Maciel Calvo

Maciel Calvo

Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) convocó a los abogados laboristas y operadores judiciales a participar en “Las Jornadas de Sensibilización de la Reforma Laboral”, al comenzar la cuenta regresiva para la extinción de las juntas de conciliación y la transición hacia la creación de salas especializadas en materia laboral, que dependerán de los poderes judiciales federal y estatal.

Las jornadas serán gratuitas, se llevarán al cabo los días 20 y 21 de enero en el Salón de Pleno del TSJ y podrán participar los litigantes y operadores judiciales, quienes podrán inscribirse en línea, para lo cual deberán de anexar copia del título y cédula profesional de la licenciatura o, en su caso, el certificado de estudios de licenciatura o bachilleratos concluidos.

Participarán como ponentes Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México y titular del órgano implementador de la reforma laboral en el estado de México, así como Bernardo Javier Cortés López, encargado de la implementación de la reforma laboral en el Consejo de la Judicatura del Estado de México, cuya entidad será la primera en implementar los cambios.

Con la reforma laboral federal, vigente desde mayo de 2019, se estableció la extinción de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial de los estados, que deberán crear salas especializadas en la materia y tendrán un plazo de tres años para cumplir con este fin.

 

 

Los pequeños comercios tienen de plazo dos años para cambiar a materiales reciclables.

De 12 a 24 meses tendrán los pequeños comercios, ambulantes y establecimientos comerciales de cualquier giro, como plazo de  transición para la sustitución de plásticos de un solo uso por materiales reutilizables.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” desde esta sábado entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, que prohíben a los establecimientos mercantiles, pequeños comercios y a comerciantes ambulantes proporcionar de manera gratuita u onerosa (venta) el uso de plásticos desechables (como bolsas, popotes y unicel) para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos o bebidas.

Esto incluye a los plásticos de un solo uso para el acarreo de los productos comercializados o artículos que hayan recibido un servicio suministrado dentro de un establecimiento.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, sólo se podrán utilizar bolsas reutilizables elaboradas de materiales no derivados del petróleo, que para tal efecto establezca la Secretaría de Desarrollo Ambiental.

Los establecimientos mercantiles, tiendas departamentales, centros comerciales y comercios ambulantes deberán presentar a la autoridad competente, según el tipo de generador, un plan de sustitución de los plásticos de un solo uso, y no se sancionará a aquellas unidades económicas que proporcionen para el acarreo de los productos bolsas reutilizables.

A partir de la vigencia de las nuevas disposiciones, los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías, verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas y taquerías, así como el comercio ambulante y en general todo el comercio de menudeo que por su actividad otorgue plástico de un solo uso, para el acarreo o empacado de productos, ya sea de manera gratuita o a la venta, tendrán un plazo de 24 meses para transitar hacia el uso de materiales reusables.

Los establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias, tendrán un plazo de 12 meses para adaptarse a las nuevas normas.

Quienes incumplan con estas disposiciones, podrán ser acreedores a sanciones que van desde las cinco a las 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que oscila entre 436.4 pesos y 2 millones 172 mil pesos.

El Ejecutivo estatal y cada uno de los ayuntamientos tendrán  90 días para realizar adecuaciones en los reglamentos y para realizar campañas permanentes de difusión para que toda la población conozca de la importancia en la migración de hábitos y costumbres para combatir el cambio climático.

Una vez que fenezcan los plazos de transición, los municipios deberán inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones e impondrán las sanciones administrativas y pecuniarias a quienes no cumplan con la reglamentación en la materia.

 

Protección Civil del estado conmina a los municipios a cumplir con la entrega del programa preventivo de carnavales

Autoridades municipales deben resguardar puntos como venta de comida, juegos mecánicos, bailes y conciertos 

El Ayuntamiento debe pagar prestaciones adeudadas a exfuncionaria.

La sanción impuesta al ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, y el ex tesorero municipal, Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo, por incurrir en violencia política en contra de la ex síndico municipal, Paola Cruz Torres, quedó firme, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso de reconsideración promovido por el ex edil.

El pasado 2 de enero, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó, por unanimidad de votos la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos  (TEEM) en la que ordenó al Ayuntamiento de Cuautla el pago de más de 400 mil pesos por concepto de remuneraciones adeudadas a la ex síndico durante el trienio 2016-2018 y mantuvo la sanción, consistente en una amonestación pública, impuesta al expresidente municipal y al ex tesorero por violencia política en razón de género.

Además, ordenó dar vista a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen si existió alguna conducta sancionable, así como la Fiscalía General del Estado de Morelos, para el caso específico de violencia política de género perpetrada por Raúl Tadeo Nava y Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo en contra de María Paola Cruz Torres.

Pese a que el ex edil promovió un recurso de reconsideración ante la Sala Superior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral resolvió desechar la demanda de Tadeo Nava, porque la presentó de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de tres días hábiles -contados a partir del día siguiente de la notificación- que la normatividad electoral fija para realizar la impugnación.

Al agotarse la cadena de impugnación, quedó firme la sentencia en contra de los ex funcionarios, y la actual administración del Ayuntamiento de Cuautla deberá de pagar las prestaciones adeudadas por la gestión anterior a la ex síndica.  

 

 

Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

 

 

No ha convocado a sesión del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Miércoles, 15 Enero 2020 05:13

Confirman investigación a casi 200 policías

No pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) confirmó que casi dos centenas de policías estatales y municipales son investigados por sospechas de protección a células criminales. Sin embargo, no pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos.

“Hay indicios que tenemos nosotros, en la Comisión Estatal de Seguridad, de que varios elementos de la Policía, tanto municipal como estatal, han estado dando protección a algunos grupos delictivos, sin tener la evidencia fehaciente que nos permita ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros.

Informó que la mayoría de esos elementos bajo investigación no lograron acreditar los exámenes de control de confianza, pero debido a que los policías promovieron recursos legales  no fue posible darlos de baja.

“Hay muchísimos policías de bastantes años que no necesariamente se dedican a hacer su trabajo, algunos, y dentro de esos 180, la mayoría son los que no han pasado sus exámenes de control y confianza y, que por ese simple hecho, deberían de haber estado ya de baja, que no se han ido de baja porque se ampararon”, dijo y señaló que existe la necesidad de incrementar la matrícula en la Academia de Policía Estatal para tener nuevos elementos.

“Es un trabajo de investigación que le presenté al señor gobernador y le dije mi preocupación de incrementar la matrícula en la academia para producir nuevos policías, dada la cantidad de policías que yo estoy viendo que están involucrados en actividades de protección a la delincuencia”, expresó.

 

 

Riña entre particulares, y no un secuestro, motivaría una presunta actuación irregular de la Policía municipal; continúan indagatorias oficiales.

No fue un caso de secuestro sino una riña entre particulares por la presunta compra-venta fraudulenta de un vehículo lo que motivó la presunta actuación irregular de la Policía Municipal de Cuautla, cuya corporación quedó bajo sospecha mientras se desarrolla la investigación penal y administrativa por los hechos ocurridos el pasado 11 de enero.

Así lo dieron a conocer el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES); y el fiscal estatal, Uriel Carmina Gándara, a cuatro días de los acontecimientos.

De acuerdo con la versión oficial del gobierno del estado, “la investigación preliminar del caso, arroja que no se trató de un caso de secuestro o privación de la libertad, sino de un conflicto entre particulares que derivó en hechos violentos y deficientes procedimientos policiales que ya han sido denunciados”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refirió que las bitácoras de radio, los reportes del Informe Policial Homologado (IPH) y diversos testimonios contradicen la versión del director operativo de la Policía Municipal de Cuautla, Isael Pliego Nieto, quien aseguró que los agentes municipales actuaron como consecuencia del reporte de detonaciones de arma de fuego y la petición de auxilio por un presunto secuestro, y denunció que supuestamente altos mandos de la CES habrían dejado libre a los supuestos secuestradores y detenido a las víctimas.

Sostuvo que lo dicho por el jefe policíaco es contrario a la información recabada en la investigación en curso, pues nunca ocurrió el secuestro pero sí una riña entre particulares, en la que ambos bandos se amenazaron con armas de grueso calibre.

“Resultado de las investigaciones hasta ahora realizadas, se establece preliminarmente que personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la colonia Iztaccíhuatl de Cuautla a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

“Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller, siendo un trabajador del mismo que sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores, además de golpearlos varios familiares del dueño del establecimiento.

“Del conflicto suscitado, se solicitó apoyo de la policía uniformada; cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia, y también les entregaron el arma corta, lo que contradice la versión pública narrada a los medios de comunicación por el director operativo de la policía municipal”, detalló el responsable de la política interna.

De acuerdo con Ojeda Cárdenas, la versión ofrecida por el jefe policiaco fue para intentar encubrir actos irregulares de los agentes municipales, como allanamiento de un inmueble sin orden de cateo y justificación; hurgamiento y robo superior a los 700 mil pesos en efectivo; daños al inmueble; detención de dos personas sin encontrarse en alguna de las hipótesis de flagrancia y violaciones al debido proceso.

Dijo que la investigación en curso busca llegar a la verdad histórica de los hechos y establecer las responsabilidades tanto de los elementos como de quienes participaron en la riña, y para generar las condiciones para integrar la indagatoria, Gamaliel González Ravelo fue separado como comandante del Mando Coordinado en el Municipio de Cuautla, y la CES emitió un oficio dirigido al alcalde, Jesús Corona Damián, para que proceda de igual forma con su director operativo de seguridad, Isael Pliego Nieto.

“No podemos aceptar conductas que (son) contrarias a los preceptos de legalidad con las que deben regirse las corporaciones morelenses y que lejos de hacer prevalecer el estado de derecho, violenten las garantías individuales de la ciudadanía.

“Reprochamos estas acciones y el intento de cubrir actuaciones ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto y que entorpecen la procuración y la impartición de justicia”, afirmó y sostuvo que, en el ámbito de su competencia, interviene en el caso la Dirección General del Asunto Internos de la CES y las fiscalías estatal y General de la República.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reprochó que se le haya dado crédito a la versión del jefe policíaco, “porque nadie se esperó a que hubiera una investigación” pero ahora será la Dirección de Asuntos Internos y las autoridades competentes las que determinen si hubo o no irregularidades y la imposición de responsabilidades.

Informó que los comandantes de la CES Gamaliel González Ravelo, Ángel Landa Hernández y Raúl Gómez, esté último responsable del área de inteligencia y conocido con el mote de “El Piloto”, fueron suspendidos temporalmente para ser investigados por su intervención en el operativo y las acusaciones realizadas por el director de la policía municipal, Isael Pliego Nieto, quien también ya fue suspendido de sus funciones, según le conformó el propio edil.

 

Martes, 14 Enero 2020 05:00

CDHEM se opone a revisión de mochilas

El titular del organismo propone que las escuelas compren detectores de metal para los accesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) sugirió el uso de detectores de metal en los centros educativos para prevenir el ingreso de objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Tras el ataque armado en contra de sus compañeros y el suicidio de un menor en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, ocurridos el viernes 10 de enero, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, rechazó la reactivación del “Operativo Mochila”, que consiste en revisar el contenido de los maletines de los alumnos, por considerar que es una medida invasiva que atenta contra la intimidad y dignidad de los menores.

Recordó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también rechazó la implementación de este programa en los centros educativos, porque criminaliza a los estudiantes, no cumple con exigencias constitucionales ni tratados internacionales y por eso no es la medida idónea para inhibir casos de como el de Torreón.

Dijo que existen instrumentos tecnológicos como los detectores de metal, que pueden ayudar a reforzar la seguridad y prevenir incidentes violentos en los centros educativos y que si bien puede representar un gasto adicional para la autoridad educativa, pueden ser una alternativa viable.

“Me estoy refiriendo a los filtros de seguridad, en donde sabemos que pueden con un grado de efectividad altamente probado detectar metales, detectar armas u objetos que puedan utilizarse como herramientas, como instrumentos para cometer un delitos y hacer daños a las personas”, señaló.

Subrayó que “la autoridad tiene un deber de agotar medidas para que eso no suceda, porque en el caso de los niños su custodia es su responsabilidad en el tiempo que se encuentran en los centros educativos. Entonces, la  medida que se debe de adoptar debe ser la menos gravosa dentro de las distintas opciones posibles que hay en el mundo fáctico (sic).

“En ese sentido sí existen, gracias a los avances de la ciencia, digamos (que) hay herramientas que pueden detectar metales sin necesidad de invadir las posesiones de la personas, sin lesionar su privacidad, sin lesionar sus datos personales, su intimidad. Debe optarse por eso porque es menos gravoso.

“Si ello, también somos conscientes, redunda en un gasto, eso es algo que debe asumir la autoridad educativa y que no se puede oponer como una justificación para no hacerlo, porque es una obligación del Estado respetar los derechos humanos”.

El ombudsman hizo un llamado a las familias para involucrarse en el cuidado de la comunidad escolar y actuar para prevenir  cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Por lo pronto, en algunas escuelas públicas y privadas los directivos pidieron el apoyo de los padres de familia para la revisión de mochilas, y desde casa vigilar que los alumnos no lleven a los planteles objetos no permitidos o que pongan en riesgo a los estudiantes y docentes.

 

 

En redes sociales, ciudadanos expresan apoyo a policías de Cuautla.

La Barra de Abogados y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) exigieron una investigación profunda e imparcial sobre el caso de los policías de Cuautla que denunciaron que altos mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ordenaron la liberación de dos secuestradores y a quienes, aparentemente en represalia, se les inició un procedimiento de Asuntos internos por presunto allanamiento y EL robo de más de 700 mil pesos. En tanto, en redes sociales diversos ciudadanos han expresado su apoyo a los policías municipales.

El presidente de la CDHEM, Israel Hernández Cruz, señaló que, conforme a las atribuciones del organismo, inició una investigación oficiosa sobre el polémico caso para saber qué fue lo que ocurrió y llegar a la verdad histórica.

Enfatizó que la investigación se realizará de manera imparcial “porque consideramos que la sociedad tiene el derecho a conocer cuál es la verdad de lo que ocurrió y es la razón por la que hemos decidido iniciar una investigación de manera oficiosa”, y recalcó que en este momento “no confirmamos ni avalamos ninguna de las posturas (versiones) pero si tenemos que garantizar que prevalezca la verdad, y es de ahí que nosotros estamos investigando”.

Detalló que el caso fue expuesto en la reunión de este lunes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades federales y estatales, en la que se expuso las dos versiones.

Por un lado, la versión de los policías municipales de Cuautla que habrían acudido a un auxilio por un caso de un secuestro de dos ciudadanos originarios del Estado de México, que se encontraban en un domicilio de las inmediaciones del recinto ferial y luego altos mandos de la CES habrían liberado a los supuestos secuestradores y amenazado a los policías locales; y la versión de la intervención de mandos de la CES, quienes presuntamente acudieron en un auxilio por el presunto allanamiento  y robo por parte de los policías municipales.

Dijo que la CDHEM solicitó informes a la Policía de Cuautla, a la CES, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Antisecuestros y otras autoridades que intervinieron en los hechos, con el fin de verificar los acontecimientos y el cumplimiento de los protocolos de las fuerzas de seguridad.

Prometió una investigación autónoma e independiente de parte del organismo que dará a conocer en el momento oportuno, pero también pidió a las autoridades responsables de fincar responsabilidades que realicen una investigación imparcial y que garanticen la seguridad pública en la región oriente de la entidad.

También confirmó que los policías municipales que participaron en el operativo fueron suspendidos de sus funciones, en tanto se desahogan las investigaciones por parte del área de asuntos internos.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos también pidió imparcialidad en las investigaciones y que las autoridades esclarezcan los hechos con total apego a la legalidad.

“Que se respete el Estado de Derecho, que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades que les compete como es asuntos internos, la Fiscalía General de la República (sic) y la Fiscalía General del Estado.

“Una vez que aporten las pruebas necesarias y se encuentre ya un expediente que nos proporcione lo más cercano a la verdad histórica en cómo sucedieron  los hechos, la Barra de abogados del Estado de Morelos presentará un posicionamiento jurídico y apegado a derecho como siempre lo hemos realizado”, señaló el dirigente de los abogados barristas, Cristian Iván Velasco Alcocer.

Por redes sociales, ciudadanos de la región oriente expresaron su solidaridad con los agentes y con el director de la Policía municipal, Isaac Nieto Pliego, quien públicamente denunció que altos mandos de la CES liberaron a dos secuestradores y que los intentaron presionar para mentir y cambiar la versión del secuestro.

 

 

Página 1 de 485
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.