Ni Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del gobierno capitalino, ni el resto de mandatarios lo han precisado así, pero dicha señal tiene que ver con el aberrante uso del Ejército como corporación encargada de prevenir el delito, circunstancia ajena a las tareas que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que le ha generado una grave erosión a nivel internacional. Esto fue percibido por millones de mexicanos durante el “Caso Hank”, cuando la milicia cumplió el rol de perseguidor político.
Ambos funcionarios morelenses comenzaron el lunes un operativo denominado Conago-1, respaldado desde luego por el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, quien es uno de los más fuertes impulsores de la multicitada agrupación de gobernadores en todo el país. Asimismo, recuerden ustedes que el propio Adame estuvo entre los primeros mandatarios que hablaron sobre la necesidad de construir las bases de una policía nacional, tema enarbolado después por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el poderoso secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Un dato adicional: la propuesta de MAC fue avalada en su momento por José Natividad González Parás, quien fuera gobernador de Nuevo León. Así las cosas, no es remoto que la reciente coordinación de gobiernos estatales mediante el plan Conago-1 sea un experimento y fructifique hacia la conformación de la policía nacional, sin intentos autoritarios del centro antidemocrático de este país. Al menos en la región central de la República, donde se encuentran localizados Morelos, el DF y el Estado de México (las entidades federativas más atractivas para el crimen organizado y la delincuencia común), son perceptibles los esquemas de coordinación, de lo cual habló ayer en diferentes foros el general Toledano Sánchez.
Hoy retomaré parte de lo declarado por el secretario de Seguridad Pública de Morelos respecto al reagrupamiento de células delincuenciales tras su descabezamiento, más no de su desarticulación. Una cosa y otra son diferentes. Prueba de ello es que la aprehensión de quienes participaron en el artero asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega (hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín) y seis personas más mitigó la acción de los grupos que ellos comandaban, propiciando incluso la disminución del narcomenudeo, pero también el incremento de los delitos patrimoniales, mismos que generan una delicada percepción de inseguridad pública. Contra eso deben trabajar ahora, bajo rigurosa coordinación, todas las policías de la zona centro del país, pero de manera particular la SSP estatal y sus homólogas municipales en Morelos. Eso es lo que a nosotros nos interesa.
Y como jamás se ha logrado la desarticulación de todas las bandas delincuenciales (el cártel de Sinaloa existe desde la década de los años 40), el general Toledano fue realista al admitir que todavía pululan células criminales vivas, las cuales aprovechan las envidiables condiciones geográficas de nuestra entidad federativa para expandirse. Aquí quería llegar, en el ánimo de demostrar que el escenario criminal se modifica eventualmente, en determinadas épocas, para volver a quedar igual o peor. Desglosemos.
Debo remontarme ahora al 5 de agosto de 2001, cuando trascendió el Mapa Delictivo de la República Mexicana elaborado por el todavía existente Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), fundado por el morelense Jorge Carrillo Olea en 1993. Aquel material fue presentado a los procuradores de justicia del país en el marco de la Primera Reunión Nacional de Combate a la Delincuencia Organizada celebrada el 2 de agosto de 2001 en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí se dijo que de las 32 entidades federativas, sólo en Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro no había centros de operación de las principales organizaciones de narcotraficantes que hay en México. Allá y entonces y sin su líder, el malogrado Amado Carrillo Fuentes, el “cártel” de Juárez era la organización número uno del tráfico de estupefacientes, ya que de acuerdo con el mapa poseía zonas de influencia en 17 entidades: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Morelos y Distrito Federal.
El documento permitió establecer las rutas del narcotráfico en México, a partir de que los principales centros de ingreso de enervantes al territorio nacional se localizaban en Cancún, Mérida, Villahermosa, Tapachula, Veracruz, Puerto Escondido, Acapulco, Colima, Puerto Vallarta, Mazatlán, Guaymas y La Paz. Empero, este es el mismo escenario de la actualidad, referido ayer por Gilberto Toledano Sánchez. Y tocante al caso concreto de Morelos es importante señalar que los factores físico-geográficos posibilitan la producción y el tráfico de estupefacientes. La colindancia con algunas regiones de Guerrero que se caracterizan por su grave problemática en el trasiego, constituyen para nuestra entidad riesgos dentro del ámbito y problemática del narcotráfico. Luego seguimos con este tema.