Buscan incidir en temas prioritarios como la reforma judicial en Morelos, así como promover un juicio político contra magistrados del TSJ.

Litigantes de diversas organizaciones se sumaron a la “Unión de Juristas”, cuyo objetivo es que el gremio incida en temas que son de relevancia social, y los abogados sean incluidos en el debate y la construcción de la agenda pública en temas como la implementación de la reforma judicial en Morelos y la oralidad en las materias civil y familiar, así como exigir la rendición de cuentas tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cuyos magistrados podrían iniciarles un juicio político.

En rueda de prensa, el grupo de litigantes y académicos presentó una agenda de cinco temas que son de vital atención no sólo por ser coyunturales, sino porque hay plazos de por medio.
La presidenta de la asociación civil de Jueces Jubilados del Estado de Morelos, María Leticia Agüero, advirtió sobre la urgente necesidad de establecer mesas de trabajo para la implementación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que contempla la oralidad en los juicios en estas materias.

Señaló que si bien este nuevo código prevé como plazo el mes abril de 2027 para que las entidades implementen la oralidad familiar y civil, lo cierto es que se requiere un trabajo previo para que todos los operadores del sistema de justicia estén preparados y certificados, y no se repitan la premura y los yerros con los que se implementó la justicia oral penal.
“Si queremos una impartición de justicia pronta y expedita, necesitamos que ya el Congreso, conjuntamente con el Poder Judicial y los abogados, nos sentemos a analizar la forma en que se va a trabajar en esta materia, que es muy sensible”, dijo la juzgadora en retiro, al señalar como imprescindible que este nuevo código se implemente de la mejor forma posible, porque estarán en juego temas tan delicados como el interés superior de los niños y adolescentes.

En su intervención, Enrique Paredes Sotelo planteó también la urgencia de establecer mesas de trabajo para la gobernabilidad del estado y para la implementación de la reforma judicial en Morelos, pues mientras entidades vecinas ya tienen avances en el proceso para la renovación de sus Poderes Judiciales locales -como en el caso de la Ciudad México, que ya lanzó su convocatoria para el proceso de selección de candidaturas a los cargos de elección popular del Poder Judicial capitalino-, “en Morelos parece que se pretende prolongar el tema hasta el 2027”, fecha límite para la elección de juzgadores locales.

Resaltó que según la reforma judicial federal, los Congresos locales tienen hasta el 15 de marzo para realizar la armonización de sus normas locales, pero a 45 días de que fenezca ese plazo, los legisladores no han avanzado en este tema.

“Es mucho trabajo el que se tiene que llevar a cabo, nosotros hemos estado buscando a través de diferentes conductos informales una reunión con el Congreso del Estado para efecto de que los abogados aquí presentes y no presentes, podamos participar en las mesas de trabajo, porque queda nada más lo que es febrero, quedan 45 días para llevar a cabo esa implementación y yo creo que los morelenses no nos merecemos un copia y pega de la reforma constitucional”, subrayó.

Insistió en que urgen estas mesas de trabajo y pidió “dejar las ocurrencias del Congreso del Estado” a un lado, y legislar con responsabilidad y acorde a las necesidades sociales.
“La exigencia al Congreso del Estado es que nos permita acudir a llevar a cabo estas mesas de análisis y, si no nos hacen caso, desafortunadamente vamos a tener que llevar a cabo recursos legales como el amparo por omisión para que nos hagan caso”, dijo.

Esta postura fue secundada por el rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas y especialista en derecho penal, Cipriano Sotelo Salgado, quien llamó a la participación de todas las organizaciones en este tema del aterrizaje de la reforma judicial y que, a su vez, también se conviertan en un filtro para la selección de los aspirantes a una plaza de juzgador.

“Es importante que entendamos como abogados que lo que ya está escrito en la Constitución nacional no podemos contradecirlo, tenemos que adecuar la Constitución de Morelos, pero también queremos que las agrupaciones de abogados participen, porque no podemos correr los riesgos de que cualquier egresado de la universidad que tenga un promedio de 8 sea magistrado el día de mañana.

“Entonces, ¿quién conoce a los abogados?, las agrupaciones. Que tengamos un filtro interno, que quede legislado para que ese prefiltro, sin contradecir la Constitución nacional, nos permita hacer propuestas de gente proba y capaz y no llegue cualquiera al cargo, porque la justicia no es un juego”, dijo, al señalar que esta unión de juristas también pretende ser un frente común contra la opacidad y que -con respeto a la organización y principios de cada agrupación- se pueda dar una lucha conjunta en temas que son de impacto social.

Paredes Sotelo también opinó en el tema de seguridad que se nota una descoordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, razón por lo que la prevención del delito no ha sido efectiva.

Por ello, también llamó a una reunión urgente entre el gremio de abogados y el fiscal Uriel Carmona Gándara, y resaltó que esto no se trata de generar tensión en torno a su permanencia o no en el cargo, sino en que haya resultados.

Otro de los temas de la agenda fue abordado por el presidente del Frente Consultivo de Abogados, Ricardo Popoca González, quien criticó severamente la gestión del magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, por considerar que existe caos en el funcionamiento del tribunal, aderezado con una pugna interna entre magistrados que se disputan el control del Poder Judicial.

Ante la lucha interna entre los magistrados, las fallas en la operatividad del tribunal y las afectaciones a los justiciables, consideró necesario que las organizaciones de abogados se unan para –incluso- solicitar juicio político en contra del magistrado presidente y también del resto de los magistrados que han contribuido al caos en la administración de justicia.

Llamó a las organizaciones de abogados para promover un juicio político contra Gamboa Olea como representante del Poder Judicial, y también el resto de los magistrados. “Yo creo que tiene que ser parejo, tenemos que ir por todos (…) pero desde luego tenemos que empezar por la cabeza”, dijo, e invitó a los propios magistrados a ponerse a trabajar en lugar de pelear o, de plano, abandonar su cargo.