Sin embargo las estadísticas en nuestro país, nos indican que un gran segmento de la población juvenil -prematuramente- abandonó sus estudios pero al mismo tiempo tampoco ha logrado incorporarse adecuadamente al mercado laboral.

Las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, señalan que cerca de 15 por ciento de los alumnos de bachillerato no concluyen este nivel educativo. Son jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo y, por ende, en la búsqueda de encontrar una fuente de trabajo. Pero en tanto más bajo sea su nivel académico, menor será su acceso a empleos de calidad y alta productividad. ¿Qué les espera en su inserción al mercado laboral? Bajo este esquema, perpetuarán la inequidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza, sin expectativas de futuro ni posibilidades de vida y desarrollo.

La calidad y la equidad de la educación para hacer frente a la pobreza y a la exclusión social debe ser una premisa. En ello coinciden todos los organismos multilaterales.

Los estudios y evaluaciones de organismos multilaterales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que la educación es un mecanismo efectivo para que los jóvenes aspiren a una vida con desarrollo social.

DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

El esquema bajo el cual se determina la asignación del presupuesto destinado a la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico siempre ha generado controversias. Particularmente ese proceso data del tiempo en que se consumó la alternancia del poder en México, cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República. También, en 2000, bajo una nueva correlación de fuerzas en el seno de la Cámara de Diputados, se abrió paso a una práctica que hoy en día prevalece: el cabildeo, la antesala y la negociación de los rectores de las Instituciones de la Educación Superior (IES) con el legislativo a fin de asegurar un mayor presupuesto para sus centros de estudio.

La falta de responsabilidad del Estado mexicano hacia el sistema educativo público proviene de los años ochentas, con la quiebra de sus finanzas públicas. Imposibilitado para pagar su deuda externa, entró en una serie de procesos de transformación estructural de sus instituciones y sus políticas públicas sociales. El Estado nacional, como actor del desarrollo social, dejó de lado sus responsabilidades sociales y ahí radica su mayor déficit: la ausencia de una política de Estado en materia educativa. Paradójicamente, cuando muchas naciones en vías de desarrollo en el sureste asiático, Europa central y del Este determinaron invertir para contar con un sistema educativo moderno para asumir los retos y oportunidades del Siglo XXI, sensible a las transformaciones tecnológicas y a los sistemas de información y acceso al conocimiento, nuestro país inició un proceso de descapitalización de la educación pública.

La otra cara de la moneda es que aún con estudios universitarios muchas personas se encuentran en el desempleo o subempleados, según se desprende del estudio "El mercado laboral profesional en México: escenarios posibles 2006-2010" realizado por la por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Estudios Superiores (ANUIES). 55 de cada 100 graduados universitarios está encontrando empleo en su área de conocimiento y prevé que al menos existirán 131 mil médicos sin empleo y cerca de 100 mil contadores, así como 92 mil ingenieros se encontrarán sin “chamba”. Al déficit de cobertura en educación media y educación superior, se suma un mercado laboral profesional muy deprimido. Los estudios superiores ya no garantizan el empleo. Sólo una tercera parte de los jóvenes con licenciatura confían que en diez años obtendrán un empleo acorde a su profesión y nivel educativo.

No es un problema emergente. Desde la década de los setentas la sombra del desempleo sobre los egresados de educación superior comenzó a manifestarse de manera gradual. En 1995, de acuerdo a un estudio de la Dirección General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal, existían un promedio de 400 taxistas con estudios a nivel profesional ingenieros, comunicólogos, abogados, médicos), 50 de ellos poseían estudios de posgrado, que prefirieron literalmente emplearse como taxistas que enfrentar las pocas posibilidades de encontrar una fuente de trabajo en su área de conocimiento.

CONTRACCIÓN DE LA ECONOMIA

Desde que se activó la crisis económica global (en 2007) diversas instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han instado a los Estados miembros para que no limiten el gasto educativo en aras de equilibrar sus finanzas públicas. De ahí la necesidad de hacer planteamientos y generar iniciativas que doten a la educación de mayores recursos, aunque es de suma importancia que el Poder Legislativo, como lo han externado los rectores de las instituciones de educación superior más importantes del país, redefina junto con los propios actores del proceso educativo el marco conceptual del financiamiento a la educación. Y en esta etapa será imprescindible que las entidades federativas se sumen a la construcción de una política educativa de Estado.

Y como la tarea educativa no expira, o mejor dicho, no porta fecha de caducidad, ni tampoco puede estar sujeta a la conclusión de cada administración, o cambio de gobierno, es indispensable contar con una política de Estado educacional, vinculada de manera directa con la calidad y equidad. Los aspirantes y futuros candidatos a la Presidencia de la República tienen que tomar nota.