrupaciones en esa materia, de tal manera que se trate de un esfuerzo en el que estén incluidos todos, ya que es un tema que debe venir socializado para que pueda tener éxito.

Y sobre lo anterior, el legislador local José Casas González -quien preside la comisión respectiva- manifestó que en efecto, ya se dieron los primeros pasos para pensar en una verdadera reestructuración, misma que incluye exámenes toxicológicos, además del levantamiento de un padrón, para que se tenga un real control de lo que pasa en tan importante rubro.

“Vale la pena hacer el esfuerzo, las cosas están muy mal porque quienes han antecedido en este tipo de responsabilidades desde el gobierno y el Congreso no aportaron nada, se dedicaron a hacer de ello un negocio, sin ofrecer o luchar por un cambio profundo”, destacó.

El proyecto piloto considera todas las vertientes, abundó, en el caso de los exámenes toxicológicos, ya buena parte de los dirigentes de ese gremio han estado de acuerdo, ya que finalmente el hecho de que algunos de los choferes no desempeñen en condiciones adecuadas el servicio de traslado de personas, se refleja en mala atención y enojo social.

Y agregó que “en este aspecto, generar un padrón de operadores será fundamental, porque adherido a los exámenes antes referidos, se podrá tener un control del desempeño de cada quien y aquellos que obren mal, ya no podrán subirse a otra ruta o taxi”.

Incluso, consideró, por la información de los permisionarios se sabe que hay muchos choferes que suelen irse con las cuotas del día, no las entregan; pues ahí del mismo modo, vía el padrón, se les deberá volantear a fin de que entre las sanciones ya no puedan tener cavidad en otros grupos de transportistas.

Bueno, indicó, también está contemplado el asunto de los mototaxis que operan en diversas comunidades, ya que es un servicio irregular. Se cuenta con la experiencia de soluciones ya puestas en marcha en otras entidades de la república, como Oaxaca, por eso se ofrecerá igualmente una solución en lo que a ello se refiere, destacó el legislador local.

 

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