Integrantes del Frente Zapatista de la República demandaron al gobierno del estado el cumplimiento del decreto que entró en vigor en el 2015, referente al pago de pensiones.
Al respecto, refirieron que dicho decreto obliga a las autoridades a otorgar una pensión a cerca de mil 300 descendientes, al tiempo de indicar que se pretende anular dicha norma para no pagarles.
Lo anterior, pues en el presupuesto 2018 el Congreso local sólo etiquetó 525 mil pesos para el grupo de "tatas y nanas", según señalaron los inconformes.