La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el derecho a una adecuada defensa legal no aplica en juicios mercantiles, porque la protección de ese derecho es primordialmente para las personas imputadas dentro de un procedimiento penal, no así en aquellos de naturaleza privada donde la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no en el juzgador.

El caso tuvo su origen en la inconformidad de un particular que reclamó, entre otras cuestiones, una mala o inadecuada defensa de su abogado durante la tramitación de un juicio mercantil en el que fue demandado, sosteniendo que su representante legal no ofreció las pruebas necesarias e idóneas para probar sus excepciones; y que el juzgador no recabó esas pruebas a pesar de haberse percatado que eran las pruebas obvias a ofrecer como parte demandada.

Al recurrir la sentencia, un tribunal colegiado le negó el amparo al quejoso, tras considerar inoperantes los argumentos planteados y que no podían hacerse valer como violación procesal, puesto que el derecho a una defensa adecuada no es aplicable a los procedimientos mercantiles. En desacuerdo, el quejoso interpuso un recurso de revisión.
Al analizar el amparo directo en revisión 413/2023, la Sala precisó que los procedimientos mercantiles pertenecen al derecho privado, en el que rige el “principio dispositivo”, en el cual la persona juzgadora no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio.

Por lo tanto, recalcó, la autoridad jurisdiccional no estaría en posibilidad de advertir una mala o inadecuada defensa por parte de alguno de los representantes de las partes, ni para intervenir con objeto de remediarlo porque el principio dispositivo deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que, en su caso, estimen conducentes a sus intereses e idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas.