Juez de control ratificó su vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

La ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, ingresó al penal femenil de Atlacholoaya, luego de ser detenida y puesta a disposición del juez de control que ratificó su vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

Tras ejecutar de una orden de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó a la ex funcionaria ante el juez, Ramón Villanueva Uribe, quien dio cumplimiento a la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que –en acatamiento de una sentencia de amparo de un tribunal colegiado- ordenó vincularla a proceso y sujetarla a la medida cautelar de prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, hasta que se determine su inocencia o responsabilidad en juicio oral.

El juzgador concedió dos meses para el cierre de la investigación relacionada con la causa penal JC/324/201, en la que Izquierdo Mediana fue imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

La ex secretaria de Obras del gobierno de graquista, Patricia Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, fueron denunciados por la actual administración estatal ante la FECC por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales, las obras de demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos a Ago Operaciones S.A. de C.V., una empresa al parecer “fantasma”.

Sin embargo, mientras la ex funcionaria enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones bajo la medida de prisión preventiva, sus ex colaboradores encaran en libertad las imputaciones por presunto ejercicio ilícito del servicio público.

Además, la ex exsecretaria de Obras durante el sexenio graquista y algunos de sus  ex colaboradores enfrentan otros procesos penales por presuntos actos de corrupción, ya que supuestamente habrían adjudicado diversas obras de manera directa y sin respetar la legislación en materia de licitaciones y contratación, y habrían pagado obras no realizadas o inclusas a empresas fantasmas o que no cumplían con los requisitos para ser contratistas.