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Todos los que han servido a la sociedad morelense con el trabajo periodístico, ahí estarán. No importan estratos sociales, importancia o influencia, niveles o títulos, cabezales o exclusivas, medio o columna, simplemente todos estarán inscritos en las placas correspondientes.
Apenas este lunes, con gran pesar despedimos al amigo, en mi caso maestro porque junto a mi padre era obligación escucharlo, después imitarlo, admirarlo, seguirlo y por supuesto escucharlo, al profesor Juan José Bravo Monroy.
Con mucho pesar nos enteramos de su deceso en Los Cabos, Baja California Sur, pero más nos duele que su nombre solo quede en el recuerdo e inscrito en la lápida.
Ese es el gran aporte de nuestro Monumento -y decimos “nuestro” porque es de todos- el que los nombres de quienes entregaron una vida para servir a la sociedad queden inscritos en bronce en un espacio público, digno y junto con los compañeros de andanzas y anécdotas.
Al pie del monumento a la Libertad de Expresión habrán de emitir su mensaje los colegas Dulce Maya, Héctor Parra, Luis Fernando García Armendáriz, Pablo Rubén Villalobos y quien esto escribe. Adelantamos nuestra entrega: la agenda pendiente del periodista en México.
1.- Adición al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ADICION: La seguridad social y la integridad física de quienes ejercen el periodismo en México deberán ser garantizadas por el Estado.
2.- Ley Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La nueva redacción de la fracción XXI, del artículo 73 constitucional, a la letra, señala:
“Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
3.- Elevar a Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los Delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión.
Recurrimos al Ejecutivo Federal para la implementación de este cambio sustancial.
4.- La Ley de Periodismo de Alto Riesgo o protocolos de protección del Periodista.
Esta iniciativa de ley, originalmente presentada por los senadores Mario López
Valdés, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, fue estudiada y discutida por ambas cámaras legislativas federales desde enero de 2010. Este largo proceso legislativo concluyó finalmente el pasado 30 de abril con la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El gremio exhorta al jefe del Ejecutivo a que, sin dilación alguna, proceda a su Promulgación.
5.- Elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas.
Resulta pertinente que el artículo 7o. constitucional, establezca lo siguiente:
“Los profesionales de la información tienen el derecho a mantener en secreto la identidad de las fuentes que les hubieren facilitado informaciones bajo condición, expresa o tácita, de reserva, y en conciencia hayan contrastado y/o documentado la información dirigida al público”.
“Ningún periodista podrá ser obligado a revelar su fuente informativa por ninguna autoridad judicial o administrativa”.
6.- Despenalizar los indebidamente llamados “delitos de prensa”: difamación, calumnia e injurias, en los 14 estados que aún no se suman a esa disposición federal.
7.- Iniciar los trabajos para crear la iniciativa de Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental, basada en el Derecho Comparado.
En la práctica, los presupuestos de publicidad en muchas ocasiones han sido utilizados para cooptar o premiar a medios de comunicación afines. Tomando como base el Derecho Comparado, es de presentarse una iniciativa de Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental para que desde la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos, se disponga la distribución de esos recursos tomando en cuenta no sólo tirajes o ratings, sino fundamentalmente la labor social de los medios de comunicación.
8.- Convertir la actual Comisión Especial para dar Seguimiento a los Agravios a Periodistas y Medios de Comunicación, en una Comisión Ordinaria.
La propuesta de convertir la actual Comisión Especial para dar Seguimiento a los Agravios a Periodistas y Medios de Comunicación en una comisión ordinaria, permitirá que así tenga facultades de dictamen; implicará una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en particular a su artículo 40.
9.- Derogar la preconstitucional Ley Sobre Delitos de Imprenta.
Formalmente su nombre es Ley Sobre Delitos de Imprenta y ésta no es anticonstitucional sino preconstitucional, puesto que está vigente desde el 12 de abril de 1917, mientras que nuestra Carta Magna —aunque fue promulgada el 5 de febrero de aquel año—, entró en vigor formalmente el 1o. de mayo, por lo cual insistimos en su derogación.
10.- Crear la Ley de Protección y Seguridad Social para los Periodistas.
La realidad en México mantiene a la gran mayoría de los periodistas en una grave vulnerabilidad laboral sin las garantías a que todo trabajador tiene derecho.
La ausencia de oportunidades laborales para los profesionales de la comunicación, la necesidad económica que obliga a prestar los servicios sin salarios y por ende sin garantías, ha generado una grave crisis que urge revertir.
La iniciativa de Ley de Protección y Seguridad Social de los Periodistas en el Estado de Morelos, cuyo avance vislumbra su aprobación en el Congreso en esta misma Legislatura, para que se adecue a las realidades de las otras entidades federativas.
11.- Evitar más candados a la supuesta Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Deben modificarse los artículos 13 y 14 y sus correspondientes en las leyes estatales, para evitar el abuso en la reserva de expedientes e información.