Pide juicio político contra los tres juzgadores que ordenaron liberar a un detenido; alega que actuaron en detrimento de “la víctima”, que en este caso es la propia fiscalía.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra de los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa, Manuel Díaz Carvajal  y María Idalia Franco Zavaleta por haber aprobado dejar en libertad a un sujeto que hurtó de un vehículo oficial uniformes, dispositivos y computadoras con información confidencial que forma parte de diversas investigaciones.

El vicefiscal de la FECC Edgar Núñez Urquiza, acudió a la sede legislativa para formalizar la solicitud contra los funcionarios judiciales por presuntamente haber violado la Constitución y haber actuado en detrimento de la parte afectada o víctima, en este caso la fiscalía anticorrupción y miembros del personal.

Narró que  hace más de un año un hombre identificado como Juan Armando “N”, en el centro de Cuernavaca abrió la cajuela de un vehículo de la FECC, que era conducido por personal de la fiscalía que realizaba funciones operativas, y sustrajo desde objetos personales de los tripulantes hasta uniformes, memorias USB y computadoras que contenían información confidencial.

Tras el robo, se inició una denuncia y el responsable fue identificado y detenido tras un cateo a su domicilio, donde fueron encontrados solo algunos de los objetos robados, pero lo más importante, los equipos con información confidencial no fueron localizados.

El sujeto fue imputado por el delito de robo calificado y enfrentó su proceso penal en prisión preventiva.

Sin embargo, el 15 de julio de 2022,  los magistrados de la Tercera Sala del TSJ, María Idalia Franco, Juan Emilio Elizalde y Manuel Díaz Carvajal dictaron su inmediata libertad, declararon la suspensión condicional del proceso y autorizaron el otorgamiento de ocho mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias USB.

Sin embargo, según la fiscalía, no ponderaron que en estos dispositivos había información reservada y privilegiada.

Señaló que la ley establece el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño y, en el caso de la FECC, “lo integral era que se nos brindara la información para saber dónde estaban estos objetos y los magistrados no garantizaron que el imputado pudiera aportar los elementos para que nosotros pudiéramos localizar los objetos.

“Evidentemente los objetos no están localizados, no se encontraron, ya pasó más de un año y nadie nos ha dado información para localizar estos objetos, estas computadoras y estas memorias (USB)”, señaló.

Afirmó que ante la suspensión del proceso y la liberación del presunto responsable por parte de quienes integran la Tercera Sala del TSJ, no hubo la posibilidad de extender la investigación para recuperar todos los objetos y primordialmente la información confidencial sustraída, así como determinar si fue un robo fortuito o hubo una intención deliberada.

“Desconocemos, no hemos llegado a este punto de la investigación, no sabemos si el imputado fue enviado o mandado por alguna persona para sustraerla, y es lo que genera este estado de zozobra y laceración a las actividades que realiza este ente público”, dijo.

Agregó que los magistrados incumplieron con su responsabilidad de conducirse bajo el principio de objetividad, profesionalismo e imparcialidad y, al no garantizar la reparación del daño integral, transgredieron la ley y generaron  violaciones claras y precisas a la Constitución, las cuales son materia de la solicitud de juicio político ante el Congreso de Morelos.

Magistrados del TSJ implicados en el caso declinaron emitir una postura, por considerar que es un asunto jurídico que aún se encuentra sub judice (en proceso),  al existir medios legales pendientes de resolución.