Magistrados aludidos en presuntas “narcomantas” atribuyen el incidente a la disputa por la presidencia del Poder Judicial y expresan temor por riesgo de su integridad; fiscalía anticorrupción retira sellos de aseguramiento de la Secretaría General de Acuerdos y la Oficialía Mayor.
Sigue la tensión en el interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Mientras un par de magistradas confrontaron a la Secretaria General de Acuerdos, Juana Morales Vázquez, e intentaron presionarla para firmar documentos, los magistrados aludidos en presuntas “narcomantas” señalaron que si algo les pasa, que la Fiscalía General del Estado (FGE) tenga como principal línea de investigación el conflicto por la disputa de la presidencia de este tribunal.
Ayer, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) retiró, a petición del magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, los sellos de aseguramiento de la Secretaría General de Acuerdos y la Oficialía Mayor para continuar con su operatividad, dejando en depósito ministerial a la Secretaria General, Juana Morales Vázquez, quien será responsable de resguardar todos los bienes materiales de estas áreas en tanto se desarrolla la investigación en curso, derivada de la denuncia iniciada por Gamboa Olea el pasado 19 de marzo por el supuesto delito de coalición de servidores públicos, con el fin de intentar destituirlo y usurpar funciones.
De acuerdo con testimonios y varios videos tomados por litigantes y personal, tras el retiro de los sellos, un grupo de magistrados llegó hasta la oficina de la Oficialía Mayor, donde se encontraba la funcionaria judicial, y ahí, la magistrada María Luisa Sánchez Osorio y, en particular, la magistrada Bertha Rendón Montealegre, la confrontaron e intentaron presionar para firmar unos documentos sin que ella siquiera conociera del contenido.
Tras el incidente, la funcionaria judicial se retiró del lugar y, en el video, se escucha a la magistrada Rendón Montealegre dar instrucciones al personal que, absorto y en encrucijada, atinó a decir solo: “sí, magistrada”, para evitar un conflicto, presión o reprimenda, como antes había ocurrido con su superior.
Por otra parte, ayer mismo, los magistrados -identificados como el grupo de los Urielistas- dieron una rueda de prensa para refutar la colocación enfrente del TSJ y el Congreso local de dos presuntas “narcomantas”, acusando a tres de ellos de supuestamente liberar a dos generadores de violencia.
Respaldado por los magistrados de su grupo, y en representación de los magistrados Rolfi González Rodríguez y Cecilia López González, que junto con él fueron mencionados en estos mensajes, el magistrado Manuel Díaz Carvajal leyó un breve comunicado en el que expuso la postura sobre el asunto.
Coincidió con la declaración pública del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quién dudó que esta “narcolona” haya sido colocada por un grupo delictivo, y no descartó motivaciones políticas.
Expuso que estos mensajes, exhibidos la mañana del miércoles, no deben considerarse como un hecho aislado, en virtud de que desde hace más de un año subsiste el conflicto interno en el TSJ, y el pasado 6 de enero el domicilio de la magistrada Cecilia López González fue atacado con arma de fuego y los agresores dejaron un mensaje de amenaza.
Por ello, dijo, “estimamos que la multicitada colocación de esas mantas puede obedecer a dos motivaciones: la primera, en el menor de los casos, es para denostarnos, para difamarnos, para injuriarnos, para atentar en contra de nuestra honorabilidad y buena fama pública.
“La segunda, estimamos, es más delicada y grave, sería el desviar la atención en la hipótesis en que algo llegara a ocurrirnos a los tres mencionados magistrados o a cualquiera de los aquí presentes o a nuestras familias.
“Es por ello que hoy, con toda la responsabilidad, expresamos que si nuestra vida o nuestra integridad física o la de nuestras familias llega a sufrir alguna afectación, solicitamos que la primera y principal línea de investigación respecto a la responsabilidad de tales hechos, se centre precisamente en el conflicto que se vive hacia el interior de este tribunal, ante los antecedentes que han quedado expuestos”, expuso.
Al concluir la lectura del comunicado, el magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez, quien se dice también magistrado presidente del TSJ, dijo que no habría preguntas y respuestas de los medios de comunicación y sólo se limitó a confirmar que los magistrados aludidos en los supuestos “narcomensajes” ya iniciaron su denuncia ante la FGE.
