Vayamos, pues, a enero de 2002 con Sergio Estrada Cajigal Ramírez como gobernador en turno. Después de un año de aciagas relaciones entre el mandatario y su secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, con las dos principales organizaciones de ruteros de la capital morelense, algunos actores políticos de la época generaron expectativas sobre los permisionarios del transporte colectivo para incrementar sus tarifas al iniciarse aquel año. ¿Quién o quiénes? La respuesta se encontraba en lo discutido y acordado durante una reunión que el 20 de agosto de 2001 sostuvieron los entonces presidentes del PRI y PRD, Maricela Sánchez Cortés y Pedro Delgado Salgado, respectivamente, con los dirigentes de Rutas Unidas de Cuernavaca, José Luis López Bustos, y la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno y los diputados locales Víctor Hugo Manzo, coordinador parlamentario del PRI; José Luis Correa, coordinador de la bancada perredista; Jorge Messeguer Guillén, también legislador del PRD; Vinicio Limón Rivera, secretario general de la Federación de Trabajadores de Morelos; y Basilides Nava Ariza, ex secretario general de la Sección 19 del SNTE.

2.- Dichos personajes discutieron respecto a las tarifas, pactando extender la de 3.50 pesos hasta diciembre, pero también recibiendo los ruteros la promesa de Becerra para incrementar en enero los pasajes mediante estrategias conjuntas. Llegó la temporada decembrina sin ninguna acción concertada y planeada; los permisionarios se enojaron ante lo que consideraron “la cerrazón y burla oficial”, y por sus pistolas subieron las tarifas el 2 de enero de 2002 provocando la reacción negativa de las autoridades estatales, los usuarios, grupúsculos chafas y políticos oportunistas. El 7 de enero de 2002 hubo un nuevo encuentro entre miembros de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso, dichos líderes transporteriles, Becerra y otros metiches. El secretario de Gobierno evitó contraer cualquier compromiso respecto al aumento tarifario y ratificó la posición oficial de impedir a toda costa un incremento arbitrario a los 3.50 pesos, así como la posibilidad de cancelar concesiones si los prestadores del servicio volvían a paralizarlo como ocurrió el 3 de enero.

3.- Evidentemente vino la ruptura con Eduardo Becerra, mientras López Bustos y Rivera Jaimes se replegaron orientando sus acciones hacia el Congreso Local para encontrar ahí una “nueva política pública” en materia de transporte (supuestamente). Desde luego, su búsqueda de apoyo entre los diputados locales tenía un fondo político. Para mediados de 2001, cuando Becerra ya estaba polarizado con las multicitadas agrupaciones de ruteros, mandó recabar información sobre el perfil de algunos dirigentes transporteriles. El siguiente texto estaba contenido en una tarjeta informativa fechada el 11 de septiembre de 2001 y se refiere únicamente a Dagoberto Rivera Jaimes quien, hoy en día y después de casi 15 años, sigue al frente de la Federación Auténtica del Transporte: “Federación Auténtica del Transporte, presidida por Dagoberto Rivera Jaimes. Su organización controla 864 microbuses, y a los permisionarios se les considera de línea dura. Tienen presencia en Cuautla y Jojutla. Dagoberto Rivera Jaimes simpatiza con el Partido de la Revolución Democrática”. Años más tarde el tenebroso Dagoberto quiso ser diputado local por el sol azteca sin conseguirlo.

4.- En otra ocasión transcribiré los nombres de otros personajes ligados al transporte público con y sin itinerario fijo cuyos nombres figuraban en la citada tarjeta informativa, pero hoy quiero hacer hincapié en el eterno presidente de la Federación Auténtica del Transporte, quien el lunes salió a la palestra pública para declarar que su sector impedirá la realización de una encuesta pública referente al Morebús, e insistió en que uno o varios de los hombres más ricos de México se encuentra atrás del proyecto. Etcétera. Conclusión: sin lugar a dudas Rivera Jaimes se quedó acostumbrado a presionar a las autoridades para sacar raja (permisos, pues), y como no ha conseguido nada durante el paso de Manuel Santiago Quijano por la Secretaría de Movilidad y Transporte, está retomando sus caducas y amenazantes actitudes. Sin embargo, habrá que ver la capacidad de respuesta del responsable de la SMYT.

5.- Cambiemos de frecuencia. Cualquiera que sea el sentido de la resolución que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto de la paridad de género en la asignación de diputaciones plurinominales en Morelos, es seguro que será polémica. Las posiciones están decantadas: varios caballeros ansían que la decisión del Tribunal les permita ingresar a la legislatura 53, pero también observamos a quienes, a estas alturas de la etapa postelectoral, aparecen como legisladoras electas. Dichas féminas forman parte, además, de una corriente que ha unificado a mujeres de diversas entidades del país con una problemática similar. Obviamente, las repercusiones del caso no se limitarán al territorio morelense. Este día esperamos conocer el pronunciamiento del TEPJF sobre el asunto, mientras que en los corrillos políticos de Morelos se hacen apuestas y se prenden veladoras, unos a favor de que los hombres consigan espacios en la legislatura venidera y otros porque se mantenga la asignación de plurinominales tal como la aplicó el Impepac.

6.- La liquidación de al menos 300 trabajadores de confianza será uno de los temas destacados en la reunión que diputados entrantes y salientes sostendrán este jueves. A escasos días del advenimiento de la legislatura 53, para nadie es un secreto la crisis financiera existente en el Poder Legislativo local. Quienes se van heredarán un alto número de conflictos laborales a sus sucesores por carecer de dinero para efectuar debidamente la liquidación del personal. Esto ha prendido focos rojos en el grupo llamado G-17 que a través de algunos de sus voceros, como el perredista Anacleto Pedraza o el aliancista Julio Espín, ha advertido que espera una exposición clara de las finanzas del Poder Legislativo. Al cierre de la legislatura, los diputados salientes debían cubrir el pago de la parte proporcional del aguinaldo a todos los trabajadores y proceder a la liquidación del personal que llegó con ellos, a fin de liberar plazas que puedan ser ocupadas por quienes llegarán con los nuevos legisladores, lo cual no ha ocurrido a escasos cinco días de que termine el periodo del actual Congreso… Este día sesionará la Diputación Permanente y se presume que los diputados están listos para convocar a un periodo extraordinario de sesiones que tendría lugar el próximo viernes. Los temas a tratar incluyen el contrato del gobierno estatal con la cementera Cruz Azul, reformas a la Ley Orgánica del Congreso que impactarían en la organización y el funcionamiento de la legislatura 53, y eventualmente las concesiones del alumbrado público solicitadas por diversos municipios.