El fuero nace en Inglaterra en el siglo XV como una forma de protección a los burgueses electos a un parlamento en formación. Estos hombres podían ser reprimidos por el Rey y para protegerlos había que crear un concepto de inmunidad que les permitiera establecer el balance de poderes y caminar hacia una monarquía constitucional en que estuviera representada la población. Fue casi simultáneamente una forma de recurrir a la inmunidad que habían obtenido ya las catedrales y las universidades en Europa. Las catedrales medievales estaban rodeadas por unas cadenas y al tocar las cadenas la iglesia protegía a la persona de la justicia del soberano. Eso se extendió también a las universidades, también se puso una cadena alrededor de las universidades, algunas de ellas todavía las conservan como Bolonia y Padua y con solo tocar esa cadena se obtenía la inmunidad. Este fue el origen de la autonomía universitaria, protegiendo la libertad de cátedra y la libertad de expresión. En el siglo XIV en Inglaterra lo que protegía, eran las acciones del soberano contra particulares, era una forma de poner límite a sus poderes.
Una vez que se había establecido el fuero como una protección a la libertad de expresión y evitar que por opiniones fueran apresados por órdenes del Rey, se consolidó el sistema parlamentario. Así fue como las personas, sobre todo las que tenían posiciones de elección como los miembros del Parlamento, eran protegidos para establecer también la integridad de un sistema parlamentario.
Vinieron después otras ideas como la de la Revolución Francesa que en 1790 estableció la idea de inmunidad parlamentaria y que con ello se inicia una etapa de la vida parlamentaria del mundo, en la cual nadie puede ser objeto de represión por parte de quien ejerce el Poder Ejecutivo por las opiniones lanzadas por un parlamentario. Fue en 1812 en las Cortes de Cádiz cuando se estableció la idea del fuero constitucional. En el artículo 128 de esa constitución se establece el privilegio de que los legisladores sean protegidos al expresar sus opiniones y establece además que los legisladores solamente serán juzgados por sus pares, es decir por un organismo parlamentario.
Pero después de eso vino deteriorándose, esta inmunidad que es realmente un privilegio otorgado por la Constitución, pero se llevó al extremo de la impunidad. En nuestro país, siguiendo la tradición parlamentaria de Inglaterra, de Francia y de la Constitución de Cádiz, se otorgó este privilegio al Poder Legislativo. Sin embargo esto ha ido deteriorando porque el concepto original era proteger a los legisladores por sus opiniones, que nadie pudiera ser encarcelado por expresar una opinión, sobre todo en el parlamento, pero poco a poco en nuestro país fue tomando la forma de una impunidad contra toda acción judicial.
Es muy común hablar de los “charolazos” cuando los diputados, tanto federales como locales, cometen alguna irregularidad, sacan a relucir la chapa para mostrar que están protegidos por la ley. En este sentido el artículo 61 de la Constitución no es muy explícito y es necesario que se modifique o se reglamente de tal forma que el fuero constitucional sí proteja a los diputados para expresar su opinión, pero que no los exima de tener que vivir de acuerdo con la ley. El que transgreda la ley fuero o no fuero debe ser juzgado por la justicia. No se trata de que el fuero sea una carta de impunidad, se trató en sus orígenes de proteger el derecho de la libertad de expresión y de opinión y hay que regresar a ese concepto.
Lo que estamos viviendo en nuestro país, es un abuso del concepto de fuero. Es cierto que el solo hecho de ser acusado no prueba culpabilidad, pero debe someterse al proceso de la ley para aclarar si es o no responsable de un delito. Esto es algo que debe respetarse, especialmente si lo que provoca la acción de la justicia no está relacionadas con su derecho de opinión o de pensamiento, sino porque haya violado preceptos sociales que están castigados por la ley.
