Organizaciones temen la designación de un titular sin perfil y con fines políticos.

Colectivos de víctimas pidieron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia pues rechazaron la terna para la designación del próximo titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos. Sostienen que ninguna de esas personas cumple el perfil y consideran que -de fondo- se busca cubrir una cuota política.

Amalia Hernández, una de las voceras, informó que enviarán un documento a la mandataria para informarle de las irregularidades que han observado en este proceso y pedirle que se haga una revisión a fondo, que se tome en cuenta a todos los grupos de víctimas y no haya discriminación o segregación de algunos de esos grupos.

En conferencia de prensa, dijeron que la convocatoria fue emitida justo cuando las buscadoras estaban concentradas en los trabajos de la fosa de Jojutla, además de que consideran que ha habido varios indicios de que se pretende nuevamente imponer al próximo comisionado.

Demandaron ser tomadas en cuenta y que el procedimiento sea público con la participación de todos los colectivos.

Amalia Hernández señaló que ninguna de las tres personas que fueron incluidas en dicha terna cuenta con la confianza. Refirió, por ejemplo, que una de ellas, Elizabeth Lázaro Torres, trabajó en la entonces subprocuraduría de la zona sur poniente, justo en la época en la que se inhumaron de forma clandestina en una fosa los restos en el panteón “Pedro Amaro”, de Jojutla. Consideró que ella habría tenido conocimiento, y si fue así, no dijo nada en su momento; permitió que se cometiera ese acto “inhumano e ilegal”.

Además, mencionó que sospechan que se busca imponer a quienes militan en el partido Morena, pues en la última etapa se incluyó a personas que no tienen el perfil, no son antropólogos, no conocen el estado, no cuentan con experiencia suficiente en este campo, ni tienen relación con todos los grupos de víctimas.

Aseguró que tampoco fueron convocadas todas las buscadoras a las entrevistas que se realizarían este mismo jueves, como parte del proceso de la designación.

Amalia Hernández denunció que -por otro lado- recibió llamadas de algún funcionario que ya trabaja en dicha comisión, con el argumento de que ya estaba prácticamente amarrada su designación y solicitaba el apoyo de algunas de las integrantes de los colectivos. “El argumento era: tú me ayudas y yo te doy trabajo… lo que vemos es que mandaron a las exhumaciones a un abogado, a un reportero y a un contador, cuando lo que se necesita es alguien con conocimiento en antropología”.

En entrevista, por separado, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, sostuvo que en este proceso se ha tomado en cuenta a los colectivos de víctimas y se ha considerado la voz de la mayoría. Consideró que de manera natural habrá voces que están en desacuerdo, “como siempre”.

Aseguró que se ha desarrollado un proceso mediante convocatoria abierta y la decisión de la gobernadora y la propia es que las decisiones se tomen por consenso, pero “lo que impera es la voz de la mayoría, y eso es lo que vamos a tomar en cuenta… la propia gobernadora se ha reunido con varios colectivos de víctimas… en estas entrevistas a las tres personas propuestas se revisarán todas las interrogantes que hay en el ánimo de tomar la mejor decisión”.

A decir del secretario, el proceso de entrevistas a los aspirantes es abierto y transparente y podría participar cualquiera que lo desee, y rechazó tajante que en esa función se vaya a imponer a alguna persona por motivos de tipo político o partidista.