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Exonera juez a secretaria de la Contraloría


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Los elementos aportados por la Fiscalía como pruebas de un ilícito “fueron apreciaciones subjetivas y carecen de algún sustento jurídico”

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Los elementos aportados por la Fiscalía como pruebas de un ilícito “fueron apreciaciones subjetivas y carecen de algún sustento jurídico”


Fotógraf@/ Archivo
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Mientras una juez vinculó a proceso a la ex directora del DIF del municipio de Atlatlahuacan, la secretaria de la Contraloría, América Jiménez Molina, fue exonerada de la imputación del supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que Araceli Guadalupe “N fue vinculada a proceso por presunto tráfico de influencias, cuando fungió como directora del DIF de Atlatlahucan, al intentar favorecer en dos ocasiones a un familiar en un asunto relacionado con la custodia de un menor.

De acuerdo con los hechos narrados en la causa penal JCC/612/2020, en enero y febrero de 2020, la ex funcionaria habría instruido al personal del DIF para realizar diligencias fuera de su jurisdicción en la comunidad de Moyotepec, municipio de Ayala.

Incluso, ella misma se habría presentado, en calidad de funcionaria de Atlatlahucan, en la localidad de Ayala para obtener la entrega del menor, hijo de su familiar.

Al disponer de los elementos suficientes sobre la presunta comisión del delito, la juez determinó sujetar a proceso a la ex funcionaria y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por otra parte, un juez decretó la no vinculación de la secretaria de la Contraloría del Gobierno de Morelos, América Jiménez Molina, a quien hace unos días la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, porque supuestamente acreditó de manera irregular su residencia en Morelos para poder acceder al cargo de secretaria de despacho.

A través de un comunicado, la dependencia informó que “el juez analizó las pruebas aportadas por la Fiscalía y concluyó que los elementos que se intentaron aportar como pruebas de un ilícito, fueron apreciaciones subjetivas y carecen de algún sustento jurídico”.

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Maciel Calvo

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