Consejo de Expresidentes de la Barra de Abogados enumera violaciones constitucionales graves en los nombramientos realizados por diputados del G-15.

El Consejo de Ex presidentes la Barra de Abogados del Estado de Morelos anunció que promoverá acciones legales contra los diputados del denominado G-15, por las recientes “designaciones irregulares” de magistrados y magistradas, tanto en los tribunales federales como un juicio político ante el Congreso de la Unión por violaciones constitucionales graves.

Integrantes del consejo, junto con el actual presidente de la Barra de Abogados, Fabián García Ramírez, expresaron su inconformidad con los nombramientos realizados por un grupo de legisladores por considerar que son completamente irregulares, ya que incurrieron desde nepotismo, hasta el grado de nombrar a personas sujetas a proceso penal por presuntos actos de corrupción, violentando así diversas disposiciones tanto de la Constitución federal como de la Constitución local.

El litigante e integrante del Consejo de Ex presidentes la Barra de Abogados Miguel Ángel Rosete Flores, explicó  que las disposiciones constitucionales establecen que los nombramientos de los magistrados y jueces de poderes judiciales locales se harán preferentemente entre aquellas personas que hayan  prestados sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Con base en este argumento, refutó las designaciones realizadas por los diputados y las diputadas del G-15, ya que las magistraturas fueron asignadas a sus familiares y colaboradores, sin importar que, incluso, alguno de ellos estuviese sujeto a proceso penal.   

“Es aberrante que hoy una magistrada, Anahí (Bahena López), haya sido vinculada a proceso por  acto de corrupción y que, independientemente del principio de presunción de inocencia, sea premiada  con la designación de magistrada”, señaló como ejemplo.

Y es que, en octubre de 2019, la ex funcionaria graquista y hoy magistrada  del Tribunal Superior de Justicia fue vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de fraude procesal, por las probables irregularidades en que incurrió al tramitar su “pensión dorada”. Hasta el momento, se desconoce el estado procesal de este caso.

Rosete Flores también subrayó que otros de los beneficiados con un escaño en el Poder Judicial tuvieron relación contractual o son consanguíneos de los diputados, “alguno de ellos es familiar del presidente del Congreso del Estado (Francisco Sánchez Zavala), sobrino o tío, y otros fueron asesores o secretarios de comisiones” y, “en este contexto, es un decir ‘ya basta’ y vamos a presentar de manera colectiva una solicitud de juicio político en el Congreso de la Unión y, de manera individual, vamos a presentar, los que así lo consideremos, un amparo”.
El pronunciamiento contra las designaciones irregulares fue respaldado por ex presidentes de la Barra de Abogados como Pedro Luis Benítez, Hugo Bello Ocampo, Felipe Jasso y Santiago Romero.