Menos mal que en la sesión del Congreso general por la apertura del actual periodo de sesiones los legisladores de pie rindieron con dos minutos de silencio homenaje póstumo a las colegas recién masacradas, Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga; aunque era de suponerse que la manifestación de repulsa y de exigencia de justicia debió ser para las 136 víctimas mortales por las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información del pueblo de México.

Mientras tanto, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, continúa en su posición de dos líneas de investigación: el robo y el feminicidio en su modalidad de crimen pasional, y ni por asomo presume que el doble homicidio de las reporteras esté relacionado con el trabajo periodístico.

Como lo ha sostenido siempre el gremio organizado del país, nuestra exigencia es de justicia, puesto que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo por una sola causa: la impunidad.

Es criticable que Mancera Espinosa, a quien jamás le han interesado los crímenes de comunicadores ocurridos en la capital de la república, todos pendientes de aclaración y archivados desde siempre, se apresure con declaraciones sin sustento y cuando apenas las investigaciones se han iniciado y se supone que por ley deben ser secretas. Ya estamos acostumbrados que siempre que se agravia a un informador se criminaliza a la víctima o se hacen hipótesis a priori para desvirtuar que el móvil tenga relación con la labor profesional.

La solidaridad es plena; dos de ellas las reproducimos: la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) repudia --conmovida-- los asesinatos de las reporteras Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, pertenecientes a la revista "Contralínea", dirigida por el colega Miguel Badillo.

En el más reciente "Comentario a Tiempo" de nuestro compañero Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la Felap-México y fundador de la Fapermex, se denuncian los crímenes de Yarce Viveros y González Trápaga y se renueva la exigencia del gremio periodístico mexicano ante las autoridades del país para que haya justicia, para que cese la barbarie, para que acabe la impunidad.

La Felap, toda, se pronuncia nuevamente reclamando que el desesperante estado de situación se atienda con seriedad, responsabilidad y un definitivo compromiso de detener la masacre de periodistas en México. Y al mismo tiempo, frente a estos asesinatos, nuestra organización renueva el pedido hecho ante diferentes organismos internacionales que, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se han pronunciado en favor de dar debido tratamiento a la angustiante realidad de los trabajadores de la prensa y de sus familias.

Junto a estos dos nuevos crímenes, la Felap denuncia la ausencia de políticas de Estado destinadas a crear condiciones para el libre ejercicio de la profesión y la defensa de la vida, lo cual se ha convertido en una invitación permanente a amenazar, perseguir y matar. Por la Felap, Juan Carlos Camaño, presidente.

C. Presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa:

El gremio periodístico en México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), Club Primera Plana y Felap-México, se encuentra nuevamente de luto y no hay para cuando se termine la escalada de crímenes en su contra. Apenas a seis días de que fue ejecutado el colega sinaloense Humberto Millán Salazar, una reportera de la revista Contralínea y otra independiente fueron cruelmente victimadas para acrecentar a 136 el número de periodistas asesinados en el país de 1983 a la fecha.

Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga aparecieron ejecutadas este jueves uno de septiembre y se convierten, también, en las víctimas 68 y 69 del gremio periodístico en lo que va de su sexenio; además de contabilizarse, en este mismo lapso, 11 desaparecidos del total de 13, sin investigar. En la página: www.fapermex.mx podrá encontrar un informe pormenorizado de cada caso y también, señor presidente, darse cuenta de la impunidad que prevalece.

Por ese motivo, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el gremio periodístico organizado del país considera una burla que se turnen estos hechos a la fiscalía especializada para la atención de delitos contra las libertades de prensa y expresión, porque ese ente no cuenta con elementos necesarios para su ejercicio y es uno más de los muchos que denigran a su gobierno.

En tanto, nos seguiremos preguntando: ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Cuántos compañeros más deberán morir para que usted voltee a ver a este gremio?