Gana controversia constitucional.

El Poder Judicial del Estado de Morelos ganó la controversia constitucional a través de la cual defendió su autonomía financiera y reclamó la modificación realizada a su proyecto presupuestal para el 2021.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundada la controversia constitucional 15/2020, que promovieron conjuntamente el Tribunal Superior de Justicia  (TSJ) y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), en la que impugnaron la “alteración” del proyecto presentado al Poder Ejecutivo y autorizado por el Congreso local para el 2021, y exigieron la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable, conforme a la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente al Poder Judicial.   

En septiembre de 2020, el Poder Judicial presentó su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, en el que solicitó mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021, sin embargo, la propuesta fue modificada y reducida a una tercera parte, dejando a la administración de justicia prácticamente con el mismo presupuesto de los últimos tres años.

De acuerdo con la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2021 aprobada por el Congreso local, al Poder Judicial le fue asignado un monto de 549 millones 34 mil pesos (equivalente al dos por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados para la operatividad del TSJ; 75 millones para pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos que enfrenta este tribunal; y 25 millones de pesos para el TUJA.

Al resolver la controversia constitucional, la Segunda Sala de la SCJN concedió la razón a los tribunales inconformes y declaró “la invalidez del oficio GOG/087/2020 (en el que se modificó el presupuesto solicitado), de 30 de septiembre de 2020, y de los artículos décimo sexto (en la parte que asigna el presupuesto total al Poder Judicial del Estado de Morelos) y décimo octavo, párrafos primero y segundo, así como el anexo 2, del decreto número 1105 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021”.

De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, se espera que, por la repercusión, la SCJN haga la notificación y engrose correspondiente de la resolución para analizar el impacto presupuestal para lo que resta del 2021 y se tenga como precedente para el análisis del presupuesto 2022, en el que el Congreso deberá acatar la autonomía financiera del Poder Judicial.