Sin embargo, debe puntualizarse que nuestra entidad tiene muchos más méritos en este sentido; el gremio periodístico ha empujado desde hace varios años para encontrar garantías que protejan, mejoren, privilegien y profesionalice a los comunicadores.
En agosto de 2003 fue elevado a rango constitucional el respeto al secreto profesional para la labor del periodista; los diputados morelenses aprobaron la adición al artículo segundo a la Constitución Política del Estado que dice:
“ En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación".
Esta lucha fue consecuencia de la muy cercana entrada en vigor de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y la ya vigente en ese entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que de acuerdo a nuestro análisis, vino a legalizar la censura. El debate está vigente ante la facilidad que la autoridad tiene para declarar información en reserva, bajo cualquier pretexto y la dificultad para acceder a ella.
En aquel entonces –y hay documento original en nuestro poder- firmamos el compromiso para esta reforma constitucional los diputados Diana Recio, Sergio Álvarez Mata, Víctor Hugo Manzo Godínez; el funcionario del Congreso Armando Ramírez Zaldívar y los periodistas Arturo Bárcena Bazán, Pablo Rubén Villalobos Hernández, José Arenas Merino y Teodoro Rentería Villa.
De ahí partieron iniciativas similares para otras entidades federativas como Chiapas y Chihuahua.
Apenas el pasado 7 de junio de 2012 se intentó presentar a votación una ley secundaria para este tema, cuya garantía tiene el nivel constitucional en Morelos; oportunamente logramos alertar a la Mesa Directiva del Congreso del retroceso que esto significaría y fue retirada del Orden del Día.
Es importante señalar que ante un intento en marzo de 2011 a nivel federal, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, una vez analizada una tesis reglamentaria argumentó con éxito su preocupación de que “ese tipo de disposiciones estuvieran previstas en leyes secundarias, como es el caso de una que proteja a los comunicadores. El secreto profesional y el secreto de revelar fuentes de los periodistas –detalló claramente- se deriva de la libertad de expresión y del derecho a la información que deben ser interpretados a la luz de la Constitución”.
Antes, de ello puede dar testimonio Jorge Morales Barud, entonces gobernador, el Monumento a la Libertad de Expresión ubicado en la ciudad de Cuernavaca (por cierto ahora le corresponderá su custodia y esperamos mejora al alcalde por lo pronto electo) es único en México y seguramente en el mundo. En éste se incluyen los nombres de todos los periodistas que han fallecido y que han servido en el o desde el Estado a partir de su fundación. En fecha muy reciente periodistas de la República Popular de China, emocionados e interesados en el simbolismo, rindieron homenaje a los colegas caídos.
La Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa; y la voluntad expresada por el gobierno de Morelos es una avance pero sigue en una etapa de ánimo y buena voluntad; hasta el momento sólo es un refrendo del compromiso de su Gobierno para hacer valer las garantías de seguridad a la labor de los periodistas, y respetar los derechos fundamentales de las personas, como es el de la libertad de expresión y acceso a la información. No hay ningún protocolo formal de seguridad.
A reserva de obtener el documento firmado por los legisladores y a la espera de su promulgación, el texto de la "Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Morelos", aprobada por unanimidad el pasado 7 de junio de 2012 por el Congreso de nuestra entidad, es un avance singular y de gran trascendencia nacional.
Es la primera y única ley en los rubros de desarrollo y seguridad social en beneficio del gremio periodístico que se ha aprobado en nuestro país, cuyas conquistas, en favor de los comunicadores y de sus familias, están explícitas en el marco de la propia norma.
Este es el documento en el cual, quienes así lo decidan, pueden soportar sus argumentos e impulsar las leyes correspondientes en sus estados; prácticamente establece las bases de una nueva era del periodismo en México y bienestar para los periodistas.
En el boletín de prensa oficial se señala que Marco Adame Castillo señaló que “la posición unánime de los gobernadores es respaldar las medidas a favor de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas”; acotó que “en Morelos ya se hizo previamente con dos convenios que en estos momentos motivan reuniones para establecer de manera conjunta con los periodistas del Estado el Protocolo de Protección, es decir las acciones para prevenir y en su caso proteger de agresiones a profesionales de la comunicación”.
Ante esta posición clara y abierta a favor del periodismo, de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la seguridad; qué falta para proceder a la promulgación y publicación de la histórica Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Morelos que afectará el Presupuesto de Egresos a partir de 2013. Si existe duda en relación a la postura del gobernador electo, aclaramos que firmó el protocolo de compromiso, que en uno de sus cuatro puntos, establece claramente su respeto irrestricto y fortalecimiento de este documento legal.
Morelos es puntero y seguirá en ese ánimo; los periodistas estamos organizados y empujamos a favor de nuestras garantías constitucionales. La petición es abierta: señor gobernador constitucional procédase a la promulgación y publicación de tan novedosa, importante y trascendental ley aprobada por unanimidad por la actual legislatura del Congreso del Estado.