*Por parte de actores políticos y económicos de la administración pasada*

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseveraron que se ha desatado una guerra sucia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por parte de actores políticos y económicos de la administración pasada; rechazaron las recientes versiones periodísticas sobre la supuesta protección a grupos criminales, con la publicación de supuestos videos y fotografías.

En conferencia de prensa, ambos funcionarios anticiparon que la próxima semana el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una denuncia respecto a estos hechos.

Además dieron a conocer que el gobierno estatal pedirá que las investigaciones respecto a todos los funcionarios de todos los poderes, de cualquier nivel, sean atraídas por la federación para llegar a fondo y deslindar responsabilidades sobre quienes sí tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Calificaron la colocación de mantas con amenazas y mensajes como un acto de cobardía, para manipular la información y distraer la atención de quienes realmente han estado protegiendo a organizaciones criminales.

A decir de Ortiz Guaneros y Ojeda Cárdenas, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía Anticorrupción han sido omisas en su función y se han prestado a dicha guerra sucia.

El secretario de Gobierno sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción filtró a un medio de comunicación el video en el que supuestamente se observa como Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, escapaba en el 2019 de un operativo en medio de elementos de seguridad pública.

Por su parte, el comisionado sostuvo que contrario a lo que se ha informado, el Gobierno de Morelos colaboró en la detención de dicha persona, aportando al gobierno federal datos de su ubicación, por lo que se llevó a cabo el operativo de su detención.

Asimismo afirmó que las multicitadas “narcomantas” son recogidas y entregadas a la FGE para que se identifiquen huellas dactilares y se investigue su origen, pero hasta la fecha no ha habido ningún dato ni resultado al respecto.

Finalmente argumentó que se colocan donde no hay cámaras de videovigilancia de la CES o se encuentran a larga distancia, y los sujetos que las han colocado portan pasamontañas o cubrebocas y no se permite observar el rostro.