La inteligencia artificial (IA), presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde redes sociales hasta procesos judiciales, promete facilitar nuestras vidas. Sin embargo, tras esa fachada de conveniencia, sus efectos acumulativos pueden amenazar la privacidad, la autonomía, la equidad y la seguridad, sin que seamos plenamente conscientes.

Los sistemas de IA recopilan datos masivos para influir en nuestras decisiones, desde qué publicidad vemos hasta determinar nuestras oportunidades laborales. Aunque no atacan directamente, su impacto se acumula con el tiempo, afectando especialmente a grupos vulnerables y exacerbando problemas como la desigualdad.

Por ejemplo, los algoritmos de redes sociales, diseñados para fomentar interacciones, rastrean nuestros hábitos para construir perfiles detallados, que luego se usan en decisiones críticas como contrataciones o evaluaciones de riesgos. Su diseño adictivo también contribuye a problemas de salud mental, especialmente en adolescentes.

Expertos proponen medidas como la evaluación obligatoria de los impactos de los algoritmos, exigir transparencia a las empresas y fortalecer los derechos individuales en el manejo de datos. También señalan la urgencia de establecer leyes que prioricen los derechos civiles y la justicia ante el avance tecnológico.

Regular la IA es clave para evitar daños invisibles pero profundos, garantizando que esta herramienta sirva al bienestar colectivo sin comprometer los valores fundamentales de la sociedad.