*El 80 por ciento de llamadas que ingresan al 9-1-1 corresponden a llamadas improcedentes*

Mediante un comunicado, el gobierno del estado informó que, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), en coparticipación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se realizó la presentación de la campaña “Con las emergencias no se juega”, con el fin de crear conciencia social entre la población de las consecuencias negativas asociadas con el mal uso de este servicio.

En este sentido, la CEPCM mencionó que, durante el 2022, mediante la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, se han atendido 62 reportes falsos de amenazas de bomba, de los cuales el 42 por ciento han sido en dependencias gubernamentales, 32 por ciento en establecimientos comerciales y 26 por ciento en instituciones educativas.

La dependencia estatal detalló que este tipo de acciones han sido atendidas de manera coordinada, sin embargo, el incremento de estas prácticas, genera una pérdida en la eficiencia y eficacia de los recursos humanos y materiales que se disponen en atender incidentes reales.

Por su parte, la CES Morelos detalló que se cuenta con el teléfono de Emergencias 9-1-1, que es un servicio de atención telefónica gratuita, por medio del cual se atienden auxilios de urgencias médicas, de seguridad, de protección civil, servicios públicos, entre otros.

En el sistema de llamadas 9-1-1 durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de la presente anualidad se recibieron un total de 646 mil 743 llamadas, de las cuales el 80 por ciento corresponden a llamadas improcedentes y el 20 por ciento restante correspondió a auxilios reales.

Aunado a lo anterior, se detalló que el uso irresponsable de las líneas de emergencia, se puede derivar en un delito, esto dispuesto en los artículos 5 fracción XII, 10 fracción V, VI, VII y 36, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo, a quien de forma dolosa realice bromas, insultos o amenazas.

Finalmente, el gobierno estatal incentivó a la ciudadanía a ser partícipe de este tema y hacer buen manejo de la línea de emergencia, ya que de esta manera se puede brindar una atención oportuna en la salvaguarda de su integridad y de sus bienes.