Por eso es que los diferentes sectores de la sociedad, y principalmente los actores del proceso educativo, esperan la propuesta educativa para su deliberación y análisis.

En los últimos gobiernos, lamentablemente, la política educativa no ha sido una prioridad. Y mientras no se apueste por una política amplia, integral y de largo plazo, y, en cambio, siga siendo sólo un decálogo de medidas y estrategias aisladas, no se podrá aspirar a un sistema educativo en consonancia con las necesidades globales del país.

Si hiciéramos una historia del periodo contemporáneo, de los últimos seis o doce años veríamos que se han venido construyendo varios consensos en el país, de los que comparte el magisterio nacional, grupos empresariales, sociedad civil, especialistas en educación y organismos internacionales: 1) necesitamos elevar la calidad de la educación en general; 2) es necesario introducir nuevos métodos y modelos para nuestro sistema educativo. Esas coincidencias son las que han permitido que se avance en un sistema educativo, desde la creación del INEE a principios de la década pasada hasta la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación firmada por el SNTE y el gobierno federal fundamentalmente, ante ciertos organismos empresariales a favor del cambio educativo, recomendaciones de la OCDE, etc.

En donde se registran divergencias -que se ha venido profundizando- es respecto a dos cosas: 1) cuál es, dentro del proceso de transformación del proceso educativo, el lugar que distintos actores le otorgan a los maestros; 2) cuál es el papel que le otorgan los distintos actores al SNTE como organización social-política, representantes de los maestros. Es ahí donde hay una distancia cada vez más amplia, que se ha abierto en esta coyuntura justamente porque estamos en la integración de un nuevo gobierno, que tendrá que tener definiciones nuevas sobre la política educativa del país.

Hoy la educación es una variable reconocida como indicador de desarrollo de un país, de tal manera que esa es la visión integral. Nuestro modelo de educación pública tiene varios componentes que se fueron construyendo a lo largo de varias décadas por parte del Estado y por parte de la sociedad. Pero en esos años hemos visto al gobierno federal perder la oportunidad –por ejemplo- con el proyecto fallido de Enciclomedia, y ha perdido nuevamente otros años con la indefinición respecto al programa Habilidades Digitales para Todos, o cualquier otro programa alternativo.

Hemos visto que se ha pasado más de una década sin que el gobierno defina una política de tecnología para la educación, y estos son programas que tardan por sus tiempos de maduración, que son muy costosos, que son muy amplios, que involucran a millones de alumnos, cientos de miles de maestros, más de 200 000 escuelas. No es un proceso que se pueda hacer de un año para otro. Por lo tanto es lamentable que se haya perdido más de una década sin un programa nacional de introducción de la tecnología a la educación, de manera integral.

Lo que creo que es necesario es hacer un esfuerzo por ir racionalizando las tareas del propio proceso educativo. Creo que nadie puede cuestionar hoy que existe un exceso de burocracia, pero fundamentalmente de burocracia del gobierno en la administración de la educación. No solo en el gobierno federal, sino en muchos gobiernos estatales. Hay procedimientos muy tortuosos y gravosos que hay que volver más eficientes. Hay que reducir el peso de las burocracias dentro del proceso educativo.

Es importante que el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, asuma una responsabilidad más plena, que le permita también racionalizar el diseño y la instrumentación de las políticas públicas a través de una visión integral nacional, que pueda responderle a las demandas, exigencias legítimas al derecho de la educación.