En este momento, aseveró, no habría un proceso real de readaptación y cuando el menor (Edgar “N”) salga, volvería a caer en la delincuencia.
Más fuerte en su crítica y análisis, la ombudsman advierte que en el CEMPLA no se tiene el personal capacitado o adecuado para trabajar con menores. Las autoridades desconocen cómo se debe manejar este tipo de casos en donde hay menores que cometen este tipo de delitos tan graves. No se tiene el número de custodios adecuado, el equipamiento, el adiestramiento al personal que está a cargo de ellos, se les trata en muchas ocasiones como cualquier reo mayor de edad”.
Logramos consultar en entrevista a la licenciada Evelia Flores Hernández, directora general desde enero de 2011, precisamente de este centro que nace como consecuencia de la iniciación de vigencia de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, quien nos asegura primero que sí existen los programas, el personal, las instalaciones y la normatividad, para dar atención a cualquier adolescente allí remitido.
La abogada Evelia Flores reconoce la importancia y la grave responsabilidad que se tiene ante este caso singular, el de “El Ponchis”, sin embargo nos aclara que la observancia, el trato de cualquier adolescente que haya ingresado a ese Centro, no es visto como un delincuente sino como un sujeto que apenas inicia su desarrollo personal, sobre el cual existe trato especial para lograr que en el plazo fijado, se reintegre a su familia y a la sociedad.
La experimentada profesional, como es entendible, advierte que no existe la posibilidad de plasmar una firma o extender una garantía, que asegure el futuro en el desempeño y conductas de estos adolescentes, que una vez alcanzada la libertad iniciarán su mayoría de edad.
La ley, nos explica la funcionaria, es clara y precisa; y en efecto, ordena la protección integral, el respeto a los derechos del adolescente, su interés superior, su formación integral, y la reinserción en su familia y la sociedad. Ese es el espíritu de la norma y que debe cumplirse a cabalidad.
Tan malo es, consideramos nosotros, lanzar una acusación que tal vez cuente con fundamento, como la de la titular de la Comisión de los Derechos Humanos, al saberse que ha existido seguimiento por parte de esa institución en este caso, pero que prácticamente no da cabida a ninguna alternativa ni otorga ninguna confianza al trabajo y esfuerzo que se desarrolla por los profesionales del CEMPLA, como lo sería también apostarle todo, y creer ciegamente, que los programas y la ley tendrán efectividad por sí mismos.
Hagámosle caso a la postura de la Comisión de los Derechos Humanos pero también démosle el beneficio de la duda a quienes hoy desempeñan tan delicada función en la rehabilitación de adolescentes en proceso de internación.
Sigamos de cerca, con la alerta que Lucero Benítez nos advierte, los pasos de este caso singular y los de otros pequeños, hombres y mujeres ahí tratados; observemos, con imparcialidad y cuidado, la implementación de lo mandado por ley y preparado para atender en el CEMPLA a aquellos que la vida, por mala fortuna, los ha ubicado en ese lugar.
Exijamos todos, levantemos la voz, para que nuestras autoridades, las de hoy y las que llegarán, cumplan con el compromiso y obligación para otorgar más educación, más recreación, más deporte, más oportunidades laborales, más cultura, más tecnología, más alternativas de desarrollo familiar.
Al aire
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