El representante del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, señaló que los y los magistradas analizarán la viabilidad legal y financiera del decreto aprobado por el Congreso local para acogerse al retiro voluntario anticipado, ya que no habría sido etiquetado presupuesto en el decreto legislativo.
Reconoció que el tema del retiro voluntario no era un tema contemplado por el Poder Judicial, sin embargo, dijo ser respetuoso de la determinación del Poder Legislativo sobre la emisión del decreto y será una decisión personal de cada juzgador elegir o no su retiro anticipado.
Sin embargo, lo que hace mella entre las y los magistrados es la factibilidad del decreto aprobado por el Poder Legislativo, sobre todo en materia económica, porque al igual que decenas de decretos pensionarios de trabajadores judiciales, no se etiquetaron recursos para pagarlos y esto ha llevado al Poder Judicial a recurrirlos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El decreto ya está pero ahora vamos a ver de dónde va a poder pagar el Poder Judicial. Le toca al Poder Judicial establecer también la línea de acción, entenderlo como yo se los he dicho, que nosotros solo en este año 2023 llevamos aproximadamente 45 controversias constitucionales presentadas ante la SCJN por este tipo de cuestiones, que el Congreso del Estado jubila al personal del TSJ pero no lo dota de la cantidad económica para cubrir esas pensiones en el caso de ellos, sino no se hace. De esa manera nosotros (los magistrados en posibilidad de retirarse mediante ese decreto) entraríamos en ese mismo supuesto”, explicó Gamboa Olea, al señalar que el Poder Judicial necesitaría por lo menos 30 millones de pesos adicionales.
Sobre las críticas que sobrevinieron en contra del retiro voluntario anticipado y las pensiones vitalicias para las magistraturas, señaló que hay desconocimiento sobre el tema.
Consideró un acierto que se haya generado una normatividad para regular el retiro de los juzgadores de segunda instancia y hasta propuso la necesidad de crear el Instituto de Pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
“Yo creo que con este tema de la ley del haber de retiro y que tiene que ver precisamente con esa organización administrativa, el Poder Judicial gana en tener un orden, en tener un presupuesto, en tener un análisis cada año de los impactos presupuestales y nos lleva a la necesidad, lo digo y lo sostengo, de crear un instituto de pensiones del Poder Judicial para que esto no nos rebase y no se convierta en un bola de nieve que más adelante no lo podamos controlar”, afirmó.
También reconoció que el Poder Judicial no estaría preparado para el retiro anticipado de todas o una parte de las magistraturas, por lo que esto deberá realizarse manera escalonada.
“No estamos nosotros preparados para ese tema, nosotros hemos incluso establecido la línea de comunicación con el Congreso en el sentido de que esto no puede ser de manera inmediata, tendría que ser escalonado y tendría que ser presupuestado en el anteproyecto del presupuesto 2024 ¿Qué significa esto? Que nosotros no estaríamos en condiciones de quitarle dinero al presupuesto de 2023 para este tipo de cuestiones que no estaban consideradas. Entonces lo que nosotros tendríamos que pedir al Legislativo es que fuera de manera escalonada. ¿Qué significa esto? Que fuera hasta el próximo año, el decreto puede salir y ellos decidirán quién se acoge o no y será aplicado hasta el año que viene”, dijo.
