Maciel Calvo

Maciel Calvo

Martes, 17 Septiembre 2019 05:10

Insistirá CES en aumento presupuestal

En un año se logró una disminución de la incidencia delictiva, con excepción del delito de homicidio doloso: Ortiz Guarneros.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que en un año se logró una disminución de la incidencia delictiva, con excepción del delito de homicidio doloso, y adelantó que insistirá en su petición de obtener un incremento presupuestal para abastecer a la institución de herramientas tecnológicas para hacer frente a la delincuencia.

A dos semanas de cumplirse el primer año de gobierno de la administración encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el funcionario realizó un balance general de los resultados obtenidos en materia de seguridad pública.

Ortiz Guarneros resaltó que se logró disminuir en 40 por ciento la incidencia delictiva, aunque el porcentaje varía de acuerdo con el tipo de delito. Por ejemplo, dijo, el delito de robo a casa habitación bajó un 40 por ciento, mientras que el secuestro y asalto a negocios un 30.

Reconoció que el delito que despuntó en los últimos doce meses fue el homicidio doloso, el cual subió un 40 por ciento en comparación con las cifras registradas durante el sexenio anterior.

Indicó que para hacer frente a esta problemática, es necesario que la institución cuente con un presupuesto generoso, que le permita acceder a la mejor tecnología y equipo.

Dijo que reiterará su petición del años pasado a la  Secretaría de Hacienda estatal de un presupuesto para la CES de dos mil 500 millones de pesos, los cuales se ocuparían, entre otras cosas, “para modernizarnos tecnológicamente, crecer en cámaras, pero cámaras, no de las que venden en las tiendas de autoservicio, sino cámaras especiales que se utilizan para la video vigilancia, que son para intemperie, usos rudos, que vienen con fibra óptica”.  

 

   

Domingo, 15 Septiembre 2019 08:11

Aguardan Poderes fallo sobre TSJ

Juzgado federal resolverá el próximo jueves si concede o no suspensión definitiva a María del Carmen Cuevas López para que continúe como presidenta del Poder Judicial de Morelos; notifican suspensión provisional 

Juez de control decretó suspensión condicional de proceso penal iniciado por la víctima a cambio de la medida; los hechos ocurrieron en octubre de 2018.

Viernes, 13 Septiembre 2019 05:15

Disidencia no reconoce a María del Carmen Cuevas

Magistrados opositores afirman que la suspensión provisional que le fue concedida no surte efectos para que siga como presidenta del TSJ.

También la acusan de boicotear los intentos para sesionar y elegir a presidente provisional del Poder Judicial de Morelos.

Mientras Carmen Cuevas López se aferró como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados opositores desconocieron su investidura, por considerar que la suspensión provisional concedida por la justicia federal no surte efectos para que siga en el cargo, además de que la acusaron de boicotear los intentos de un grupo de magistrados para sesionar y elegir al presidente provisional, y promovieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este jueves, una comisión de magistrados disidentes fijó su postura respecto a la suspensión concedida a Cuevas López por el Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, y afirmaron que los efectos no son para sostenerla en el cargo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto afirmaron que la suspensión no la protegió para seguir como magistrada y mucho menos como presidente del tribunal, pues sólo fue para efecto de que las cosas se mantuvieran como estaban  a partir de la hora y día que promovió el amparo.

Como peritos en derecho, destacaron que cuando se concedió la medida cautelar ya estaba consumado su cese como representante del Poder Judicial y había concluido su periodo, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo por el que el Congreso revirtió la disposición tercera transitoria del decreto 2610, por la que la legislatura anterior –sin reforma constitucional- amplió  a 20 el periodo de los magistrados de los tribunales locales, y emitió uno nuevo para retornar al periodo original de 14 años, como consta en sus decretos de designación de los juzgadores de segunda instancia.

Resaltaron que le fue negada la suspensión contra el nuevo decreto, por el cual se da por culminada su gestión desde el 4 de julio pasado e, insistieron, que la suspensión concedida fue únicamente para que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran y eso significa que al momento de la concesión de la medida cautelar Carmen Cuevas ya estaba fuera del Poder Judicial.

Hicieron un llamado a sus homólogos del grupo de Cuevas López a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el Poder Judicial, cuya representación se encuentra acéfala

“Hoy ya  no es magistrada y mucho menos presidente. La exhortamos para que no anteponga sus intereses personales y no afecte el interés público y social. Que prevalezca la legalidad para que se restablezca el Estado de Derecho en bien de la justicia”, afirmó Arenas Ángeles.

Posteriormente, arribó a la sede del TSJ la notaria número 5 de la demarcación de Cuernavaca, Patricia Mariscal Vega, quien dio fe de que Carmen Cuevas y su personal estaban despachando en la oficina de Presidencia.

Posteriormente, Hipólito Prieto acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia penal contra Carmen Cuevas, por la probable comisión de un delito al ejercer funciones que ya no le corresponden y usurpar una investidura.

“Ejercer actos o materializar actos en que se ostente como servidora pública, incurre en una conducta delictiva que será denunciada ante el agente del Ministerio Público y, si la representación considera que es un delito flagrante, incluso deberá de proceder contra la persona que se está como servidor de la magnitud de un presentante de un poder, o disponer de recursos materiales, humanos, incluso económicos, son graves”, secundó el magistrado Gambo Olea.

 

 

 

 

Familiares de víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas de Tetelcingo demandan justicia.

Surgen nuevo reclamos de justicia de familiares de seis personas que fueron sepultadas  en la fosas de Tetelcingo y que exigen fincar responsabilidades no sólo a los funcionarios que participaron en la inhumación ilegal, sino aquellos que omitieron informarles su derecho a ejercer acciones penales y solicitar al Estado la reparación integral del daño.

El abogado y representante de una de las familias, David Marroquín Ojeda, señaló que el objetivo de hacer la denuncia pública es visibilizar que existen  más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y la muerte de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones.

Explicó  que las familias denunciaron ante la otrora procuraduría de justicia, en unos casos la desaparición y, en otros, el secuestro de sus seres queridos, e incluso algunas carpetas de investigación datan desde 2009, pero fue hasta la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo en mayo de 2016 y la realización de pruebas genéticas a los 118 cadáveres extraídos, cuando descubrieron que los restos de sus familiares estaban ahí.

“El objetivo es presentar ante los medios de comunicación a todas las víctimas indirectas que ya están reconocidas dentro de la carpeta de investigación que se lleva por las fosas de Tetelcingo, en el proceso penal, y que están buscando ahorita en el juicio ser reconocidos como tal (como víctimas indirectas). Estos familiares no tenían conocimiento del derecho que tenían de formar parte del proceso y del acceso a la justicia”, dijo.

Detalló que, tras los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a los cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo y la identificación plena de sus familiares, les fueron entregados los cuerpos pero la autoridad nunca les ofreció información u orientación sobre su derecho a ejercer acciones legales contra los servidores públicos que incurrieron en irregularidades por inhumación de los cuerpos sin protocolo que permitiera su identificación, y para exigir la reparación integral del daño, que incluye aplicar responsabilidades y sanciones administrativas y penales a todos los que participaron en la inhumación ilegal y omitieron apoyar a las familias para reclamar sus derechos.

“Lo único que se pretende es que se haga justicia, los familiares no quieren dinero, no quieren premios, no quieren dotaciones, lo que quieren es justicia y ese es un derecho esencial de las víctimas y eso es lo único que están reclamando”, recalcó.

Recordó que existen dos ex funcionarios bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pero existen otros implicados y las responsabilidades podrían alcanzar al mismo ex gobernador, Graco Ramírez, y el ex procurador Rodrigo Dorantes Salgado, así como a 42 ex servidores públicos más que –de acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- pudieran estar implicados.

De esta manera, Epigmenio Mentado Díaz, Liliana Domínguez Flores, Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas y Ángel Marco Reyes, familiares de las personas cuyos cuerpos fueron localizados en las fosas de Tetelcingo, exigieron a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y no persistir en la omisión.

Por su parte, Amalia Hernández Hernández nuevamente reiteró su exigencia al titular de la FGE, Uriel Carmona de Gándara, de la creación de una fiscalía especializada para dar seguimiento al asunto de las fosas y reiteró su desconfianza hacia los agentes del Ministerio Públicos a cargo de las investigaciones, porque no sólo han obstaculizado las indagatorias y el proceso penal, sino que han mostrado su conflicto de interés y falta de profesionalismo para representar a la víctimas.

 

 

Jueves, 12 Septiembre 2019 05:15

Se aferra Cuevas López a presidencia

Un juez de distrito le concede la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos.

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión. Mediante un breve comunicado emitido anoche, Carmen Cuevas López informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios. “Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la  magistrada Cuevas López,  continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. 

“Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado”, estableció el comunicado oficial.

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder  Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos. 

“Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

“En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado”.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes. 

Hasta el cierre de edición, los magistrados disidentes no habían fijado postura sobre la decisión judicial federal.

Previo a conocerse la resolución del juzgado de distrito, por la mañana Andrés Hipólito Prieto asumió temporalmente la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, en medio de una tensa calma y una presunta amenaza de bomba que obligó el desalojo del personal de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Hipólito Prieto, con base en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento Interno que le otorgan la calidad de decano y primer magistrado, asumió la representación provisional del TSJ y convocó a una fallida Sesión Solemne de Pleno  para nombrar a quien ocuparía la presidencia hasta mayo de 2020, ante el cese de Cuevas López. 

Pese al desalojo del edificio, los nueve magistrados del bloque disidente acudieron al Salón de Plenos para atender la convocatoria a Sesión Solemne y, por encima de las opiniones de algunos magistrados sobre que el nombramiento del presidente provisional del tribunal debía concretarse con los magistrados presentes, Hipólito Prieto consideró necesario apegarse a la ley, que exige la participación de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Pleno, que equivale a 11 magistrados, para alcanzar el quórum necesario para la elección. 

Por tal razón, realizó una segunda convocatoria para Sesión Solemne para este jueves a las 14:00 horas, en espera que otros magistrados que forman parte del grupo liderado por Cuevas López se sumara al Pleno y que este mismo día se conociera si se concedió o no la suspensión provisional a la magistrada presidenta contra el decretó que dio por terminada su función judicial. 

Cuestionado sobre las últimas declaraciones de Cuevas López, quien puso en duda la legalidad del decreto legislativo y afirmó que seguía vigente su nombramiento como magistrada y presidenta del TSJ, señaló que “se le terminó el cargo, ya cesaron lo efectos, lo quiera o no lo quiera entender, solamente la autoridad judicial le puede decir lo contrario”. 

Recalcó que sólo en el supuesto de que se le conceda la suspensión provisional podría continuar en el cargo, pero mientras no se conozca la determinación de la justicia federal “lo que no se quiera aquí es que haya ingobernabilidad, una institución no puede quedar sin representante ni un solo momento, por esos  estoy saliendo yo a convocar a mis compañeros para que no sé este vacío de poder precisamente, pero si ella está provocando todo esto con esta serie de boicots (en referencia a la presunta amenaza de bomba e insistencia de varios magistrados), aguas, porque puede cometer serias responsabilidades”. 

 

 

Miércoles, 11 Septiembre 2019 20:07

Mediante un amparo, Cuevas López sigue en el cargo

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión.

Mediante un breve comunicado emitido este miércoles, Verónica Cuevas informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios.

En el comunicado oficial se establece lo siguiente:

"Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la magistrada Cuevas López, continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado".

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos.

"Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado".

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes.

 

La presidenta del TSJ cumplió catorce años en julio y debe dejar el puesto.

Ella menosprecia la publicación en el periódico oficial y afirma que no puede ser destituida.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró hoy en vigor el decreto que expide el punto de acuerdo por el cual el Congreso de Morelos redujo el periodo de los magistrados de 20 a 14 años, con lo que, en teoría, habría culminado la gestión de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ya alista las acciones legales para permanecer en el cargo y combatir la acción legislativa.

El decreto 427 expedido por la LIV Legislatura dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior, que modificó los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa, quienes originalmente habían sido nombrados por un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.

Mediante este nuevo decreto, la actual legislatura pretendió regresar al periodo original para el cual fueron designados los juzgadores y la primera en culminar su gestión sería Carmen Cuevas López, quien en julio de 2011 fue ratificada para un segundo periodo, el cual concluyó el 4 de julio pasado.

Los siguientes magistrados que culminarían su periodo de 14 años el próximo 17 de mayo de 2020 son Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega y Valentín González García.

Cuevas López fue la primera en fijar postura como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y como afectada por el nuevo decreto, al desestimar la validez jurídica del punto de acuerdo y anunciar la promoción de acciones legales para combatir el acto legislativo.

“Estoy analizando cuáles son las acciones que voy a hacer y, sin duda, ustedes se estarán enterando en breve. Pero de ningún manera este acuerdo parlamentario puede proceder en el sentido en que se está manejando, que me están destituyendo, porque en ningún momento me están destituyendo.

“Como justiciables nosotros tenemos garantías constitucionales no solamente a nivel constitucional federal sino internacional, en donde no podemos ser arbitrariamente quitados de nuestros nombramientos, porque es un nombramiento que tiene una reforma constitucional en la cual está legalmente establecido, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para el proceso legislativo. En este caso, el acuerdo parlamentario, hasta donde tengo conocimiento, no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico”, sostuvo.

Señaló que el Congreso cometió varios errores que restan validez al decreto, pues no sólo en sesión extraordinaria los diputados no trataron el tema sino que no se cumplió el proceso legislativo.

Dijo estar tranquila y que emprenderá su defensa jurídica para que sean los tribunales quienes diriman el tema, pero lamentó que el Congreso no respete la permanencia judicial e insistió que ningún acuerdo o decreto está por encima de la Constitución.  

Además de los magistrados del TSJ, también serían afectados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Martin Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes cumplirían 14 años en el cargo en mayo de 2020.

 

 

Martes, 10 Septiembre 2019 05:10

Desaparecen los distritos judiciales penales

Magistrados también crean juzgado especializado en juicios orales mercantiles.

Por decisión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedaron extintos los distritos judiciales en materia penal y fue creado el juzgado especializado en oralidad mercantil, que absorberá todos los asuntos, sin que haya tope de cuantía.

En entrevista, el magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz informó que fue aprobada la desaparición de los sietes distritos judiciales penales y la instauración únicamente de las sedes en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, en tanto que en segunda instancia quedará como único distrito, lo que permitirá distribuir las cargas de trabajo de manera igualitaria, sobre todo porque algunas salas como la de Cuautla tenían el doble de asuntos.

“Los jueces no tendrán mayor movimiento, y en segunda instancia igual somos un solo distrito, y el motivo de esto son las cargas de trabajo. Entendemos, que en la ciudad de Cuautla todos los (magistrados) que hemos estado ahí, que la carga de trabajo en materia oral penal ha aumentado, entonces la intención es que todos tengamos las mismas cargas de trabajo y los magistrados tendrán que transportarse a las sedes para desahogar sus asuntos”, explicó.

Informó que esta decisión entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos y los asuntos serán turnados conforme al orden consecutivo de las salas.

También informó que se creó el juzgado especializado en juicios mercantiles orales y la sede será Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a otras sedes a desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Dijo que por el momento  sólo existirá un juez especializado para absorber todos los asuntos  mercantiles sin importar la cuantía y, conforme la carga de trabajo, en su momento se analizará la conveniencia de abrir otro juzgado.

El juez especializado será designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y se espera que en breve comience a funcionar el nuevo juzgado.

 

  

Lunes, 09 Septiembre 2019 05:13

Nuevo proceso penal contra “El Carrete”

Al otrora líder del cártel de “Los Rojos” le fue dictado un nuevo auto de formal prisión por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de secuestro y narcotráfico.

El otrora líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, acumuló ya su cuarto proceso penal, tras su detención el pasado 1 de agosto en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que al también conocido como “El Señor de los Caballos” le fue dictado por un juez federal un nuevo auto de formal prisión por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de cometer secuestro y narcotráfico.

La dependencia federal insistió en su llamado a la ciudadanos que hayan sido víctimas del ex líder criminal a presentar las denuncias correspondientes, con la finalidad de robustecer las cuatro investigaciones en su contra y por la cual se iniciaron los procesos judiciales penales.

“El Carrete”, cuya organización tenía su principal bastión en la zona sur de Morelos, fue detenido en el estado de Guerrero junto con uno de sus cercanos colaboradores, luego de protagonizar un enfrentamiento con grupos rivales que duró varios días.

A la detención de Santiago Mazarí se le atribuye el incremento de homicidios dolosos en Morelos en las últimas cuatro semanas, pues las autoridades consideran que  hay una disputa al interior de la mermada organización criminal y entre grupos antagónicos.

Incluso, la noche del viernes fue acribillado en el municipio de Ayala Miguel “N”, alias “El Pantera” y ubicado como el tercero en la línea de mando de “Los Rojos”.

 

  

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