*Entre ellas, la de Raúl Tadeo Nava*

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Consejo General del organismo avaló por unanimidad la cancelación del registro de tres candidaturas a diputaciones federales, cuya información en el formato “3 de 3 contra la violencia” se comprobó como falsa y cometieron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género; entre dichas cancelaciones está la de Raúl Tadeo Nava, aspirante a la diputación por el tercer distrito por el Partido del Trabajo (PT).

El grupo interdisciplinario realizó un análisis muestral a candidatos y candidatas a una diputación federal, en el cual revisó y verificó el formato “3 de 3” en el que bajo protesta de decir verdad aseguraron no haber sido personas condenadas o sancionadas por violencia familiar y/o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o ser deudores o morosos alimentarios.

Derivado del análisis se encontró que tres personas candidatas incurrieron en falsedad de declaraciones y se tomó la determinación de cancelar el registro.

El dictamen hace referencia al tiempo en que Tadeo Nava se desempeñaba como presidente municipal de Cuautla, y detalla lo siguiente:

"Ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la síndica María Paola Cruz Torres, quien de acuerdo a la denuncia en el tribunal lo señaló de impedirle realizar funciones propias de la sindicatura municipal, como lo es representar legalmente al ayuntamiento en todos los asuntos, como las controversias legales; la exclusión de la toma de decisiones, toda vez que no se le convocó a sesión de cabildo; bloqueo económico; impedimento de tener personal a su cargo; así como expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer.

En la Sentencia TEEM/JDC/443/2018-2 fue amonestado públicamente pese a haber sido emplazado a juicio; en ese entonces no acudió a combatir los hechos por los cuales se le denunció.

Los actos tuvieron lugar desde 2015 y se perpetuaron al menos hasta 2018; es decir, hace no más de tres años. Tal situación trajo como consecuencia impedir a una mujer únicamente por razón de su género, el ejercicio legítimo de las funciones que la ciudadanía le encomendó al haber sido votada para el cargo correspondiente, lo cual se materializa en una situación grave de violencia institucionalizada".