Se le vincula a una red de corrupción dentro de dicho penal que permitía la salida nocturna de peligrosos reos contratados como sicarios al servicio del crimen organizado utilizando vehículos y armas oficiales. Aunque Blake y los voceros de la PGR no revelaron datos respecto de los reclusos involucrados, sí indicaron que habrían asesinado a 17 personas el 18 de julio pasado en Torreón, Coahuila.
Como era de esperarse, ya surgieron oportunistas rasgándose las vestiduras ante lo ocurrido, no sólo en dicha ciudad coahuilense, sino debido a los “vicios estructurales” que vulneran al sistema penitenciario nacional. Así, los coordinadores parlamentarios en el Senado del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, urgieron al gobierno federal y a los mandatarios locales a realizar una “revisión exhaustiva” sobre la situación de los penales en México, pues la corrupción en Gómez Palacio podría ser -consideraron- la punta del iceberg del contubernio de autoridades con el crimen organizado. Beltrones no descartó que en otros centros de readaptación exista el mismo nivel de corrupción, y Navarrete Ruiz llamó a los gobernadores a no eludir más su responsabilidad con el argumento de que la seguridad es un asunto del gobierno federal. “O se involucran los gobernadores garantizando que su sistema de seguridad camine y se coordine con el gobierno federal o se fracasará en la lucha anticrimen. Hago un llamado a los gobernadores a multiplicar su esfuerzo”, manifestó el legislador federal perredista. Sin embargo, ninguno de los dos descubre el agua tibia.
Desde 2004 se han multiplicado, documentado y expuesto ante la opinión pública los conflictos en las cárceles del país: el maltrato físico, la extorsión, los cobros indebidos, la violencia sexual, el hacinamiento, la prostitución y el narcotráfico, circunstancia latente todavía en las cárceles de Morelos, incluido el Centro Estatal de Reinserción de Atlacholoaya. Un operativo coordinado por la Agencia Federal de Investigaciones y efectuado la madrugada del lunes 23 de junio de 2008 confirmó la situación del penal de Atlacholoaya: los principales capos de las mafias mexicanas recluidos en prisiones que se supone son “modelo” por su seguridad (como la de Morelos), por disponer de cuantiosas cifras económicas tienen acceso a celulares, computadoras, internet y otros recursos tecnológicos, amén de disfrutar de buenos niveles de vida en las cárceles para mantener sus actividades delictivas, emitir mensajes y órdenes a través de familiares, abogados y custodios corruptos a fin de seguir controlando el tráfico de drogas y otras ramas de la delincuencia organizada. No se descarta que gracias a redes de complicidades como la detectada por la PGR en Gómez Palacio, algunos reos salgan a delinquir.
El denominado órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional aceptó tal problemática, de la cual evidentemente no escapa el sistema penitenciario estatal. Confirmó lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había expuesto en febrero de 2007 en su “Diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano”, donde leemos: “Es evidente la corrupción de un importante número de autoridades y funcionarios públicos de los centros de readaptación social, que permiten el tráfico y venta de licores, drogas y comercio sexual”. La CNDH destacó que en 12 años había emitido 387 recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad, salud y bienestar de la población penitenciaria, pero la mayoría no se atendió.
La evaluación indicaba que la segregación de reos seguía vigente y a los internos que han sido objeto de una sanción administrativa se les restringen temporalmente sus derechos, y “se ha constatado que se les ubica en celdas oscuras, fétidas, sucias, con fauna nociva, no se les permite bañarse y se les limitan las llamadas telefónicas”. Empero, en prisiones del DF, Baja California, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Morelos y Veracruz hay presos que gozan de privilegios como estancias amplias, la posesión de teléfonos celulares, cavas, gimnasios y aparatos eléctricos como hornos de microondas, refrigeradores y climas artificiales. ¿Y salen a divertirse?