Eduardo Peimbert Ortiz aseguró que no se trata de imponer "la ley del garrote", pero que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad de garantizar derechos como el libre tránsito.

De igual modo, comentó que la propuesta es similar a la norma ya existente en la Ciudad de México, y llamó a los legisladores a asumir costos políticos y su obligación de defender todos los derechos para todos.

Finalmente, mencionó que una de las obligaciones será que antes de marchar los inconformes deberán demostrar que primero hicieron valer su derecho de audiencia, por escrito, ante la autoridad correspondiente.

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