Jueves, 09 Octubre 2014 19:00

Iguala: “es un complot”

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El Partido de la Revolución Democrática ha logrado construir una estructura que al incluir combinaciones “peligrosas” logra triunfos inobjetables en las urnas cada vez con mayor frecuencia.

La capacidad para gobernar respetando sus documentos básicos y, sobre todo, involucrando en el cumplimiento de su plataforma a los candidatos al momento de desempeñar la función pública, es un tema al que no le dan ni pretenden darle mayor importancia.

José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda estuvieron al frente del gobierno del municipio de Iguala, Guerrero, desde 2012, la noche del 26 de septiembre la corporación policiaca bajo sus órdenes, agredió a un centenar de ciudadanos (estudiantes, deportistas y pobladores), aquel abuso de autoridad es investigado, las causas primarias que lo originaron pueden reconocerse dentro de las exposiciones de corrupción impunidad y cinismo que caracterizan a algunos gobiernos.

“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”: Emiliano Zapata.

El nuevo dirigente nacional de esa organización, Carlos Navarrete, acudió a la ciudad donde se elaboró la bandera nacional, para pedirle perdón a la población en una actitud incongruente con los orígenes de un partido que surgió del compromiso de impulsar y proteger la libertad y los derechos ciudadanos, incluida la posibilidad de externar su inconformidad con la autoridad y que hoy, luego de una “serie de alianzas peligrosas” construye un proyecto excluyente que privilegia el crecimiento del grupo que encabeza Jesús Ortega

Prevenir conductas ilícitas que desde la autoridad se han cometido en mayor o menor medida a lo largo de la historia, es el gran reto que enfrentan las sociedades modernas que pretendan consolidar algún proyecto de nación, los gobiernos que surgen desde el PRD se auto promueven como progresistas, sin embargo en el tema de la corrupción, la impunidad y el cinismo, son tan conservadores como el Partido Acción Nacional y tan autoritarios como el Partido Revolucionario Institucional, existen siete organizaciones más que son apéndices de las tres más grandes.

En 1968, un grupo de jóvenes provocó la movilización de toda su generación cuando acordó exigirle al gobierno que eliminara el delito de disolución social del código penal, lo cual se realizó tres años después. Un grupo de jóvenes de una de las instituciones educativas involucradas en la demanda de hace 49 años, (el Instituto Politécnico Nacional, IPN), vuelven a movilizar a toda su generación.

En esta ocasión le presentaron un pliego petitorio a las autoridades en el que reclaman el libre tránsito por todos los planteles del IPN, ya que hoy los alumnos de una escuela no pueden ingresar a otro plantel, los elementos policiacos que custodian las instalaciones y salvaguardan la vida de los integrantes de esa comunidad, tienen instrucciones de que los jóvenes  no puedan ingresar más que al plantel al que pertenecen.

Hoy por ejemplo, los estudiantes de la ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica), no pueden acudir a realizar ninguna actividad a la ESIA, (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura). Hasta hace 43 años, el gobierno les prohibió reunirse libremente, porque se temió que se organizaran para protestar contra el autoritarismo gubernamental. Hoy se les limita el libre tránsito entre los diversos planteles de su propia institución educativa.

Al margen de este reclamo y el que involucra al plan de estudios, un tema relevante del pliego petitorio es la revisión de cuentas del ejercicio presupuestal del IPN durante los últimos dos años, ya que sospechan hay excesos cometidos por la administración que concluyó en los últimos días.

Este miércoles se realizaron expresiones de inconformidad en diversos puntos del territorio nacional, en cada una además del tema central, la exigencia de que el gobierno de Guerrero presente con vida a los normalistas desaparecidos, se agregaron los temas locales: en Morelos los universitarios exigen seguridad pública, se integraron además los pobladores de Huexca inconformes con la instalación de una termoeléctrica y que denuncian que la constructora no cumple con puntualidad con el pago de los salarios de quienes colaboran en la construcción, además de los grupos que exigen que no criminalice la movilización ciudadana.

Esta expresión legítima de la generación de los indignados, se ve contaminada como todas las participaciones sociales, por la intromisión de los intereses “obscuros” de los partidos políticos y de quienes pretenden ser candidatos por los mismos, pretende convencer a la sociedad de que por ejemplo Angel Aguirre Rivero, es el culpable de esa desaparición.

 

RESPONSABILIDAD PÚBLICA

La diferencia entre la denuncia por la comisión de un exceso gubernamental para exigir la reparación del daño a favor de los agraviados y señalar como culpable de la comisión de un delito a un servidor público para lograr objetivos personales, de grupo o a favor de un partido político, es la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilidad.

El 26 de septiembre, un funcionario público dio una orden para que se reprimiera una inconformidad social, el Estado debe aplicar la ley, para castigar a quienes desde el poder dieron la orden y quienes la interpretaron actuando contra casi un centenar de pobladores.

Llevar la inconformidad ciudadana que exige la aplicación de la ley, hasta el nivel de señalar a una autoridad o a una organización porque uno de los integrantes y empleado abusó de las atribuciones y de la confianza que le fue conferida, invariablemente advierte la intención del promotor de imitar la conducta que acusa.

El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, dejó satisfechos a sus correligionarios cuando le pidió perdón a la sociedad de Iguala. A los no perredistas y a los habitantes de Iguala, los decepcionó al no incluir el compromiso de evitar que la organización que se fundó hace 25 años denunciando la corrupción, el cinismo y la impunidad gubernamental, hoy esté contaminado de esos males.

José Luis Abarca es uno más de la amplia lista de simpatizantes y militantes del PRD que se han visto involucrados con quienes realizan actividades violentas al margen de la ley, (la sociedad y los medios de comunicación deben reflexionar sobre la posibilidad de desechar el concepto crimen organizado, por que advierte que se vive en un estado desorganizado).

Previo a este “escándalo”, están: Julio César Godoy Toscano, medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que ganó en 2009 una diputación federal, pero antes de la toma de protesta la PGR lo acusó de tener vínculos con la familia michoacana. Un juez giró orden de aprehensión en su contra, y hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Carlos Reyes, presidente del comité estatal del PRD en Guerrero y su hermano Crescencio Reyes Torres, presidente municipal por el mismo partido del municipio de La Unión fueron señalados por Servando Gómez Martínez, “la tuta” líder de los caballeros templarios, de tener vínculos con el narcotráfico.

La senadora Iris Vianey Mendoza, fue señalada por José Manuel Míreles, ex líder de las auto defensas, por supuestamente gestionar un visita a la Cámara Alta para un grupo de los caballeros templarios.

El ex candidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, fue detenido en el 2010 por presuntos vínculos con los zetas, fue liberado por falta de pruebas, luego fue detenido por lavado de dinero y también fue liberado por falta de pruebas.

La lista de servidores públicos que sirven a quienes violentan la ley involucra a funcionarios y representantes de todas las fuerzas políticas que han gobernado alguna entidad, desde la consignación y persecución del jefe de la policía de la capital del país, Arturo Durazo Moreno y de su subalterno Francisco Sahagún Vaca, en 1983 las dirigencias del PRI, del PAN, y los partidos de izquierda que antecedieron al PRD, se han comprometido en todas las campañas en todos los ámbitos, municipales, estatales y para representantes populares a eliminar la intromisión de los delincuentes en la vida política del país, y en cada gobierno la sumisión de los servidores públicos es cada vez mayor.

El estado de Morelos no queda al margen: durante el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, se consignó al Secretario de Seguridad Publica en funciones Luis Angel Cabeza de Vaca,  que por colaborar con delincuentes fue sentenciado.

La investigación por la que fue detenido y sentenciado, incluye la captura de delincuentes en una propiedad que se ubica a menos de 500 metros de la casa de gobierno.

 

EL COMPLOT CONTRA AMLO

En 2004, el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal fue grabado cuando apostaba en un casino de Las Vegas. Por otro lado el entonces presidente de la mesa directiva de la Asamblea de Representantes de la capital de país, René Bejarano, fue grabado cuando recibía fajos de billetes amarrados con ligas del empresario Carlos Ahumada. Bejarano declaró que el dinero lo entregó a la entonces presidenta del PRD Rosario Robles, quien renunció al liderazgo y posteriormente a la organización. Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, también recibió dinero del empresario argentino. Todos esos funcionarios fueron considerados en su momento los hombres cercanos a Andrés Manuel López Obrador, que cuando condenó aquellas acciones dijo “todo es un complot”. La expresión trascendió.

Durante todo el gobierno de Felipe Calderón, el candidato del Partido de la Revolución Democrática en 2006, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existió un complot en su contra en el que estuvieron involucrados un importante número de hombres de negocios, líderes de partidos políticos, integrantes de empresas de comunicación y hasta ex presidentes.

En 2011, la revisión de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos y revelados por WikiLeaks estableció que el complot en contra del tabasqueño involucra a tres personajes: un funcionario financiero, uno electoral y un jerarca de la Iglesia

Todos desfilaron por la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien en 2006 encabezaba las preferencias electorales para ganar la presidencia.

La minuciosa exploración de Reporte Índigo en los miles de cables de WikiLeaks correspondientes a México que no han sido revelados ni editados, revela a tres personajes claves del complot.

El primero es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2010. De acuerdo al cable 06MEXICO3309, clasificado como “confidencial”, Sánchez Gutiérrez, a quien la embajada califica como un consejero “con poco amor hacia López Obrador”, se presentó días antes de la elección presidencial en las oficinas de la representación del gobierno de EEUU en México.

Ahí informó que los resultados de los comicios que se realizarían el 2 de julio de 2006 no se darían a conocer ese día y que AMLO perdería la elección por pocos votos. También abogó por la causa del candidato del PAN Felipe Calderón.

El segundo es José Sidaoui, subgobernador del Banco de México de 2006 a la fecha, quien por ser servidor público tenía prohibido hacer proselitismo usando su cargo.

Según el cable 06MEXICO820 sin clasificar y “sólo para uso oficial”, cuatro meses antes de la elección, Sidaoui hizo una advertencia a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México.

Dijo que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, “gobernaría como Hugo Chávez en Venezuela” y que no sólo representaba una “amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica”.

La trama se complementa con las acciones del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

El cable 06VATICAN60, revela que el “influyente cardenal de América Latina” asistió en marzo de 2006 a la Embajada de EU en el Vaticano.

 Ahí manifestó su preocupación “por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”, enumerando desde Fidel Castro hasta López Obrador. Dijo que era “una tendencia peligrosa” y pidió directamente la “ayuda” de George Bush para evitar que un gobierno izquierdista asumiera la Presidencia de México.

 

EL COMPLOT CONTRA LOS PARTIDOS

El Partido Acción Nacional se fracturó luego de que Felipe Calderón es “destapado en Jalisco como candidato a la presidencia sin consultarlo con el entonces presidente Vicente Fox. Al cierre de la campaña escribió un libro “el hijo desobediente”, donde relata su versión sobre cómo logró la nominación. Calderón fue dirigente del PAN cuando Vicente Fox fue candidato presidencial en el 2000; en 2012, Vicente Fox criticó a su sucesor y apoyó al abanderado priísta Enrique Peña Nieto.

En 1988, fue candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional el empresario sinaloense Manuel J. Clouthier. En sus memorias, Felipe Calderón señala que conoció a su esposa Margarita Zavala durante una conferencia de quien logró interesar a los jóvenes en un partido que era considerado de exclusiva militancia religiosa y financiera.

En 1997, Calderón asume la dirigencia nacional del PAN y logra revivir y provocar la simpatía hacia los candidatos de su organización. En Morelos, logra el triunfo de su candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, tres años después y teniendo como candidato a la presidencia al ex gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quezada, logran asumir el poder ejecutivo federal en el país y en Morelos. En 2005, siendo secretario de despacho inicia su propia trayectoria en busca de la candidatura presidencial.

Logra rendir protesta luego de obtener un resultado que fue reconocido como legal pero que más de 14 millones de votantes siguen considerando como ilegítimo.

Desde el Congreso, los partidos de oposición responsabilizaron y castigaron a los medios de comunicación electrónicos de “legitimar un triunfo espurio”, modificaron el marco jurídico y hoy las empresas de comunicación no pueden establecer convenio comercial para difundir los proyectos y las propuestas de los candidatos y los partidos.

El PRI tenía dos precandidatos, uno era el dirigente nacional Roberto Madrazo Pintado y otro Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México. Se revelaron públicamente una serie de documentos en los que se advertía la corrupción y la impunidad con la que dicen manejó el gobierno del Estado de México, lo que ocasionó el divisionismo de esa organización en un importante número de entidades.

Fue registrado como abanderado a la presidencia el ex gobernador de Tabasco y líder del partido, para un proceso en el que por primera vez en su historia, el PRI se convirtió en el tercer lugar.

Los documentos “filtrados” desde los archivos de la Embajada de Estados Unidos en México, y la conducta de los aspirantes a candidaturas y las dirigencias de los partidos políticos, confirman que el único “complot” que impacta en el resultado que pueden obtener en los procesos electorales, es el alto nivel de corrupción, impunidad, cinismo y traición que registra cada una de esas organizaciones.

Impacta más en el ánimo de los votantes el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades en turno que los señalamientos que en su contra puedan realizar un líder religioso, un funcionario electoral o un empleado financiero.

El verdadero complot contra quienes pierden una elección se origina en la corrupción, impericia, torpeza y excesos de los abanderados, sus familiares y sus equipos de campaña.

 

EL COMPLOT EN IGUALA

Desde Huitzilac hasta Acapulco, existe una región integrada por un grupo de comunidades que tienen más coincidencias que diferencias. Una de las razones por las cuales hoy en Morelos gobierna en PRD es porque previamente esa organización logró triunfar en el Distrito Federal y en Guerrero.

Como parte de su “estrategia”, en la reuniones con el gobierno federal, las autoridades del Sol Azteca se presentan como un bloque en el que también están incluidos los gobiernos de Oaxaca y Tabasco.

El 7 de junio de 2015 se realizan elecciones en 17 estados, entre ellos Guerrero, donde se renuevan el gobierno estatal, los 81 municipios y los 46 escaños del congreso local.

En Morelos y en Tabasco se renuevan los municipios y el congreso local, y en el Distrito Federal 16 delegaciones y los 66 espacios de la Asamblea de Representantes.

El presidente municipal prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, era empresario en aquella localidad, cuando lo impulsaron como abanderado “ciudadano” el grupo del actual Secretario de Salud en la entidad, en aquel momento senador por el PRD Lázaro Mazón Alonso, a quien ya ubican como candidato a la gubernatura por Morena.

La esposa del edil, María de los Angeles Pineda Villa, es hermana de “el borrado”, Alberto o Antonio Pineda Villa y de Mario Pineda Villa, ambos asesinados en Morelos en 2009. En ese momento la Secretaría de Seguridad Pública advirtió que se trató de dos operadores de los hermanos Beltrán Leyva, dedicados a actividades delictivas en ambas entidades.

Ángel Aguirre Rivero se convirtió en candidato del Partido de la Revolución Democrática cuando no logra la nominación por el PRI. Era senador por ese partido y fue gobernador cuando sustituyó a Rubén Figueroa, quien pidió licencia luego del “caso Aguas Blancas" de 1995.

En su gobierno se desempeñan perredistas y priistas que hoy buscan ser candidatos en alguno de los más de 120 espacios que se contenderán el año próximo, en el los cuales triunfa indistintamente el aspirante de alguna de estas dos organizaciones.

Desde que perdió el gobierno de Morelos en 2012, el PAN es en el sur del país una organización testimonial que impacta en el resultado en la medida en la que disminuya la simpatía electoral por alguna de las otras dos organizaciones.

Según los estudiosos de los temas electorales, la inexistente participación de Adrián Rivera como candidato del PAN al gobierno de Morelos fue definitiva para que el triunfo lo lograra el candidato del PRD Graco Ramírez, sobre el aspirante priista Amado Orihuela Trejo, (esa es una de las razones por la cual el líder campesino tiene “amarrada” la candidatura a una diputación federal; otra importante es que “aseguran” tiene un liderazgo que le garantiza el triunfo en la contienda constitucional).

Esta semana ya inició el proceso rumbo a la elección del 7 de junio de 2015 y entre los datos que trascendieron en la presente semana, destaca el acuerdo que aseguran ya logró la dirigencia de Carlos Navarrete para que el gobernador de Guerrero Angel Heladio Aguirre Rivero no sea separado del cargo, ya que no tiene responsabilidad legal y si él no fue quien determinó que fuera candidato a la alcaldía del Iguala, tampoco tiene responsabilidad legítima.

La permanencia de un gobernador que enfrenta una situación extraordinaria como la actual, tiene un importante impacto en el ánimo de los votantes.

UnióndeMorelos

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