El secretario de gobierno Samuel Sotelo Salgado lamentó que no se hayan alcanzado acuerdos dentro del Congreso local para avanzar con el proceso legislativo y llamó a buscar los consensos para que sea posible comenzar a trabajar en la elaboración del paquete económico del próximo año fiscal. 

El responsable de la política interna mencionó que el Ejecutivo es muy respetuoso de la división de Poderes, pero lo ideal es que se vaya avanzando en la construcción de consensos: “hemos tenido reuniones con diputados, creemos que es factible llegar a los acuerdos, ojalá que así sea”.  

Recordó que hay varios asuntos pendientes, como iniciativas ya presentadas, pero “lo que urge”, particularmente es la construcción conjunta de una propuesta de paquete económico para el 2023, el cual, por ley debe ser presentado al Legislativo el primero de octubre próximo.  

Aseguró que se ha estado trabajando en una agenda legislativa, y “procurando que haya unidad porque no quisiéramos que suceda lo mismo que el año pasado… es preocupante porque quisiéramos avanzar en estos temas, somos respetuosos pero ojalá haya acuerdos”, anotó. 

En otro tema, en entrevista, el secretario de Gobierno dijo que será necesario esperar a conocer a fondo la resolución judicial que permitió que fueran puestas en libertad cuatro personas imputadas como responsables del homicidio del empresario y ex candidato a la alcaldía de Cuautla Carlos Benítez Sánchez “Bildmart” y de los policías que los custodiaban.    

Dejó en claro que es competencia de la Fiscalía General del Estado decidir si impugna dicha decisión del juzgado de control. En lo que respecta a la labor de la Comisión Estatal de Seguridad, y de las corporaciones policíacas del Estado de México que coadyuvaron en la detención, “se hizo lo correcto, se siguieron los protocolos correspondientes, se supone que hubo un seguimiento del vehículo y otras cuestiones y se pusieron a disposición de la Fiscalía… hay algunas grabaciones que fueron aportadas a la fiscalía, se le va a dar seguimiento”. 

Anotó que el empresario contaba con las medidas de protección que dispuso la Fiscalía General del Estado, pero lo relativo a que la víctima era testigo protegido, es competencia de esa institución.