Congreso deberá proceder entre tres escenarios legales para ocupar diputación vacante, señala Barra de Abogados Electorales.

La organización llamada Barra de Abogados Electorales del Estado de Morelos vaticinó que la disputa por la vacante que dejó el recién fallecido diputado Juan José Vázquez Yáñez se dirimirá en los tribunales, independientemente de la vía que aplique el Congreso para determinar su integración y quién ocupará la curul.

Luego de la fallida solicitud presentada al Pleno legislativo  por el diputado priista Eliasib Polanco Saldívar para que Roberto Yáñez Moreno asumiera la vacante que dejó su tío, quien murió el pasado 17 de abril, el presidente de la Barra de Abogados Electorales, Gilberto González Pacheco, consideró que la vía para que el Congreso se pronuncie sobre su integración y en su caso a qué persona le corresponderá ocupar el espacio, es a través de un dictamen que emita la Junta Política y de Gobierno y que este sea sometido al Pleno.

Recordó que existen tres escenarios posibles ante la laguna constitucional que no prevé qué hacer cuando una diputación queda sin propietario y suplente, y que la vacante que dejó Vázquez Yáñez fue originalmente asignada al extinto partido Morelos Progresa.

El primer escenario es que el Congreso permanezca integrado únicamente por 19 diputados y quede vacante la curul número 20 hasta el término de la LV Legislatura. El segundo escenario es que por orden de prelación, según la lista de diputados plurinominales registrada por Morelos Progresa ante el Impepac, la curul se asigne a Gabriela Marín. Y, el tercero, que aplicando el criterio de acciones afirmativas la diputación sea asignada a Roberto Yáñez, quien se registró como candidato a diputado plurinominal en representación de la comunidad LGBTQ+.

Señaló que el Congreso necesariamente tiene que pronunciarse sobre los tres escenarios posibles, pero ante la petición de dos personas (Gabriel Marín y Roberto Yáñez) al Congreso para ocupar la curul, auguró que el asunto se resolverá en los tribunales electorales, independientemente del procedimiento legislativo que se aplique, ya que los implicados tienen derecho de defender lo que consideran les corresponde.