La Red de Colectivas Feministas de Morelos, a través de la Colectiva Siemprevivas Morelos, y de Arantxa Ortiz Rodríguez, denunciaron presunta violencia institucional, por parte de Jorge Adrián Lizardi Pérez, quien se desempeña en el cargo de jefe de la Unidad Departamental administrativa del programa federal "Sembrando Vida Morelos".

Ortiz Rodríguez expuso que fue objeto de acoso laboral y violencia cuando se desempeñó como técnica social en el programa público, en los municipios de Miacatlán, Temixco y Tlaltizapán.

Arantxa Ortiz indicó que presentó una queja de manera interna por acoso laboral ejercida por Adrián Lizardi Pérez, haciendo mención de acciones verbales de humillación, lo que derivó en la reasignación de los territorios en los que laboraba, sin ninguna justificación, a dos días de cumplirse el plazo para que la anterior coordinadora territorial, Leticia Peña Ocampo, fuera removida de su cargo.

Además refirió que hubo varias acciones posteriores para obstaculizar que ella fuera reinstalada en los territorios, aún y cuando las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida dirigieron oficios a la actual coordinadora territorial, Verónica Angélica Hernández Hernández, apoyándola.

Explicó que no tuvo respuesta y en el proceso se dio cuenta que sus superiores no permitieron avanzar la queja ni generar soluciones desde la Secretaría de Bienestar.

De igual modo, añadió que los mandos más altos mostraron desinterés en el apoyo que ella tuvo por parte de las y los beneficiarios de las zonas de atención, anulando de esta manera las acciones o sanciones para el acosador y la estructura interna que fue notificada (facilitador de la zona sur poniente y coordinadora territorial del Programa Sembrando Vida Morelos).

Cabe señalar que la afectada presentó asimismo una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La denunciante hizo un llamado a las autoridades y a las instituciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, y la necesidad urgente de capacitar al personal del servicio público en temas de género y violencia contra las mujeres, en cumplimiento con el compromiso del presidente de la República de “no dejar a nadie atrás".