Diagnóstico estatal refleja, además, sobrepoblación en los centros penitenciarios y carencia grave de custodios.

Las cárceles de Morelos, en las que prevalecen los abusos y el autogobierno, cuentan con una calificación general del 7.19, según el diagnóstico estatal de Reinserción Social 2021 que presentó  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) ante el Congreso del estado.

El presidente de la CDHEM, Israel Hernández Cruz, presentó dicho informe a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como de Seguridad y Protección Civil del Congreso local, en el que expuso que las calificaciones registradas por los centros penitenciarios son las siguientes: la del Femenil de Atlacholoaya es de 7.82; el de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes de 7.6; el de Jonacatepec de 7.58; en Jojutla de 7.39; Atlacholoaya de 6.92 y en  Cuautla de 5.85, por lo que sigue reprobado.

El ombudsman refirió que en general se tuvo un aumento del uno por ciento en la calificación de dichos centros penitenciarios, pero no es significativo ni suficiente para la mejora de las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios.

En este contexto, afirmó  que prevalece el autogobierno  a cargo de grupos criminales dentro de las cárceles, por lo que la CDHEM recomendó al gobierno del estado la contratación de más elementos de seguridad y de  su capacitación.

El diagnóstico no sólo refleja una sobrepoblación en los centros, sino que la carencia de custodios es grave, ya que por  27 internos sólo se cuenta con un elemento, mientras que la media nacional es un funcionario por tres reclusos.

En cuanto al trato a las internas, refirió que se hizo un estudio especial que concluyó que sufren violencia de género y que viven en condiciones que violentan en todo momento sus derechos, además de que no cuentan con  los servicios de salud necesarios, así como los niños que viven en estos centros con sus madres.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos emitió recomendaciones al gobierno del estado para el mejoramiento en los centros penitenciarios, como la implementación de políticas públicas con perspectiva de género; agotar los mecanismos necesarios para prevenir la violencia; realizar las gestiones para que las mujeres y los niños reciban una adecuada alimentación  en las cárceles; dotar de personal médico, equipo y medicamentos suficientes y llevar a cabo programas de prevención de adicciones, entre otras medidas.