La titular de la ESAF dice que el cateo realizado ayer para decomisar documentación pretende favorecer a los legisladores que fueron alcaldes de Yautepec, Yecapixtla y Tetecala, en cuya administración se detectaron desvíos de recursos.

Luego de que la tarde de ayer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cateara un domicilio particular en Cuernavaca relacionada con ella, la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez afirmó que detrás de esa acción están los legisladores locales que en la administración pasada fueron presidentes municipales y que pretenden alterar informes de resultados en los que el organismo que ella preside detectó presuntos desvíos de recursos financieros.

En entrevista, López Rodríguez denunció que la Fiscalía Anticorrupción retuvo informes de resultados de auditorías aplicadas a los ayuntamientos de Yecapixtla, Yautepec y Tetecala, entre otros municipios, correspondientes a los ejercicios fiscales de las administraciones municipales pasadas.

Dichos informes, dijo, el organismo los tenía bajo resguardo a causa de las amenazas y presiones que han sufrido como trabajadores de la ESAF durante las últimas semanas.
En este sentido, confirmó que recurrió ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el actuar de los legisladores así como de la Fiscalía Anticorrupción.

"Me queda claro que el interés es cambiar el sentido de los informes y aquí hago público que yo ya tomé mis medidas necesarias ante la Fiscalía General de la República por si ellos hacen algún cambio, alguna modificación al contenido de los informes, donde sí hay anomalías en el tema de desvíos de recursos de los municipios cuando fueron alcaldes. Yo los hago responsables de lo que puedan hacer a partir de hoy que tienen la información en sus manos de manera dolosa y arbitraria", apuntó.

La auditora estatal reiteró que la intención de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició en su contra es removerla del cargo, ya que la denuncia se originó a raíz de la designación de los auditores especiales que hicieron los diputados locales hace apenas dos meses.