Será utilizado únicamente para la reclusión de personas privadas de su libertad que estén a punto de concluir sus condenas; el espacio será reacondicionado para albergar entre 200 y 300 internos.

El Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”, ubicado en el bulevar Cuauhnáhuac, en Cuernavaca, no cuenta con las condiciones de un centro de reinserción de alta ni media seguridad y requiere de adecuaciones para cualquier interno, lo que ha retrasado el traslado y despresurización de otros centros de reclusión.

La actual administración de la gobernadora Margarita González Saravia tendrá que hacer una inversión adicional para hacer adecuaciones, pues en las primeras inspecciones se identificó que no cumple con requerimientos que marca la norma en la materia, pero tampoco con algunas necesidades básicas, como agua suficiente, baños en torres de vigilancia, aire acondicionado, áreas de visita conyugal, estacionamiento, entre otras. Además, no podría ser un penal de alta peligrosidad por el riesgo que representaría para la zona, que está densamente poblada.

Así lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien expuso que será hasta que se liberen recursos del ejercicio fiscal del 2025 cuando comiencen a realizar las acciones correspondientes. Por lo tanto, aceptó que no hay una fecha prevista para que dicho centro comience a operar.

Dicha prisión fue –incluso- inaugurada por la anterior administración como un centro para internos de alta peligrosidad, con capacidad hasta para 300 personas, en lo que eran instalaciones de la Fiscalía General de la República, construido como área de arraigo y que fue “convertido”.

El Cereso “10” será reclasificado de media-alta a baja seguridad y utilizado únicamente para la reclusión de las personas privadas de su libertad que estén a punto de concluir sus condenas.
Miguel Ángel Urrutia Lozano señaló que las instalaciones del ex Centro Nacional de Arraigo –que fueron transferidas por el gobierno federal al gobierno estatal en octubre de 2020-, carecen de medidas de seguridad suficientes como para albergar a parte de la población penitenciaria de las cárceles locales.
Explicó que recientemente realizó un recorrido por este edificio, ubicado en el bulevar Cuauhnáhuac, justo a un costado de la delegación de la FGR, en Cuernavaca, y constató que no existen condiciones para internar a personas de alta peligrosidad.

Confió en que las circunstancias presupuestales de la dependencia para el 2025 permitirán realizar adecuaciones e invertir en medidas de seguridad básicas para que el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10” pueda ser acondicionado para albergar entre 200 y 300 personas privadas de su libertad que cometieron delitos no graves y que estén por cumplir sus condenas.  
Además, precisó que este centro tendrá que ser reclasificado a baja seguridad y que, aun habilitado, no contaría con las condiciones para recibir visitas familiares, ya que su acceso se encuentra al ras de importantes vías de comunicación.

En agosto pasado, la extinta Comisión Estatal de Seguridad (CES) emitió el acuerdo por el que el extinto Centro Nacional de Arraigo se convirtió en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”, con una clasificación de seguridad media-alta y para albergar únicamente a personas que se encuentren a disposición jurídica de una autoridad jurisdiccional que cuenten con una pena de prisión y aquellas personas que requieran medidas especiales de seguridad.

La intención original era reubicar ahí a todos los internos sentenciados por delitos graves o los que, por estar implicados en delitos de alto impacto, requieran ciertas medidas para preservar integridad.
Sin embargo, el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que este nuevo centro de reinserción no sólo carece de medidas de seguridad, sino que requiere de inversión para que pueda funcionar como centro de reclusión de baja seguridad.

El funcionario abundó que en el penal de Atlacholoaya se dejó de invertir en rubros fundamentales como sistema de videovigilancia y bases de datos de huellas digitales y folios actualizadas, lo que se está realizando desde el inicio de este gobierno, como parte del programa de dignificación de los centros de reinserción.

Urrutia Lozano fue entrevistado en el contexto del acto oficial presidido por la gobernadora Margarita González Saravia, de preliberación de 21 presos, 20 hombres y una mujer, quienes podrán pasar el año nuevo en familia y tendrán la oportunidad de recuperar su libertad y rehacer o recuperar su vida.  

Por otro lado, el funcionario informó que hay siete municipios que no cuentan con policías, por lo que el estado mantendrá el control y asumirá el mando. Evitó dar detalles de cuáles ayuntamientos son, pero sostuvo que se brindará la seguridad a la población porque no cuentan con plazas de policías municipales y en el corto plazo las siguientes administraciones deberán atender este rubro.

Indicó que de 11 alcaldes que se reeligieron, diez enviaron terna, pero pidieron la ratificación de sus titulares de seguridad.

Además, dio a conocer que se mantienen los operativos de seguridad conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la SSPC, para las ceremonias de toma de posesión de nuevos alcaldes de todo el estado.