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En diferentes entrevistas y en conferencia de prensa, ha advertido que “nuestro fin –es un grupo de tres senadores y dos diputados federales-- es conocer la verdad histórica de un hecho jurídico; hacerlo sin tintes partidistas y de manera transparente para que toda la ciudadanía conozca qué sucedió”.
El reto es mayúsculo; el Poder Legislativo no tiene facultades para juzgar la responsabilidad de los involucrados. Sin embargo, las palabras de Gerardo Fernández Noroña, legislador integrante del grupo, dejan entrever algo más: “deseamos saber quiénes fueron los autores materiales, qué instrucciones recibieron, quién dio la orden de tirar a matar a los estudiantes, porque es una situación grave que no debe de repetirse ni quedar impune”.
Esta encomienda es del Poder Legislativo federal y se tiene la temporada vacacional para avanzar en las investigaciones y acercarse a los diferentes actores, lo mismo con los familiares de los estudiantes abatidos, Gabriel Echeverría de Jesús y Erick Alexis Herrera Pino, que con jóvenes que ese mismo día fueron golpeados o participaron en la marcha.
Deberá entrevistarse al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –ex integrante de su partido político--, y con el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, quien ha sido insistente en señalar a las policías federales de haber generado la crisis.
Tendrán que sentarse a la mesa con los responsables del control de la fuerza policiaca federal en la zona y tal vez con integrantes del Ejército Mexicano que también llegaron al lugar.
Apenas inicie 2012, el cuatro de enero, los integrantes de ese comité estarán pensando ya en las consecuencias que habrá de arrojar el informe que están obligados a entregar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de acuerdo con los avances en las investigaciones realizadas por el grupo que él encabeza.
La presión es enorme. Los antecedentes hablan por sí solos:
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, recibió un pliego petitorio de los estudiantes normalistas, quienes piden justicia por la muerte de dos de sus compañeros.
Existe ante el área jurídica de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del gobernador Aguirre Rivero; además se insiste en el análisis de la problemática general de las escuelas normales en Guerrero.
El secretario general del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, afirmó que en su partido defenderán la justicia y no permitirán que se utilice políticamente este hecho con fines electorales rumbo a la elección concurrente del 2012. Además rechazó los señalamientos de los normalistas respecto a que el Congreso local retrase la aplicación del juicio político que han demandado para el gobernador.
El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, aseguró al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, mediante un escrito, que existe el propósito y decisión de llevar hasta las últimas consecuencias el esclarecimiento y sanción de quienes resulten responsables en cualquier forma, términos y grado de participación en la muerte de los estudiantes de la normal.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un comunicado oficial titulado “Desatienden medidas cautelares”, informó que las medidas solicitadas contemplaban la atención victimológica de urgencia a través de médicos, psicólogos y abogados, el resguardo y preservación de pruebas, evidencias e indicios necesarios para esclarecer y deslindar responsabilidades, el acceso a las averiguaciones previas y a las constancias que las integran tales como videos o grabaciones que se tuvieran.
Las protestas no han cejado. El mismo 24 de diciembre estudiantes de la Normal de Ayotzinapa protestaron a un costado de la autopista del Sol, a la altura de la salida de Chilpancingo; allí repartieron volantes para solicitar que se esclarezca la muerte de dos de sus compañeros, ocurrida el pasado 12 de diciembre.
Otro apunte de peso que deberá revisar el grupo legislativo –publica el Sol de Chilpancingo-- es el hecho de que los normalistas ya enfrentaban al menos 53 denuncias de tipo legal antes del trágico desalojo del 12 de diciembre. Las denuncias habían sido presentadas ante las autoridades ministeriales; son por “tomas” de casetas, robo de autobuses y privación ilegal de la libertad de los choferes de estas unidades vehiculares.
Fuentes federales informaron a la Agencia de Noticias IRZA que los normalistas desde el 12 de agosto de este año habían obtenido más de tres millones 150 mil pesos únicamente por cobrar ilegalmente diversas cuotas económicas a los conductores de vehículos, por dejarlos pasar en la caseta de la autopista del Sol en Palo Blanco.
En un caso muy complicado y de fuerte repercusión social, política, jurídica y partidista, ceñirse a la verdad histórica y actuar jurídicamente en consecuencia es obligación de la autoridad investigadora. El grupo legislativo abonará en ese sentido. Sin embargo, estos grupos por más cercanos que estén de esos dos aspectos tienden a desviarse hacia intereses político-partidistas que generan desgaste, revanchismo y oportunidades.
Al aire
Para las familias de la policía muerta y para los heridos, fue noche mala la del 24 de diciembre. Para muchos, pasó inadvertido el tiroteo y persecución en varias colonias de la zona norte de Cuernavaca, vividos previo la cena navideña.
Para quienes ahí habitan, los tronidos ya reconocibles trastornaron la noche y la paz que se busca para un festejo de estas características. El ulular de sirenas, el operativo de custodia en el Hospital General y en el Inovamed fue impactante; nadie podía circular frente a sendas áreas de urgencias; allí estaban cinco policías que valientemente arriesgaron la vida.
El gobierno del estado informó de los acontecimientos. Un par de horas antes de la cena tradicional, el gobernador Marco Adame anunciaba vía Tweet que las autoridades competentes emitirían un comunicado oficial.
Hay cuatro detenidos, cuatro policías heridos y uno –del sexo femenino-- muerto. A los elementos encargados de nuestra custodia, nuestro reconocimiento, deseo por pronto restablecimiento y a la familia en luto, un abrazo solidario.