Dos excolaboradores de la Secretaría de Obras Públicas fueron vinculados a proceso por presuntamente haber adjudicado ilegalmente y omitido supervisar la obra de rehabilitación y ampliación del Teatro Ocampo, en el 2018.

Nuevamente dos exfuncionarios graquistas de la Secretaría de Obras Públicas fueron vinculados a proceso por presuntamente haber adjudicado ilegalmente y omitido supervisar la obra de rehabilitación y ampliación del Teatro Ocampo, en el 2018.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, José Gonzalo “N”, y la exdirectora General de Obras Públicas, Lucero “N”, fueron imputados y sujetos a proceso por un juez por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, porque habrían avalado indebidamente la adjudicación directa de la obra del Teatro Ocampo a la empresa Olve Construcciones S.A. de C.V., por un monto de 50 millones de pesos.

Según los datos prueba presentados ante el juez, los exfuncionarios tuvieron conocimiento de que la adjudicación directa afectaba gravemente el erario estatal y, pese a ello, no expidieron las bases de licitación para la obra, ni evaluaron cualitativa y cuantitativamente la propuesta de Olve Construcciones, y tampoco evitaron la indebida contratación, ya que por ley las adjudicaciones directas no debían exceder los 2.5 millones de pesos.

Un tercer exfuncionario, identificado como Diego Alberto “N”, y quien fue el supervisor de la obra, fue imputado y también vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, porque incumplió con su obligación de verificar la ejecución y cumplimiento de la obra en los términos pactados en el contrato.

La fiscalía anticorrupción argumentó que el contrato contemplaba rehabilitar el teatro y realizar una ampliación a siete niveles, sin embargo, esto no ocurrió, y la empresa constructora sólo hizo algunas adecuaciones al Edificio Ocampo, un inmueble contiguo.

El juez impuso a los imputados la obligación de firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y dio tres meses para el cierre de la investigación.