Vaya recepción que le están dando al nuevo secretario de gobierno. Si para Matías Quiroz Medina su prueba de fuego fue la toma de la autopista en Tres Marías, todo parece indicar que para Samuel Sotelo Salgado lo será el municipio indígena de Xoxocotla, donde deberá poner en práctica toda su capacidad tanto académica como política, pues la historia nos demuestra que ese pueblo es un polvorín que en cualquier momento puede explotar.

Sólo los oriundos de esta entidad, o quienes llegamos hace más de 40 años, sabemos de aquel episodio ocurrido el 23 de enero de 1989, cuando dos grupos se disputaban la ayudantía municipal y el entonces gobernador Antonio Riva Palacio López les mandó a la Policía Rural para que impusiera el orden a toletazos. No lo hubiera hecho.

La trifulca tuvo como resultado dos pobladores de Xoxocotla muertos. Fue necesario que acudiera personalmente el mandatario a negociar con los pobladores, ordenando por principio de cuentas la destitución del jefe de la Policía Rural, de nombre Venustiano Vázquez, quien además fue procesado y enviado al Penal de Atlacomulco.

“Hoy, al igual que sucedió en el siglo XVI y siglos que le siguieron hasta nuestros días, los pueblos no han parado de luchar en contra de las imposiciones, manipulaciones y despojos es que desde el ámbito gubernamental y de otros poderes fácticos. Ha habido casos en que las comunidades indígenas han ganado los juicios. A veces parece que los pueblos tienen una subordinación sin remedio. Esto puede ser una estrategia de supervivencia, pero tarde o temprano, aun después de siglos, resurge la fuerza comunitaria indígena para sacudirse lo que más vienen padeciendo”, escribió Luis Miguel Morayta en su artículo “Los usos y costumbres en los pueblos indígenas de Morelos, patrimonios en eterna disputa”, publicado en el suplemento cultural El Tlacuache en abril del 2020.

“Durante la campaña electoral al gobierno morelense, Graco Ramírez Garrido Abreu tomó como bandera la creación de municipios indígenas en este estado. Se secuestraron las historias y los anhelos de los pueblos, las volvieron promesas oficiales. Volverse municipio indígena había sido el deseo de varios pueblos originarios, pero sus los objetivos no eran los mismos de los del gobierno, al cual se sumaron algunos Presidentes Municipales, ciertos miembros del Congreso del Estado de Morelos, empresarios y funcionarios, quienes en conjunto implementaron todo tipo de estrategias y presiones, algunas en franco abuso del poder, para que se crearan y gobernaran estos municipios indígenas”, dice en otro párrafo.

Y no se equivocó el estudioso de la cultura náhuatl. Hoy el pueblo de Xoxocotla está nuevamente en disputa, pero ya no por una Ayudantía o Delegación, sino por la presidencia municipal. A la muerte por causas naturales del primer alcalde (Juan López Palacios), se suma el asesinato de quien lo sucedió en el cargo (Benjamín López Palacios), y luego el secretario municipal que estaba en funciones (Manuel Alejandro Jiménez Ponciano), así como la detención de varios jefes de la Policía, y quien sabe en que acabe todo esto.

“La política se mezcla con el poder y la ambición, variantes que se excitan al calor del presupuesto municipal y las posibilidades de hacer negocio. Y luego, la paranoia, las suspicacias que dispara la violencia: sospechas y cautelas se convierten en certezas puntiagudas”, escribió Pablo Ferri, corresponsal de El País en México, quien ha estado cubriendo el conflicto en la comunidad indígena morelense.

De hecho, Ferri habló con Jiménez Ponciano días antes de que fuera asesinado y éste le confió que estaba seguro que él sería el siguiente en morir.

-Estoy preparando una declaración que en su momento una persona de mi confianza le hará llegar. No puedo decir nada. Si llegara a sucederme algo, con la declaración se aclara todo- , decía el mensaje escrito por el hoy occiso al periodista de El País.

- Manuel, ¿no sería mejor que saliera de ahí por un rato?- le sugirió Ferri.

- Lo estoy analizando, pero necesito recabar más información. Y sé que tal vez eso solo complique todo. Pero si me permite una declaración: El móvil del crimen tiene que ver con el lavado del dinero de un cartel.

Sin embargo, el propio corresponsal de El País admite que no ha encontrado ningún otro indicio de lo que le declaró el secretario municipal antes de ser asesinado.

“En este tiempo, ha sido imposible hallar prueba alguna de que un cartel o cualquier tipo de organización criminal haya tratado de usar Xoxocotla como lavadora. O de que un grupo delictivo, local o foráneo, haya tenido que ver con los asesinatos. La Fiscalía tampoco lo ha hecho. Tampoco hay pistas sobre los sicarios, aunque sí mil rumores. En un pueblo de 15.000 habitantes, donde los dos crímenes más relevantes en décadas ocurrieron a plena luz del día, en el mismo centro, no hay testigos que hablen”, es la definición que traza el reportero español en su reportaje “Todos los muertos de Xoxocotla”.

El pasado jueves ocurrió un nuevo capítulo de esta historia, cuando vecinos que apoyan al líder de uno de los bandos en pugna, Abraham Salazar, sitiaron el Palacio de Gobierno de Morelos, en Cuernavaca. Exigían que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, les recibiera, a pesar de que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para involucrarse en un asunto netamente electoral.

Los xoxocotelenses rodearon el inmueble y lanzaron cohetes a las puertas. La policía, que resguardaba el edificio, respondió con gases lacrimógenos. En un comunicado, el Gobierno estatal señaló que “los daños al inmueble fueron cristales rotos y cerraduras de los principales accesos del Palacio de Gobierno, que fueron destruidas”.

Y aunque no les corresponde directamente, el pasado primero de julio autoridades del Ejecutivo estatal, a través de la Dirección General de Gobierno, se reunieron en Palacio de Gobierno con los grupos representados por Abraham Salazar Ángel y Raúl Leal Montes.

Según un comunicado oficial, a finalidad fue establecer el diálogo y los canales de comunicación que permitan generar estabilidad política y social en el municipio, además de escuchar las necesidades expuestas por los ciudadanos.

“Ambas partes, Abraham Salazar Ángel y Raúl Leal Montes, se comprometieron a respetar el resultado de lo que tenga a bien resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con motivo de la elección de sus autoridades municipales. En ese sentido, acordaron mantener el respeto y abstenerse de realizar movilizaciones y actos de violencia al interior y al exterior de su municipio, abonando a la estabilidad política y social que los habitantes que representan se merecen”, dice el boletín.

Eso es lo que dijeron, falta que lo cumplan. El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, debe pecar de desconfiado en este y todos los asuntos en los que intervenga en su calidad de encargado de la política interior de la actual administración.

En otros tiempos el gobierno estatal tenía agentes infiltrados (orejas, les llamaban) en todos los municipios. Esperemos que sigan existiendo, y si no, bien harían en rehacer ese departamento, una especie de “CISEN” en chiquito, que se encargue de adelantarse a los conflictos sociales.

HASTA MAÑANA.