Lo que requiere el organismo es más presupuesto para cumplir con sus responsabilidades legales, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, recalcó que el órgano no necesita más comisionados, sino más presupuesto para ampliar el equipamiento y personal para continuar con el avance de la ley general y estatal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Precisó que a petición de la nueva legislatura, el viernes pasado fue suspendida la sesión extraordinaria del Pleno del IMIPE en la que se tenían previstos cambios al reglamento interno del instituto para incluir a los dos nuevos comisionados y asignarles ponencia.

Explicó que -por escrito- el Congreso les solicitó frenar cualquier modificación a la normativa interna porque había en curso un juicio de amparo contra la designación exprés realizada por los anteriores legisladores, lo cual fue comunicado de inmediato a los nuevos comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez.

Señaló que espera la notificación oficial del Congreso respecto a la revocación realizada ayer de ambos nombramientos, pero el instituto continuará con las labores habituales con sus actuales comisionados y estará atento de las definiciones que sobre el tema hagan los legisladores.

Ratificó su postura de que el IMIPE no necesita más comisionados y que los tres en funciones son suficientes, y consideró que lo que sí necesita el órgano garante es más presupuesto para atender todas sus responsabilidades legales, dar continuidad o concretar programas y proyectos, así como evolucionar con las plataformas tecnológicas a 15 años de la fundación del instituto.

Adelantó que el proyecto de presupuesto del instituto para 2019 prevé una solicitud de presupuesto de entre 28 y 30 millones de pesos, es decir, 15 millones más que en 2018, justamente para cumplir con todas la exigencias del sistema nacional de transparencia.

 

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Viernes, 14 Septiembre 2018 05:25

Anulan nombramientos en IMIPE e IMEM

Los diputados cumplen resolución de juzgado y dan marcha atrás a los nombramientos facciosos de sus antecesores.

El Congreso del estado revocó los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) que realizaron los integrantes de la LIII Legislatura, el 29 de agosto pasado, a puerta cerrada y en lo oscurito.

Los diputados tomaron esa determinación en cumplimiento a las resoluciones que -por separado- emitió el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, derivado de dos juicios de amparo que promovieron los ciudadanos Ernesto Sánchez Cortés y Dagoberto Rivera Jaimes, en contra de las designaciones hechas en el IMIPE y en el IMEM, respectivamente.

Durante la sesión ordinaria de ayer, los diputados dejaron sin efecto el decreto 3444, por el que los exdiputados designaron a Roberto Yáñez Vázquez y a Marco Antonio Alvear Sánchez como comisionados del organismo de transparencia.

Posteriormente, revocaron el decreto 3445, por el que se nombró a Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que con la determinación tomada por el Pleno se responde a la exigencia de la ciudadanía de anular los excesos cometidos por los integrantes de la LIII Legislatura.

"Sabemos que las condiciones en las que se llevó a cabo las designaciones de dichos, fue en condiciones no muy claras, en condiciones de madrugada, en condiciones de opacidad", manifestó ante tribuna. 

 

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Para incorporarlos, el órgano garante requiere –además- una ampliación presupuestal  de cinco millones de pesos y el cambio de sede, señala la comisionada presidenta.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) requerirá de una ampliación presupuestal de cinco millones de pesos para solventar los gastos derivados de la designación de dos nuevos comisionados.

Este jueves, los comisionados Dora Ivonne Rosales Sotelo, Mireya Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez sostuvieron una reunión con sus nuevos homólogos, a quienes les manifestaron la imposibilidad jurídica de incorporarlos de inmediato al Pleno, hasta que el reglamento interno del órgano garante fuese modificado.

Y es que el reglamento contempla sólo tres ponencias y no cinco, por lo que el ofrecimiento fue realizar modificaciones normativas exprés para que Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear -quienes obtuvieron los cargos sólo por ser padre e incondicional de los exdiputados Julio Yáñez y Mario Chávez, respectivamente- pudieran incorporarse a la brevedad al Pleno y asignarles sus ponencias.

Durante la reunión, se estableció también la necesidad de que se otorgue una ampliación presupuestal al IMIPE para el pago de los dos nuevos comisionados y la contratación de seis abogados que habrán de integrarse a las dos nuevas ponencias.

La comisionada presidenta del IMIPE, Dora Rosales Sotelo, expresó que se necesitará una ampliación presupuestal de aproximadamente cinco millones de pesos para el cierre del año, toda vez que se tendrá que analizar el cambio de sede por falta de espacio para oficinas y su respectivo equipamiento para los dos nuevos comisionados y su personal. Por tal razón, hará la solicitud correspondiente al Poder Ejecutivo y al Congreso local y se espera que este viernes el Pleno apruebe las modificaciones al reglamento interno del instituto.  

 

 

 

 

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En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

 

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

 

 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por la falta de presupuesto para pagar emolumentos de los nuevos comisionados.

De acuerdo con los estrados electrónicos del alto tribunal, el recurso de control constitucional “se desecha por notoriamente improcedente la demanda”, ya que se consideró que el órgano garante carecía de legitimidad jurídica.

Sin embargo, subsiste el problema presupuestal del IMIPE para solventar los emolumentos de los dos nuevos comisionados, nombrados hace unos días por la extinta LIII Legislatura, ya que en el decreto de designación, los entonces diputados omitieron prever una partida presupuestal para pagar a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez sus salarios de más de 70 mil pesos mensuales cada uno, además de prestaciones y aguinaldo.

Hasta el momento, el IMIPE ha insistido en la imposibilidad de solventar los gastos adicionales que implican los cambios a su estructura, tras la reforma al artículo 23-A de la Constitución local. Por lo pronto, está previsto que hoy ambos comisionados se incorporen al Pleno del órgano garante.

 

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Juan Carlos Millán Hernández ocupará el cargo.

Con una fe de erratas, la Secretaría de Gobierno corrigió los errores en el decreto de designación del alcalde sustituto de Amacuzac, y se precisó que el hombre seleccionado por los diputados para ocupar el cargo fue Juan Carlos Millán Hernández, quien ahora podrá entrar en funciones.

En la fe de erratas al decreto 3446, publicado el 31 de agosto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la autoridad reconoció los errores garrafales y procedió a hacer las correcciones que fueron publicadas este miércoles en el órgano oficial de difusión.

Las correcciones consistieron en establecer que Millán Hernández fue la persona designada para suplir a Jorge Miranda Abarca y a su suplente, ya que el primero se encuentra privado de su libertad en un penal federal por el presunto delito de delincuencia organizada, y el segundo expresó su imposibilidad de ocupar el cargo.

Además, se suplió el texto insertado por error en relación con la designación de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por el correcto, en el que se eligió con 22 votos a favor al ciudadano Juan Carlos Millán Hernández como sustituto del suplente del Presidente Municipal de Amacuzac, y la toma de protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado, con base en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

 

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Ni siquiera existe un espacio físico para que ambos puedan laborar, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, aseguró que el órgano garante carece de presupuesto para que los dos nuevos comisionados inicien funciones.

Aclaró que no hay intención de obstaculizar a los comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez (ambos nombrados por su parentesco y cercanía con los diputados Julio Yáñez y Mario Chávez), pero el IMIPE está materialmente imposibilitado –incluso- para ofrecerles un espacio físico para laborar.

Luego de reunirse con los nuevos comisionados, señaló que fue “un primer acercamiento para poner sobre la mesa que el IMIPE no está materialmente posibilitado de dar cumplimiento, toda vez que a los diputados se les olvidó dar la herramienta que es fundamental en un ejercicio, en un proyecto de dictamen, que en su propio reglamento, en el artículo 99, maneja que se tiene que vincular el tema del presupuesto con respecto a los cambios que se generen” en la estructura del instituto.

Dijo que el IMIPE enfrenta un problema presupuestal que se debe subsanar, pues ni siquiera en la sede el instituto se tienen espacios físicos para asignarlos a los nuevos comisionados.

Señaló que les explicó esta situación, hicieron un recorrido por las instalaciones del IMIPE para que conocieran el trabajo que se realiza y las necesidades del instituto.

Precisó que días antes de la designación de ambos comisionados se promovió la controversia constitucional en la que solicitó una suspensión, pero todavía la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto sobre su demanda de control constitucional. 

 

 

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Se publicó con errores garrafales el decreto por el cual la extinta LIII Legislatura hizo la designación ante la ausencia definitiva del alcalde Jorge Miranda Abarca.

Oficialmente el municipio de Amacuzac tiene tres presidentes municipales sustitutos, al publicarse con errores garrafales el decreto por el cual la extinta LIII Legislatura hizo la designación, ante la ausencia definitiva del alcalde Jorge Miranda Abarca, quien se encuentra bajo proceso penal y privado de su libertad en el penal federal del estado de Durango por el presunto delito de delincuencia organizada.

Luego de que un juzgado de distrito privó de sus derechos políticos a Miranda Abarca y el edil suplente expresó su imposibilidad de asumir el cargo, en sus últimas horas en funciones la extinta legislatura procedió a analizar una terna de aspirantes a presidente municipal sustituto. Pero ante las prisas por hacer nombramientos de allegados, el decreto se elaboró y publicó con tremendos yerros.

El más grave es que se designó a tres personas como presidentes municipales. “Se designa al ciudadano Juan Carlos Millán Hernández, Javier Millán Jaimes, y Marcos Álvarez de León, en Sustitución del Suplente para ocupar el cargo de Presidente en el Municipio de Amacuzac, Morelos, quien deberá ejercer el cargo a partir de la fecha en que le sea tomada la protesta de Ley el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho”, dice textualmente el decreto publicado en la edición del 31 de agosto del Periódico Oficial “Tierra y Libertad.

El segundo es que en el cuerpo del documento no se explicaron las consideraciones por las cuales fueron considerados estos tres hombres para ocupar el cargo, ni tampoco se especificó la votación de los otrora diputados a favor o en contra de cada uno de los miembros de la terna.

Y el tercero es que el decreto fue publicado incompleto y con un texto que corresponde a la votación y designación de Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, como “Consejeros” (sic) del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

De acuerdo con el artículo segundo del decreto, se dejaron a salvo los derechos políticos y electorales del munícipe bajo proceso penal Jorge Miranda Abarca, para que los haga valer en el caso de cambio de situación jurídica, en la causa penal instaurada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.

 

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Inició controversia constitucional por la falta de recursos adicionales pero también contra la convocatoria que concluyó en los nuevos nombramientos.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) promovió una controversia constitucional, contra la reforma legislativa que aumentó de tres a cinco el número de comisionados sin dotar al organismo de presupuesto suficiente.

La semana pasada, la titular del instituto, Dora Ivonne Rosales Sotelo, inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de control constitucional 157/2018, contra la reforma y su declaratoria, al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que fue aprobada el Constituyente Permanente (los ayuntamientos) con un voto a favor, seis en contra y la afirmativa ficta de 26 cabildos.

Además, refutó la expedición de la convocatoria lanzada por la legislatura anterior el pasado 16 de agosto para la designación de dos nuevos comisionados, que finalmente resultaron ser Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez, padre del ex diputado del PSD, Julio Yáñez y el ex colaborador del ex diputado del PRI, Mario Chávez, respectivamente.

En su escrito de demanda, esencialmente el IMIPE reclamó que el Congreso realizó reformas para crear dos nuevas plazas de comisionado, pero nunca etiquetó recursos para solventar los emolumentos de éstos, los del personal a su cargo que se deberá contratar, el mobiliario, las oficinas y los recursos que requieran para su desempeño como integrantes del órgano garante.

El recurso de control constitucional fue admitido a trámite, pero se espera que en breve el ministro instructor determine sobre su admisión o no.

 

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Sus integrantes son producto de intereses partidistas y no han funcionado en su encargo, señala investigador.

El codirector del centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, se pronunció por una reestructuración a fondo del Sistema Estatal Anticorrupción, pues afirmó que quienes lo integran fueron nombrados como "cuotas partidistas" y a la fecha no han dado los resultados esperados para la sociedad.

De acuerdo al investigador, el sistema anticorrupción es una simulación que ha servido para que los diputados y autoridades del Poder Ejecutivo colocaran a familiares y amigos y éstos vivan del erario público. 

Citó los recientes nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), donde designaron como comisionados a Roberto Yáñez Vázquez, padre del diputado del Partido Social Demócrata (PSD), y a Marco Antonio Alvear Sánchez, asesor del legislador ex priista Mario Chávez Ortega, así como en órganos de control interno.

Salinas Rodríguez aseveró que la LIV Legislatura, que se instalará este sábado, está obligada a impulsar una reestructuración del Sistema Estatal Anticorrupción y de los organismos que los conforman, como son el IMIPE, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la Fiscalía Anticorrupción y los órganos de control interno.

"Como están estas designaciones no va a funcionar el Sistema Estatal Anticorrupción; tenemos un fiscal que está puesto a modo, que no funciona; una auditoría que no trabaja... No funciona el Tribunal de Justicia Administrativa porque están puestos a modo, no funciona la Fiscalía, en general no funciona nada... Es una simulación", sostuvo.

 

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