Los consejos de participación se extralimitan en sus atribuciones, denuncian.

La Asociación Estatal de Padres de Familia de Morelos (Aepaf) denunció que se está fomentando la privatización de las escuelas al forzar al pago de cuotas escolares y en algunos casos, como en la primaria “Narciso Mendoza” de Cuautla, se han creado “grupos de choque” (sic) para presionar a las familias que no han pagado.

El presidente de la agrupación, Mauricio Miranda Villalva, alertó que hay lugares donde comienzan a involucrarse grupos delictivos en el interior de los centros escolares.

Los cobros alcanzan hasta más de 800 pesos por estudiante y hay instituciones donde se llegan a recaudar hasta 600 mil pesos, que buscan controlar ciertos directores de planteles. Lo anterior, con el pretexto de acuerdos supuestamente tomados por los consejos de participación social de la educación.

Aseveró que los consejos de participación no tienen facultades que la ley sí le otorga a los comités y a la asociación de padres de familia, como el manejo de recursos. “Por eso esas instancias no tienen tesorero”, porque solo deben gestionar recursos y tomar acuerdos sobre las actividades de las comunidades escolares, anotó.

El líder de la Aepaf aseveró que la autoridad educativa “está promoviendo que se conviertan las escuelas en escuelas de paga, porque en todas las escuelas los directivos están cobrando cuotas, con el pretexto de que fue orden de su autoridad superior, y están condicionando las inscripciones”.

Dijo que hay casos muy álgidos como la citada primaria “Narciso Mendoza”, donde la dirección “ha formado un “grupo de choque” y no permite que la asociación de padres atienda las necesidades del alumnado. Yo preguntaría ¿quién querría pagar porque sus hijos coman en el suelo o que los maestros entren a los mismos baños que las niñas y niños?, pues eso está pasando”.

“Los directores y estas personas que se dicen ser parte de los consejos de participación social no tienen facultades para exigir las cuota ni manejar el dinero. Nosotros no nos negamos a ayudar a la escuela, pero sí queremos un orden y queremos transparencia. Los papás exigen cuentas, que los comités sí deben rendir con informes”, anotó.

Miranda Villalva estimó que las familias llegan a gastar hasta diez mil pesos en el año escolar, entre pago de cuotas, la compra de uniformes -como los de educación física, que obligan a comprar con un proveedor específico- la compra de materiales y diversas aportaciones por festividades a lo largo del año, como kermes, “salidas de curso”, cursos y excursiones.

Además, mencionó que hay escuelas donde se exhibe a los niños cuyas familias no han podido pagar.

Además, el presidente de la Aepaf alertó que se están gestando “grupos de choques” que se atribuyen la facultad de cobrar. “Por ejemplo, este grupo en la Narciso Mendoza, van y les gritan a las mamás, que ellas no pagan, que no hacen algunas cosas. Y aquí se está observando el fenómeno de cómo se infiltra la delincuencia organizada en las instituciones, porque justamente el director al sentirse que está en desventaja con la asociación,  empieza a buscar quién lo ayuda y en esa búsqueda de quién lo apoya comienza a asociarse con  estos grupos que generan violencia, quienes gritan, insultan, agreden; entonces el director genera compromisos con esos grupos y luego ellos imponen las cuotas y así es en la sociedad, cuando la institución es débil”.