El costo del retiro de jueces y magistrados del TJS sería, por lo menos, de mil 700 millones de pesos, estima el presidente del Poder Judicial del estado, el cual no cuenta con el recurso, sostiene.
Trabajadores del Decimoctavo Circuito del Poder Judicial de la Federal (PJF) colocaron un moño negro en señal de luto en las puertas de la Ciudad Judicial de Cuernavaca, por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de la reforma judicial.
En tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, advirtió que aterrizar la reforma en el estado tendrá un costo millonario.
En víspera del Grito de Independencia, un grupo de juzgadores y trabajadores del PJF en Morelos vestidos de negro, se concentraron en la explanada del edificio judicial para refrendar que, pese a esta derrota, la lucha sigue y es necesario mantener la unidad.
“Necesitamos reagruparnos, nos pegaron, nos dolió, nos tumbaron, sin embargo, nos podemos levantar”, dijo con pesadumbre Manuel Peñafiel, secretario de juzgado de distrito, y señaló que este será el inicio de una segunda lucha.
El magistrado Alfredo Cid García señaló que “esto no se acaba hasta que se acaba”. “Eso no se acaba hasta que se reponga nuestro orden constitucional ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Quizá unos días, quizá unas décadas”.
Advirtió que se mantendrá la lucha en defensa del orden constitucional, porque “si es algo negativo, si algo que atente contra la democracia y contra el Estado Mexicano, nunca será con nuestra anuencia, con nuestra pasividad, con nuestra indiferencia, eso nunca, eso no es algo que caracterice al personal del PJF”.
A diferencia de otros actos de protesta, en esta ocasión los juzgadores y trabajadores del Decimoctavo Circuito decidieron concluir el acto no con el Himno Nacional, sino con un “¡Viva México!”, y con la consigna: “¡El Poder Judicial está de pie, está de pie!”
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) acordó mantener el paro de actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación a partir de este 17 de septiembre, así como organizar diversas acciones de protesta.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudará actividades –tras la publicación del decreto de la reforma judicial- e, incluso, el Pleno tiene previsto sesionar este martes.
Costará millones implementar reforma en Morelos
El magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, sostuvo una postura institucional respecto de la implementación de la reforma federal en las entidades, sin embargo, advirtió que será muy costosa.
Por el momento, descartó protestas o movilizaciones en el ámbito local, sin embargo, reiteró que está atento al diálogo con el Congreso de Morelos respecto de las directrices que se seguirán para implementar la reforma federal y armonizar la legislación local, ya que el propio decreto promulgado este 15 de septiembre dicta plazos muy cortos para los relevos de una primera parte de juzgadores en el 2024 y, una segunda parte, en el 2025.
Dejó en claro que el Poder Judicial de Morelos en este momento no tiene recursos para prever el retiro forzoso de juzgadores y magistrados locales, y los diputados locales tendrán que analizar esta circunstancia.
“Económicamente no tendríamos cómo solventar una situación de esta naturaleza, no tendríamos los recursos suficientes ni para las liquidaciones ni para las pensiones de todos lo que pretenden irse con un haber de retiro, pero bueno, tendríamos que estar en comunicación con el Poder Ejecutivo y Legislativo; si ellos dotan del presupuesto y dotan de los recursos, creo que sí pudiéramos salir adelante”, explicó.
Estimó que el costo del retiro de 60 juzgadores de primera instancia y 22 magistrados del TJS sería, mínimo, de mil 700 millones de pesos. Adicionalmente, el Congreso tendría que prever más recursos para infraestructura judicial y la implementación de otros proyectos en materia de administración de justicia.
Agregó que el Poder Judicial local, en el aterrizaje de la reforma en Morelos, tiene toda la disposición de coadyuvar y generar una ruta crítica que facilite tanto el relevo de juzgadores, como el resto de los puntos de la dicha reforma, con el propósito de mejorar la impartición de justicia.