Maciel Calvo

Maciel Calvo

La Corte determina que esas medidas no violan el principio de igualdad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las legislaciones burocráticas que prevén una diferencia en los años de servicio que se le exige a una mujer y a un hombre para obtener su jubilación no violan el principio de igualdad.

Tras su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, se implantó como obligatoria la tesis jurisprudencial expedida por la Segunda Sala de la SCJN, quien resolvió la contradicción de tesis en la que se analizaron los criterios diversos aplicados por tribunales colegiado de Morelos, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.

En el caso del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, algunos tribunales colegiados habían fijado como tesis que el artículo 16 de la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, así como el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado,  daban un trato diferenciado entre mujeres y varones en los años requeridos para obtener la jubilación y fijar su monto, lo cual violaba los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género.

Estos criterios adoptados por los tribunales colegiados en Morelos, obligaron al Congreso local anular y emitir decenas de nuevos decretos de pensión en favor de burócratas varones que reclamaron tener el mismo derecho las mujeres.

Sin embargo, la SCJN fijó un nuevo precedente en la materia, al determinar que estas diferencias no violentan el derecho a la igualdad. Es decir, no existe discriminación ni desigualdad en el hecho de que -por ejemplo- el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 18 años de servicio con una pensión al 50%, mientras los hombres a partir de los 20 años con un monto equivalente; o un tope máximo de 28 años de servicio con una pensión al 100% para las mujeres, mientras que los hombres deben cumplir 30 años de servicio.  

La tesis expedida por la Segunda Sala y de aplicación obligatoria a partir de este 11 de noviembre recalcó que esta diferencia en las leyes burocráticas está plenamente justificada, pues “resulta acorde con las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación, así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales.

 “Además, el hecho de que los roles sociales entre mujeres y hombres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, no es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida”. 

“Consecuentemente -fijó la Segunda Sala- esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y hombres –en favor de las primeras– no viola el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos.

“Asimismo, las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora”.

 

Martes, 12 Noviembre 2019 05:12

Reubican a reos peligrosos

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad, luego de protagonizar un motín y varios enfrentamientos entre grupos antagónicos dentro del penal de Atlacholoaya que pusieron en jaque al sistema penitenciario estatal.

A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que en medio de un operativo coordinado con las fuerzas federales, el grupo de 28 presos que habían sido trasladado provisionalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec fue reubicado en diversos penales federales de máxima seguridad en otras entidades.

“Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, fueron llevados a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde permanecieron algunos días en tanto se concretaron los procesos jurídicos para su cambio a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

 “De esta manera, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron las medidas de seguridad y custodiaron el vehículo en el que fueron trasladadas las persona privadas de su libertad, respetando en todo momento sus derechos humanos”, reafirmó el comunicado.

El traslado se realizó la mañana de este lunes y fuentes no oficiales señalaron que la mayor parte de este grupo lo formaban internos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era liderado en Morelos por Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”, quien fue brutalmente asesinado el pasado 30 de octubre durante el motín y el enfrentamiento entre los bandos que se disputaron el control de penal de Atlacholoaya, el cual quedó dominado por reos asociado al grupo criminal de “Los Rojos”.

 

 

Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

 

 

Lunes, 11 Noviembre 2019 05:31

Busca SAT a diputado

El Sistema de Administración Tributaria pretende cobrar una multa impuesta por la SCJN.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) busca al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, para hacer efectiva la multa ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La multa impuesta al representante del Poder Legislativo derivó del incumplimiento de una información requerida por el Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 121/2018, que promovió el Ayuntamiento de Cuernavaca para impugnar un decreto de jubilación autorizado por el Congreso a favor de un trabajador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 

Derivado de ello, la SCJN impuso una multa al diputado -cuya cantidad no fue especificada- pero no ha sido cobrada por el SAT debido a que Sotelo Martínez ha sido ilocalizable para la institución. 

La autoridad tributaria informó a la Corte que, a través de su delegación en Morelos, realizó las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa pero sin éxito todavía.

“Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y anexos suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, mediante el cual informa sobre las acciones tendentes al cobro de la multa impuesta a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva en Morelos, mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019, refiriendo que dicho contribuyente no ha sido localizado, sin embargo manifiesta que continuará realizando las gestiones pertinentes a fin de realizar el cobro de la multa de referencia. 

“Atento a lo anterior, requiérasele al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, a través del Servicio de Administración Tributaria para que una vez ejecutada la multa en comento, lo informe a este Alto Tribunal y exhiba las constancias que lo acrediten”, se estableció en el acuerdo exhibido la semana pasada en los estrados por la SCJN.

 

 

Domingo, 10 Noviembre 2019 08:03

Registran diez feminicidios al día en el país

La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que de enero a septiembre de este año, se registran casi tres mil feminicidios y homicidios de mujeres en México

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

 

 

Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Integra CDHEM queja por violencia en penal

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal general de cada estado está facultado para solicitar la intervención de comunicaciones en el caso de delitos locales,

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 77/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demandar la invalidez del artículo 54, fracción VIII, de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de ese estado el 20 de agosto de 2018,  el Tribunal Pleno, invalidó la disposición que facultaba a la Fiscalía Especializada de esa entidad para solicitar a los jueces federales la autorización para intervenir comunicaciones.

La SCJN estableció que, conforme al artículo 16 constitucional, a nivel estatal quien se encuentra facultado para solicitar la intervención de las comunicaciones privadas es el titular del Ministerio Público, es decir, el Fiscal General del Estado.

Por lo tanto, el artículo impugnado era inconstitucional ya que facultaba a una autoridad distinta a hacer esa solicitud y reiteró que son los fiscales de los estados quienes tienen esa atribución.

 

 

Jueves, 07 Noviembre 2019 05:16

Desecha SCJN controversia promovida por TJA

Mediante el recurso, el Tribunal de Justicia Administrativa pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local, que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años autorizado por la anterior legislatura.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, resolvió que el TJA no tiene legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, “el Constituyente Permanente sólo consideró incluir como sujetos legitimados para promover una controversia constitucional a los órganos constitucionales autónomos federales, esto es, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el organismo garante que establece el artículo 6 constitucional, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Además, argumentó, existen precedentes de la Primera Sala y Segunda Sala de la SCJN que resolvieron los recursos de reclamación 23/2016-CA , 52/2016-CA y 53/2018-CA , y confirmaron los autos de desechamiento de las demandas de las controversias constitucionales 34/2016, 110/2018 y 105/2018, promovidas anteriormente por el presidente del TJA.

Recordó que el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió con antelación la controversia constitucional 306/2019, en el cual se impugnó la misma norma que el tribunal administrativo.

 

 

Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

 

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