Lo que sucedió en el estado de Veracruz fue algo tan inédito como aberrante en la historia de la procuración y administración de justicia de este país. Una jueza de 57 años de nombre Angélica Sánchez tiene al sistema —tanto estatal como federal— en su contra, al imputarle que protegió a un presunto narcotraficante de aquella entidad, al que dejó libre.

Y si decimos que tiene a todo el sistema en contra, es porque primero le fabricaron un delito para detenerla, y al no poder acreditarlo tuvieron que dejarla en libertad, pero la siguieron hasta la ciudad de México donde elementos de la Guardia Nacional, en perfecta coordinación con policías de Veracruz y de la Fiscalía de la Ciudad de México, la detuvieron la mañana del pasado viernes.

En una entrevista con Adela Micha, la jueza denunció que la primera se trató de una detención ilegal, que fue torturada psicológicamente y que le hicieron disparar un arma de fuego para tener pruebas contra ella:

“Dijeron que había disparado en contra de policías, lo que es absurdo y falso. Cuando me levantaron los policías porque fue sin una orden de aprehensión en Xalapa, me subieron a una patrulla a empujones, me esposaron y me llevaron al cuartel de San José, ahí me tuvieron incomunicada cinco horas con la cabeza cubierta, me insultaron, me agredían y me decían que yo tenía que firmar [un papel que estaba] en blanco. En un patio me hicieron disparar un arma chiquita (...) el elemento me sujetó la mano, me jaló el dedo [del gatillo]. De ahí recogieron los casquillos y esos son los que están en cadena de custodia”, señalaba la jueza unos días antes de ser detenida por segunda vez.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a la jueza de tener nexos con un presunto delincuente y de recibir un soborno para dejarlo en libertad. “He solicitado que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”, manifestó García en una conferencia de prensa.

 El pasado 21 de agosto, la jueza decidió no vincular a proceso a Itiel Palacios García, conocido como el Compa Playa, señalado como el responsable del asesinato del diputado local del PRI Juan Carlos Molina, en 2019. El Compa Playa quedó en libertad pese a los intentos de la Fiscalía de Veracruz de que el tribunal dictara la vinculación a proceso y mantenerlo en prisión preventiva.

Sánchez Hernández había viajado a la capital con su hija para recibir un homenaje en la Cámara de Senadores y para buscar una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que representa en estos momentos la única institución que no está bajo las órdenes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, la juzgadora veracruzana está en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica por tráfico de influencias y “delitos contra la fe pública”.

En este asunto, tan preocupante resulta el trato que le están dando a una juzgadora (mujer, casi de la tercera edad) tanto la Fiscalía de Veracruz como el Poder Judicial —seguramente con el aval del presidente de la República—, como la posibilidad de que el crimen organizado haya infiltrado a los jueces.

Y es que, de acuerdo a lo dicho por el gobernador Cuitláhuac, Itiel “N”, alias “Compa playa”, ha intentado corromper en varias ocasiones el Poder Judicial puesto que usa su “poder económico” y reiteró que se tiene que evaluar la actuación de los jueces.

“Tiene un peso económico muy fuerte que ha pretendido presuntamente corromper en varias ocasiones el Poder Judicial en general, lamentablemente algunos jueces federales presuntamente se prestan a estos manejos para lograr liberarlos. Nunca he visto a estos jueces defender a un pobre que no tiene ni para su abogado defensor, defienden a los poderosos económicamente”, dijo.

La jueza Angélica "N" no es la única detenida en el estado por su presunta responsabilidad en delitos, pues el 23 de marzo de este año fue capturado el juzgador Florencio "N" supuesto culpable del delito de cohecho, de acuerdo con antecedentes respaldados por la Policía Ministerial.

En lo que va del año, son dos los jueces que enfrentan cargos y en el caso de Florencio, quien ejercía en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, se le impusieron dos años de prisión preventiva oficiosa, según el proceso penal 116/2023.

En Morelos, estuvimos o estamos cerca de vivir algo similar a lo de Veracruz. Luego de permanecer en prisión preventiva, una jueza de Morelos liberó a Luis Alberto “N”, alias El Diablo, quien había sido detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio y homicidio en contra de tres jóvenes, mismos que fueron vistos por última vez el 12 de abril en el municipio de Huitzilac.

La resolución de la jueza Alejandra Trejo Reséndiz no fue compartida por la fiscalía general de Morelos, que consideró que esto representó una violación al debido proceso, pues los indicios obtenidos con base en las primeras investigaciones señalaban a El Diablo como el presunto responsable de la muerte de dos hermanos y una mujer.

Por ello, la fiscalía dio a conocer que interpuso una denuncia contra Alejandra Trejo al considerar que cometió un error al dejar a El Diablo en libertad. “Consideramos que la jueza excedió sus atribuciones y, aplicando un criterio erróneo, favoreció al imputado”.

Ahora hay un sospechoso silencio sobre el tema. Ya nadie dice nada de “El Diablo” (a quien pareciera que se lo ha tragado la tierra, cuando la FGE pudo haberle puesto vigilancia permanente).

Y de la jueza Trejo Reséndiz tampoco se dice nada. Ni siquiera la Asociación de Jueces del Estado, que recientemente quedó en manos de la jueza Sandra Gaeta Miranda. Ni la exoneran, ni judicializan su carpeta. Digamos que Alejandra Trejo está “en el limbo”.

HASTA MAÑANA.