El documental de Netflix Nación de Migrantes, estrenado en agosto, desentraña en seis episodios lo que se esconde tras las políticas de migración en la administración del Presidente estadounidense Donald Trump.

La serie presenta secuencias de video obtenidas por camarógrafos que se introdujeron en las oficinas del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo el país entre 2017 y 2020.

También sigue a personas agredidas por ataques de las autoridades, desde familias separadas por la política de “cero tolerancia” de Trump hasta activistas comunitarios en Florida y Carolina del Norte y un veterano indocumentado de la Marina que se enfrenta a la deportación.

Nación de Migrantes capta las cuestionables tácticas del ICE, incluida el uso de ganzúas por parte de agentes del ICE para entrar ilegalmente en residencias sin órdenes de registro y el envío de agentes migratorios a comunidades en que las policías locales se niegan a cooperar con las políticas de Trump.

Al darse cuenta de que el documental presentaría una mala imagen del ICE, el organismo incluso presionó a los productores para que eliminaran ciertas escenas y retrasaran el estreno hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en noviembre de 2020.

Aquí, InSight Crime analiza cómo Nación de Migrantes muestra los efectos de estas políticas migratorias en la industria carcelaria privada, el tráfico de personas y la seguridad de los migrantes.

Privatización carcelaria fomenta explotación y corrupción

En Estados Unidos, hay firmas privadas con ánimo de lucro con una fuerte participación en la administración de los centros de detención y otros eslabones del proceso de justicia penal.

La detención de inmigrantes no es la excepción, y las prácticas de subcontratación del ICE han convertido el control de la inmigración en una industria que mueve miles de millones de dólares.

Según Alan Gómez, reportero de migración para USA Today, quien fue entrevistado en el documental, el ICE solo opera cinco de los 220 centros que albergan a los migrantes detenidos en todo el territorio estadounidense, y contrata la administración de las otras 215 instalaciones con empresas privadas.

Con poca fiscalización, estas firmas carcelarias privadas cobran tarifas exorbitantes a los detenidos por servicios como tarjetas telefónicas y alimentos vendidos por los encargados de las instalaciones. En algunos lugares, los detenidos pueden apuntarse a trabajar en el lavado de ropa y otras labores, pero por salarios no superiores a US$1 diario.

“El cliente [de las corporaciones] es ICE. Los detenidos; ellos son más el producto”, comentó Gómez a los productores.

El potencial de ganancias implica que las empresas tienen intereses creados en la implementación de políticas más rigurosas sobre la inmigración. Después de la elección de Donald Trump en 2016, los precios de las acciones de CoreCivic —empresa que dirige prisiones y centros de detención privados— se duplicaron casi de la noche a la mañana.

Esas ganancias dependen de que las instalaciones estén llenas.

En operaciones encubiertas, los productores captan cómo los agentes calculan cuántos inmigrantes tienen detenidos, mientras que los supervisores en las celdas de detención cuentan cabezas cada cierto número de horas para ver si se han cumplido las cuotas de detención. En varias oportunidades, se muestra a los agentes de ICE haciendo “arrestos colaterales” —deteniendo a quienes no eran el objetivo de la orden de captura, pero que se encontraban en el lugar y el momento equivocados— con el fin de cumplir las cuotas.

En el primer episodio, un director de ICE ordena por radio a uno de sus agentes en el campo: “No me interesa lo que haga, pero meta al menos a dos personas”.

“Él sabía que ustedes estaban conmigo, ¿verdad?”, comenta el agente de campo a los camarógrafos. “Porque decir algo así es muy estúpido”.

Esa obsesión con los números se deriva de las directrices de financiación federal. ICE presenta sus solicitudes de financiación con base en “costos operativos”, que se sustentan en gran parte en el número de detenidos en una instalación, según un informe presentado en 2018 por la Red de Veeduría a la Detención y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

El mismo informe destaca que el 79 por ciento de los contratos de las instalaciones de detención no tienen fecha de caducidad, lo que significa que en la mayoría de los casos no hay fechas programadas para fiscalizar las prácticas de contratación.

Esta falta de control se manifiesta también en otras partes del proceso de inmigración. Según el Miami Herald, ICE pagó cerca de 500 millones de dólares a dos empresas de vuelos chárter para el manejo de aviones para deportaciones desde el comienzo del periodo de Trump, unos 35 mil dólares por deportado.

Políticas Disuasorias benefician a Coyotes

En el último episodio, la serie documental describe cómo las estrategias de inmigración favorecidas por Estados Unidos han elevado las operaciones de los grupos criminales transnacionales mientras que han puesto en peligro las vidas de los migrantes.

En 1994, la Patrulla Fronteriza dio a conocer un plan estratégico que reorientaba el organismo en torno a una nueva estrategia de “prevención mediante la disuasión”. Al reorientar los esfuerzos de control alrededor de los puntos de ingreso a las ciudades, la idea era redirigir los flujos de migrantes hacia puntos de ingreso más difíciles y expuestos para facilitar su captura, como lo explicó el antropólogo Jason de León a los productores. A la larga, la Patrulla Fronteriza esperaba que la estrategia convenciera a los migrantes de que intentar cruzar era “inútil”.

Esta política ha logrado un consenso bipartidista desde entonces, fomentada aún más por la aceleración de la militarización en las fronteras luego de los ataques terroristas del 9/11. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza ha crecido en más de 400 por ciento desde 2001.

Los grupos de defensa dicen que la “prevención mediante la disuasión” ha convertido el desierto del suroeste de Estados Unidos en un desafío para los migrantes, al obligarlos a exponerse a heridas, deshidratación y agotamiento en su intento por cruzar vastas extensiones de tierras inhóspitas, deshabitadas, bajo un sol abrasador. Una investigación reciente del New York Times señalaba que según los estimativos de la misma Patrulla Fronteriza, en los últimos 22 años ha habido al menos un migrante muerto diariamente a lo largo de la frontera sur, y la mitad de esas muertes han ocurrido en el desierto de Arizona.

Lo sorprendente es que para la Patrulla Fronteriza ese aumento de víctimas mortales es un indicador de la eficacia de la política. Una evaluación realizada en 1997 por la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno (Government Accountability Office, GAO) señalaba que el aumento de las muertes de migrantes podía indicar que la “prevención mediante la disuasión” había tenido éxito para “obligar a los extranjeros a probar suerte con los cruces por las montañas o el desierto”.

En Nación de migrantes, los productores captan varios ejemplos perturbadores de esa “prevención mediante la disuasión” en acción. En una escena, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza vuela bajo hacia tierra, intentando desorientar a un grupo de migrantes con el polvo y el ruido. En otra, los activistas del grupo de derechos humanos No más muertes (No More Deaths), que ofrece agua y primeros auxilios a los migrantes, cuentan a los productores cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza en repetidas ocasiones han vandalizado los jarrones de agua que el grupo deja para aquellos que cruzan el desierto.

También se muestran las políticas de inmigración de la administración Trump en toda su crudeza, incluyendo la política de “cero tolerancia”, que causó la separación de padres migrantes de sus hijos, y la política de conteo “Permanezca en México”, que deja a los migrantes solicitantes de asilo abandonados a su suerte en peligrosas ciudades fronterizas.

“Creo firmemente que la estrategia es separar a las familias y causarles el máximo sufrimiento para usarlos como disuasores”, declaró a los productores John Amaya, quien fue subdirector de gabinete para ICE en la administración del ex presidente Barack Obama.

Los productores también entrevistan a un coyote que trabaja para el Cártel de Sinaloa, quien deja claro que sus ganancias han aumentado con las medidas de fuerza implementadas en la frontera estadounidense.

El coyote estima que puede cobrar entre 7 mil y 8 mil dólares por intento de cruce. Quienes tratan de eludir a las mafias de coyotes se arriesgan a sufrir retaliaciones, mientras que los mayores márgenes de ganancia son un incentivo para que los coyotes corran mayores riesgos con las vidas de sus clientes.

Es irónico que la Patrulla Fronteriza haya enumerado como un “indicador de éxito” el “incremento de las tarifas de coyotaje para extranjeros”, según sus mismos documentos.

Como queda claro en la serie, “la prevención mediante la disuasión” en realidad beneficia a los grupos criminales que los organismos fronterizos en Estados Unidos alegan combatir.

A la par con eso, la política no disuade a los migrantes de hacer el viaje hacia Estados Unidos.

“He cruzado el desierto once veces”, dice a los entrevistadores Javier Cruz, un deportado que vivió 42 años en Estados Unidos. “Creo que esta vez será la última”.