A pesar del inusual apoyo mediático que le han proporcionado en el Congreso, la solicitud de juicio político firmada por los ciudadanos Alexis Jair Velazco Alcocer y Luis Ignacio Reyes Andraca en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no tiene nada que no se haya manejado ya en los medios de comunicación o en anteriores demandas que permanecen en el archivo de la Cámara de Diputados.

Es, por así decirlo, una “denuncia de chocolate”, a la que los actuales diputados han dado un trato preferencial. Su oficina de comunicación social ha generado por lo menos tres boletines en torno a este asunto, el último de ellos con varias inexactitudes.

“El presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandro Martínez Bermúdez, acompañado por las diputadas Paola Cruz Torres y Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, recibió a los promotores de la Denuncia de Juicio Político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tras ratificar su recurso ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado”, dice.

Agrega que “la denuncia fue interpuesta por la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México y la Barra de Abogados del estado de Morelos, a través de sus presidentes, respectivamente, Luis Ignacio Reyes Andraca Domit Ayub y Alexis Jair Velasco Alcocer”.

Nada más falso.

El escrito recibido el 12 de junio en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios de la LV Legislatura dice claramente que “Alexis Jair Velazco Alcocer y Luis Ignacio Reyes Andraca, por nuestro propio derecho y en nuestro carácter de ciudadanos morelenses”, nunca menciona que en representación de ninguna asociación de litigantes.

Quizás sea porque no pudieron acreditar la existencia de dichas personas morales. Como ya lo habíamos mencionado en columnas anteriores, Alexis Jair representa a una pequeña agrupación conformada por sus hermanos y miembros de su despacho, resultado de la escisión de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. que ocurrió en 2020 como consecuencia de que Cristhian Iván Velazco Alcocer se reeligió indebidamente en el cargo y posteriormente dejó a su hermano.

El presidente de la auténtica Barra, Fabián García, inmediatamente aclaró en sus redes sociales que los hermanos Velazco Alcocer no pertenecen a su agrupación, la cual tiene varias décadas de existencia.

Por cuanto a Luis Ignacio Reyes Andraca (así aparece en su credencial de elector, lo de Dumit Ayub se lo pone para darse más caché), dice ser presidente de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, una agrupación que en caso de que exista, no tiene afiliados.

Luego entonces, quitémosle lo de “abogados representantes de asociaciones” y dejémosla simplemente en “la denuncia de Jair e Ignacio”, así como en su momento interpuso una solicitud el abogado Enrique Paredes Sotelo y anteriormente otra firmada por un grupo de litigantes.

Ahora bien, no debemos de perder de vista que el juicio político no es un procedimiento constitucional, ni penal, ni civil, ni administrativo, sino POLÍTICO.

Esto significa que no importa tanto los hechos que le imputan, ni tampoco la veracidad de los mismos, sino el número de votos a favor de que proceda.

Y es que las causales de juicio político que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos son tan ambiguas como relativas:

Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; afectar la soberanía del Estado; atacar las instituciones democráticas; la usurpación de atribuciones; la violación grave a las garantías de los gobernados; el abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado; las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o municipal; e incurrir en responsabilidad declarada por el Senado de la República en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso es que los últimos 25 años de la vida política de Morelos ha estado marcada por los juicios políticos a los que han sido sometidos los gobernadores en turno. Recordemos que el primero en ser sometido a este procedimiento especial fue el gobernador Jorge Carrillo Olea. Mucha gente se quedó con la idea de que el general había sido destituido del cargo como consecuencia del juicio político.

La realidad es que Carrillo Olea pidió licencia el 15 de mayo de 1998 por voluntad propia, y el juicio político que le incoaron continuó por dos años más hasta que finalmente fue exonerado. Las causales que le imputaban eran cuestiones triviales como constituir un fideicomiso de inversión para el que no se solicitó la autorización del Congreso, designar como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia a una persona (Fernando Blúmenkron Escobar) que no tenía la edad requerida y condonar el impuesto predial a burócratas, entre otros.

Es decir, una causal de juicio político puede ser todo o nada, dependiendo de la voluntad de la mayoría de las diputadas y los diputados. Generalmente este recurso político ha sido usado para “espantar” al gobernador en turno y forzarlo a que acceda a determinadas pretensiones.

El escrito de 175 fojas que los abogados presentaron el pasado lunes y que fue ratificado ayer, puede tener como desenlace una declaración de procedencia por parte de la actual legislatura, pero no por lo contundente de sus argumentos, sino simplemente porque así lo determinen las dos terceras partes del Pleno por sus filias, fobias o intereses personales.

Recordemos que el actual gobierno interpuso una petición de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez, dentro del plazo de un año después de concluir su mandato, como lo establece la Ley.

A ese documento nunca se le dio trámite. No resolvieron si era culpable o inocente, simplemente no lo turnaron para su análisis. Por eso insistimos en que el juicio político tiene una connotación eminentemente POLÍTICA.

HASTA EL LUNES.