Una justicia con gente seguramente de calidad pero sin herramientas. En palabras llanas: jodida.
Bueno, en la conversión de la que ahora en duda ponemos como “la peor Legislatura de la historia”, dieron un viraje que ubica al Poder Judicial, con sus Tribunales, en condiciones más favorables. No decimos que completamente satisfactorias, pero si de mejor talante financiero. Esto es parte del remolino en el cierre de la actual Legislatura, que con suplentes –admiramos a uno de ellos apellidado Tagle, que hemos visto en las sesiones televisadas en el Canal Tres con actitud responsable, seria y honrado de ser diputado unos meses, pero hacerlo dignamente, y ha sido sólo a través de imágenes— fue más productiva y en los últimos cuatro meses, en tanto afuera del Palacio Legislativo se daba la confrontación electoral, ahí enmendaban la plana a lo no hecho durante más de 30 meses.
En este espacio, sucesivamente, presentamos con éste, tres temas de leyes importantes, que una sola de ellas justificaría el actuar de la Legislatura. Podemos decir que en esta conformación y a nombre de los más de 30 diputados que estuvieron estos casi tres años, estos han cumplido y casi agitan la agenda, incluso de los que han estado siempre y los que llegaron, podrán eliminar cuando menos de sus ideas que han sido los peores en la historia legislativa de Morelos.
Por ello, en su iniciativa, el Ejecutivo –léase el gobernador Adame y su gabinete- hace este tipo de razonamientos para “autonomizar” verdaderamente al Poder Judicial. Este es un extracto:
“Que es sabido que un mecanismo de control de los parlamentos o congresos es el llamado “poder de la bolsa”, mismo que se ejercita por medio de la aprobación de los presupuestos y la fiscalización del gasto público. De manera que con el devenir democrático el presupuesto público se ha convertido en una herramienta fundamental de política económica”.
“Que por ello, la presupuestación debe responder a las demandas sociales, económicas y políticas del Estado en su conjunto, porque un buen presupuesto debe buscar que la distribución del ingreso contribuya a elevar el bienestar social y responda a las exigencias del pueblo, es decir, que se constituya en mecanismo que impulse el desarrollo social, considerando que como parte del mismo la sociedad no solamente requiere una economía sana, sino que además necesita tener la seguridad de un eficaz acceso a la justicia. Lo anterior se desprende de la premisa de que no puede existir democracia auténtica sin una justicia rápida y eficiente”.
Los últimos días de la semana antepasada, la prensa dio a conocer encuentros entre representantes de los diferentes tribunales que integran el Poder Judicial. Por ejemplo a Fernando Blumenkron Escobar, del Electoral o Ana Virinia Pérez Güemes Ocampo, del de Adolescentes. Uno de los diputados por ahí siempre era Fidel Demédicis, inminente senador de la República. Hacían los arreglos finales que a todos favorecería.
Dos párrafos cortos indican otra de las razones del esfuerzo por independizar, autonomizar, o como se diga, a los poderes que integran el gobierno del Estado. Son bastante claros:
“Que con la autonomía, por otra parte, se impiden influencias indeseadas sobre la función jurisdiccional, al garantizarle los recursos económicos suficientes y permanentes, a fin de que la actividad judicial alcance óptimos niveles de calidad”.
“Que en ese tenor puede decirse que sólo con la autonomía e independencia presupuestal del Poder Judicial se evitará que se presente el “cabildeo” ante el Poder Legislativo para que se consideren prioritarios sus programas y su importante función de impartición de justicia”.
